La Fiscal¨ªa de Franco: ¡°No me importa si sois inocentes¡±

¡°No me importa si sois inocentes¡±, advirti¨® el fiscal en un juicio sumar¨ªsimo contra 20 reos, entre ellos Juan Caba Guijarro, miembro de la CNT, en 1939. ¡°Mi actitud ¡ªprosigui¨®¡ª es cruel y despiadada y parece que sea yo el encargado de alimentar los piquetes de ejecuci¨®n para que no paren su labor de limpieza social. Pero no, aqu¨ª participamos todos los que hemos ganado la guerra y deseamos eliminar toda oposici¨®n para imponer nuestro orden¡±.

El estado de guerra, declarado el 28 de julio de 1936, estuvo en vigor hasta marzo de 1948. El decreto facult¨® a los sublevados a castigar por rebeli¨®n militar a quien ¡°por acci¨®n u omisi¨®n¡± perjudicase al ¡°Movimiento redentor¡±. Solo hasta finales de 1938, la Auditor¨ªa de Guerra juzg¨® a 30.224 personas de las que 3.189 fueron condenadas a muerte, como recoge Paul Preston en El holocausto espa?ol. Y solo en Granada, entre 1939 y 1959, 1.001 juicios sumar¨ªsimos terminaron en fusilamiento. Los militares eleg¨ªan al juez, al fiscal y al abogado de los acusados, que no hablaba con sus clientes y sol¨ªa ser un oficial sin formaci¨®n legal. Juicios a 29 personas con 15 condenas a muerte se despachaban en 90 minutos: tres por acusado.

El anteproyecto de ley de memoria democr¨¢tica, ahora sometido a consulta del Consejo de Estado, establece que las sentencias de consejos de guerra, as¨ª como las condenas y sanciones ¡°dictadas por motivos pol¨ªticos, ideol¨®gicos o de creencia¡± durante la dictadura ser¨¢n anuladas. Era una vieja reclamaci¨®n de los represaliados del franquismo que el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero dej¨® fuera de la ley de memoria hist¨®rica (2007) por temor al pago de indemnizaciones, seg¨²n fuentes del Ejecutivo de entonces ¡ªla nueva norma las descarta expresamente¡ª.

El magistrado em¨¦rito del Tribunal Supremo Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn opina que, tal y como est¨¢ redactado el anteproyecto, no podr¨ªan anularse sentencias como la que conden¨® a muerte a Salvador Puig Antich o la que provoc¨® los ¨²ltimos fusilamientos del franquismo, en septiembre de 1975, y cree que deber¨ªa modificarse el texto porque ¡°todos aquellos juicios eran farsas en las que se acusaba de delitos de sangre sin capacidad de defensa¡±. Fuentes del Gobierno afirman que la sentencia de Puig Antich, por ejemplo, tendr¨ªa que analizarse.

Estos son algunos ejemplos de sentencias impuestas durante el franquismo y la lucha de los afectados por anularlas.

Miguel Hern¨¢ndez, el poeta que ¡°muri¨® de franquismo¡±

En 2010, la familia del poeta acudi¨® al Supremo para solicitar la revisi¨®n de la sentencia que le conden¨® a muerte en 1940 ¡ª pena posteriormente conmutada a 30 a?os de c¨¢rcel¡ª por ¡°adhesi¨®n a la rebeli¨®n¡±. Quer¨ªan que una instituci¨®n democr¨¢tica estableciese que Miguel Hern¨¢ndez, fallecido en la c¨¢rcel en 1942 ¡ª ¡°muri¨® de franquismo¡±, sol¨ªa decir el tambi¨¦n poeta Marcos Ana¡ª era ¡°inocente¡±. El Supremo tumb¨® esa y todas las peticiones similares que se presentaron. Ahora, su caso es uno de los que el Gobierno considera ¡°claramente nulo¡±.

¡°Estamos muy contentos. He le¨ªdo tantas veces esa sentencia¡­¡±, explica Luc¨ªa Izquierdo, nuera del poeta e impulsora junto a la Comisi¨®n C¨ªvica de Alicante para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica del recurso ante los tribunales. ¡°Para nosotros era muy importante que todas esas falsedades quedaran anuladas. No fue un traidor a su patria, como dec¨ªan, sino todo lo contrario. Ni su mujer, Josefina, ni su hijo ¡ªal que el poeta dedic¨® las nanas de la cebolla¡ª lo van a poder ver, pero m¨¢s vale tarde que nunca¡±.

Ernesto Sempere, condenado por ¡°valerse del dibujo para combatir a los nacionales¡±

En 1940, Ernesto Sempere, de 18 a?os, fue condenado a dos d¨¦cadas de c¨¢rcel por adhesi¨®n a la rebeli¨®n en un juicio en el que otros 15 hombres recibieron la pena de muerte. Entre las pruebas aportadas por el fiscal figuran unos dibujos que hab¨ªa hecho tres a?os antes en el instituto y que seg¨²n ¨¦l ¡°exaltaban la causa roja¡±. Su padre, presidente en Ciudad Real del Partido Radical Socialista, transformado m¨¢s tarde en Partido de Uni¨®n Republicana, fue condenado y ejecutado cinco meses despu¨¦s. Antes escribi¨® una carta despidi¨¦ndose de su familia y perdonando a los que le mataban.

Muchos a?os despu¨¦s, otra generaci¨®n se interes¨® por aquellos procesos. ¡°En 2004 fui a ver los juicios sumar¨ªsimos de mi padre y de mi abuelo¡±, cuenta Manuel Sempere. ¡°Lo pas¨¦ fatal ley¨¦ndolos. El de mi padre me impact¨® menos porque entonces segu¨ªa vivo. El de mi abuelo era angustioso: terminaba con un m¨¦dico certificando tras la ejecuci¨®n que era ¡®cad¨¢ver¡¯. A mi padre solo le ense?¨¦ el suyo. No le cab¨ªa en la cabeza lo que le¨ªa: todo era mentira¡±.

Le condenaron por ¡°valerse de la conversaci¨®n, la propaganda escrita en peri¨®dicos locales, el dibujo y la radio para combatir a los nacionales¡±; por robar en una iglesia y por pedir el fusilamiento de dos compa?eros de instituto. Los denunciantes realizaron sus acusaciones en oficinas de Falange y no comparecieron en el juicio. En sus declaraciones se leen expresiones como ¡°he o¨ªdo decir¡± y ¡°solo de rumores conozco los hechos¡±. Sempere nunca hab¨ªa hablado por la radio. No estaba en el pueblo el d¨ªa que robaron en la iglesia. Era amigo ¨ªntimo de uno de los chicos que dec¨ªan que hab¨ªa pedido que fusilasen y no conoc¨ªa al otro. Su firma en la declaraci¨®n en el cuartel de la Guardia Civil no se corresponde con la que aparece en el carn¨¦ del Partido Comunista que, con su nombre, tambi¨¦n sirvi¨® como prueba para la acusaci¨®n. Era falso.

¡°Le habr¨ªa gustado mucho ver esas sentencias anuladas, sobre todo la de su padre¡±, explica Manuel Sempere. Al entregar a su padre su consejo sumar¨ªsimo, borr¨® los nombres de las personas que le hab¨ªan denunciado para ahorrarle el mal trago. Pero se le escap¨® uno. Ernesto Sempere marc¨® un d¨ªa el tel¨¦fono de aquella casa. ¡°Te llamo para perdonarte¡±, escuch¨® el hijo de la persona que le hab¨ªa acusado de pertenecer al Partido Comunista.

Puig Antich y las balas desaparecidas

El 8 de enero de 1974 un consejo de guerra conden¨® a muerte por garrote vil a Salvador Puig Antich. Agoniz¨® durante 20 minutos. Ten¨ªa 25 a?os.

Desde entonces y hasta hoy su familia batalla para que un tribunal democr¨¢tico revise y anule la sentencia que le atribuye la muerte por disparos del polic¨ªa Francisco Anguas. En 2007, el Supremo deneg¨® su petici¨®n por tres votos contra dos alegando que ¡°no exist¨ªan nuevos elementos probatorios¡±. En su voto particular, el magistrado ?ngel Juanes escribi¨®: ¡°Puig Antich no tuvo un proceso justo. El valor justicia hubiese exigido una respuesta distinta¡±. ¡°En mi opini¨®n, todas las irregularidades parecen tener una misma finalidad: atribuirle los disparos que causaron la muerte del subinspector Anguas e impedir que se descubriera que este recibi¨® disparos de otras armas¡±, afirm¨® el magistrado Jos¨¦ Luis Calvo.

La sede del Instituto Anat¨®mico Forense estaba en el mismo hospital al que Anguas lleg¨® cad¨¢ver, pero el jefe superior de polic¨ªa de Barcelona de entonces traslad¨® el cuerpo a una comisar¨ªa. Las balas que le extrajeron, desaparecieron. Las armas de los agentes que intervinieron en el ¡°nutrido tiroteo¡±, seg¨²n el atestado, en el portal de seis metros cuadrados donde muri¨® el polic¨ªa, nunca se pusieron a disposici¨®n del tribunal.

La familia recurri¨® a Estrasburgo sin ¨¦xito y est¨¢ personada en la causa argentina por los cr¨ªmenes del franquismo. La juez Mar¨ªa Servini de Cubr¨ªa, que acaba de interrogar a Rodolfo Mart¨ªn Villa, cit¨® como imputado a Utrera Molina por ¡°haber convalidado con su firma¡± la muerte de Puig Antich, pero el interrogatorio no se produjo. ¡°Esa sentencia asegura que mi hermano era un asesino, pero fue una v¨ªctima m¨¢s del franquismo¡±, afirma Mer?ona Puig Antich. ¡°Su condena fue un acto de venganza para dar ejemplo tras el asesinato de Carrero Blanco. Ojal¨¢ esta ley salga adelante y logremos anular esa sentencia, aunque lamentablemente mis padres ya no est¨¦n aqu¨ª para verlo¡±.

Homosexuales ¡°peligrosos¡±

¡°Declaro que es un homosexual que se encuentra en estado peligroso y le impongo el internamiento en un establecimiento de reeducaci¨®n por tiempo no inferior a cuatro meses y no superior a tres a?os¡±, reza un fallo judicial impuesto en Granada en 1974. El R¨¦gimen enviaba a homosexuales a la c¨¢rcel, primero a trav¨¦s de la ley de vagos y maleantes y a partir de 1970, mediante la ley de peligrosidad y rehabilitaci¨®n social, a centros de ¡°reeducaci¨®n¡±.

Francesc Oliver, Rampova, fue enviado a la c¨¢rcel ¡°por maric¨®n¡±, seg¨²n oy¨® decir a los polic¨ªas que le detuvieron en Valencia la primera vez. Era 1970. Ten¨ªa 14 a?os. Le metieron en el ¡°pabell¨®n de invertidos¡±. ¡°Los presos pagaban a los vigilantes para violarme. Luego nos pegaban palizas para demostrar que ellos no eran gays. Ven¨ªan cinco, seis veces al d¨ªa. A veces hasta ocho¡±. Nunca tuvo un juicio, pero le privaron de libertad hasta en tres ocasiones. El anteproyecto de ley de memoria democr¨¢tica declara ¡°nulas¡± las resoluciones dictadas durante la dictadura ¡°contra quienes intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constituci¨®n¡±. ¡°Estoy muy contento¡±, asegura. ¡°A los ojos de la ley, segu¨ªamos siendo culpables de algo. El Gobierno de Zapatero nos indemniz¨®, pero nos faltaba esta reparaci¨®n moral¡±. El importe de aquellas indemnizaciones era de 4.000 euros para quien hubiera estado de uno a seis meses preso; de 8.000 euros para los que pasaron hasta tres a?os en la c¨¢rcel; 12.000 para los que estuvieron privados de libertad tres a?os o m¨¢s y 2.400 euros m¨¢s por cada tres a?os completos adicionales.

El TOP: 11.958 a?os de c¨¢rcel

En el ¨²ltimo tercio de la dictadura, el r¨¦gimen cre¨® el Tribunal de Orden P¨²blico (TOP) ¡°para perseguir la oposici¨®n de obreros, estudiantes, curas contestatarios, nacionalistas, miembros de partidos y sindicatos ilegalizados y de organizaciones como ETA¡±, explica Juan Jos¨¦ del ?guila, magistrado de lo social ya jubilado que publica ahora una nueva edici¨®n de su exhaustiva tesis sobre el TOP con 86 sentencias que faltaban y otros nuevos hallazgos. Entre 1964 y 1976, dicho tribunal inco¨® 22.660 procedimientos. Fueron procesados 8.240 hombres y 906 mujeres. En total, 11.958 a?os de c¨¢rcel y multas por m¨¢s de 32,4 millones de pesetas. Muchas de esas sentencias, seg¨²n el anteproyecto de ley, quedar¨ªan tambi¨¦n anuladas.