El tribunal paraliza los embargos para analizar el aval p¨²blico catal¨¢n

El Tribunal de Cuentas paraliz¨® este jueves los embargos de bienes que hab¨ªa decidido a primera hora de la ma?ana para cubrir la fianza impuesta a los 30 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Catalu?a que no hab¨ªan entregado los avales necesarios.

Los abogados de esos ex altos cargos comunicaron al Tribunal de Cuentas que sus defendidos hab¨ªan decidido acogerse a los avales del Institut Catal¨¤ de Finances (ICF) para hacer frente al aseguramiento de los 5,4 millones de euros que se les reclaman por los gastos que la administraci¨®n catalana desvi¨® presuntamente a la promoci¨®n exterior del proc¨¦s independentista. Y que la documentaci¨®n original de esos avales llegar¨ªa este viernes al ¨®rgano fiscalizador.

El Tribunal de Cuentas accedi¨® in extremis a las reiteradas peticiones de las defensas, a pesar de que el d¨ªa anterior hab¨ªa denegado un aplazamiento para formalizar las fianzas.

A las ocho de la ma?ana de este mi¨¦rcoles segu¨ªan sin llegar los avales, por lo que el tribunal comenz¨® a preparar las diligencias de embargo, una vez recibida la correspondiente orden al haber vencido en la medianoche del mi¨¦rcoles al jueves el plazo para constituir la cantidad reclamada. La publicaci¨®n de la noticia sobre el inicio de estos tr¨¢mites activ¨® las gestiones de los letrados de los investigados, que reiteraron sus llamadas para asegurar que los documentos correspondientes se enviar¨ªan a media ma?ana por v¨ªa telem¨¢tica, y que este viernes llegar¨ªa el original a la sede del organismo fiscalizador por medio de una empresa de mensajer¨ªa contratada al efecto.

Fue en ese momento cuando se dio la orden de paralizar las diligencias de embargo, ante el reiterado compromiso de agilizar al m¨¢ximo el env¨ªo de los avales. Durante todo el mi¨¦rcoles, se mantuvo el di¨¢logo entre el tribunal y las defensas, que solo pudieron hacer llegar al ¨®rgano fiscalizador una copia del acuerdo del Institut Catal¨¤ de Finances de conceder los avales. Pero la certificaci¨®n de ese acuerdo no satisfizo a la delegada instructora, Esperanza Garc¨ªa, que exig¨ªa los avales propiamente dichos. La garant¨ªa, a su vez, no pudo formalizarse hasta este jueves, porque seg¨²n la Generalitat, surgieron problemas de tramitaci¨®n.

De ah¨ª que este jueves a primera hora, vencido el plazo legal para constituir las fianzas, se diera la orden de comenzar con los embargos, escenario que al ser desvelado tuvo la virtud de desatrancar r¨¢pidamente la situaci¨®n, seg¨²n indicaron a este peri¨®dico fuentes del tribunal. La remisi¨®n telem¨¢tica de una copia de los avales permiti¨® que el ¨®rgano fiscalizador concediera un plazo de 48 horas para la efectiva remisi¨®n de los documentos acreditativos de que el citado Instituto no solo hab¨ªa acordado conceder tal garant¨ªa, sino que la hab¨ªa prestado.

Lo importante ahora es lo que vaya a suceder con este mecanismo de aseguramiento de la suma que se exige a los investigados. Cuatro de ellos han preferido aportar su propio listado de bienes para que el tribunal pida a los correspondientes registros que tomen nota de que est¨¢n bajo embargo, como garant¨ªa del pago, si se dicta sentencia condenatoria en su momento. Para eso pueden faltar a?os. Quienes han optado por este camino son encausados a los que se les atribuyen gastos escasos o residuales en la acci¨®n exterior de la Generalitat para promover el proyecto de independencia de Catalu?a durante el proc¨¦s. Para ellos el riesgo de p¨¦rdida completa de bienes a causa de este expediente es muy remoto.

En cambio, los avales son de momento una tabla de salvaci¨®n para aquellos investigados a los que se les reclaman las mayores cantidades, El Tribunal de Cuentas exige, por ejemplo, 2.803.116 euros al expresidente de la Generalitat Artur Mas, o al exconsejero de Finanzas Andreu Mas-Colell, que ha recibido muestras de solidaridad de muy destacados economistas ante esta reclamaci¨®n de responsabilidad. Cifras tambi¨¦n elevadas corresponden al expresidente Carles Puigdemont (hoy pr¨®fugo) y al exvicepresidente Oriol Junqueras, a cada uno de los cuales se le exigen 1.981.454 euros.

Para todos ellos y otros, hasta 30 investigados, la admisi¨®n de los avales del Institut Catal¨¤ de Finances implica diferir por un largo per¨ªodo la hip¨®tesis de tener que abonar las mencionadas cantidades. El procedimiento de responsabilidad contable sobre la consulta ilegal del 9-N de 2014 se ha convertido ahora, despu¨¦s de siete a?os, en sentencia firme, al ser inadmitidos los recursos por el Supremo (que es quien revisa en casaci¨®n las sentencias del Tribunal de Cuentas si se impugnan). Y no es este el ¨²ltimo cap¨ªtulo de este asunto, porque el caso va a ser recurrido ante el Constitucional y posteriormente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). De modo que no pagar ahora, ni ver los bienes embargados para garantizar cantidades elevadas, significa ponerlos a buen recaudo por no pocos a?os.

Dudosa garant¨ªa

Ahora bien, la aportaci¨®n de los avales no implica que autom¨¢ticamente vayan a ser aceptados por el Tribunal de Cuentas como garant¨ªa absoluta, sobre todo despu¨¦s de que la Generalitat no obtuviera el respaldo de las principales entidades financieras para amparar la operaci¨®n. Lo que va a analizar ahora la delegada instructora es si este mecanismo ideado por la administraci¨®n catalana como v¨ªa alternativa, tras no lograr el apoyo de un banco, supone dedicar dinero p¨²blico para defender a los investigados.

A estos se les acusa de haber utilizado indebidamente fondos p¨²blicos para promover la independencia de Catalu?a en pa¨ªses extranjeros. Es decir, de utilizar los mencionados 5,4 millones para unos fines que eran ajenos a las competencias de una administraci¨®n auton¨®mica. La Generalitat ha insistido en que s¨ª tiene atribuciones en materia de acci¨®n exterior.

El criterio dominante en el Tribunal de Cuentas es que no estar¨ªa justificado admitir que la instituci¨®n perjudicada por un desv¨ªo de fondos acuda luego con dinero igualmente p¨²blico a garantizar la defensa de los investigados.

Si la delegada instructora no admite el empleo de este mecanismo, los investigados lo recurrir¨¢n. Y si lo permite, el recurso ser¨¢ de Societat Civil Catalana y de Abogados Catalanes por la Constituci¨®n, que ejercen en este caso la acci¨®n popular.