Seis int¨¦rpretes de la Constituci¨®n defienden reformar el Estado de las autonom¨ªas

La vigencia de la Constituci¨®n aprobada hace ahora 43 a?os y su valor esencial est¨¢n fuera de toda duda para seis exmiembros del tribunal de garant¨ªas espa?ol consultados por EL PA?S coincidiendo con el 43? aniversario de la ley fundamental. Pero de la misma forma que afirman su vigencia, coinciden en que convendr¨ªa introducir reformas, entre otras, sobre el Estado auton¨®mico que desarrolla el t¨ªtulo VIII y sobre la prevalencia del hombre frente a la mujer en el cap¨ªtulo dedicado a la sucesi¨®n de la Corona.

Tres presidentes del Tribunal Constitucional que ejercieron entre 2004 y 2017, dos vicepresidentes ¡ªuno de ellos entre 1986 y 1995 y la otra entre 2010 y 2017¡ª y un magistrado, que sali¨® hace dos semanas tras nueve a?os de mandato, reflexionan en este art¨ªculo sobre el futuro de la Ley Fundamental a la luz de todo lo que han vivido dentro de la instituci¨®n y de su experiencia como juristas de reconocido prestigio.

Mar¨ªa Emilia Casas es, entre los expresidentes, quien utiliza una afirmaci¨®n m¨¢s categ¨®rica sobre la Constituci¨®n Espa?ola. ¡°Es lo mejor que tenemos¡±, afirma. Y a?ade: ¡°Ha mostrado gran resistencia al paso del tiempo¡±; para matizar a continuaci¨®n que ¡°es reformable, y no es un dogma¡±.

El criterio general entre los seis exmagistrados consultados por este peri¨®dico expresa que el paso del tiempo ha permitido observar deficiencias en el texto constitucional, sobre todo en su t¨ªtulo VIII, el que se refiere a la organizaci¨®n territorial del Estado. Para el expresidente del tribunal Pascual Sala, este es el problema principal que afronta la Constituci¨®n.

Pero la grave dificultad que todos ellos se?alan para cualquier intento de reforma constitucional reside en el clima pol¨ªtico actual, un argumento parecido al que esgrimen los propios dirigentes de los partidos a la hora de justificar su inmovilismo ante posibles modificaciones en la Ley de Leyes, que requieren de mayor¨ªas muy cualificadas de dos tercios y, en determinados supuestos, la disoluci¨®n de las Cortes, la convocatoria de elecciones generales y la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum para ratificar el nuevo texto.

¡°Cualquier cambio constitucional de cierta enjundia¡±, dice Adela As¨²a, exvicepresidenta del tribunal, ¡°requiere un clima de consenso, una lealtad institucional y una altura de miras acorde con el significado de la Constituci¨®n como m¨ªnimo com¨²n denominador de la convivencia¡±. Francisco P¨¦rez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional entre 2013 y 2017, sostiene que ¡°el clima pol¨ªtico espa?ol no resulta en absoluto propicio para emprender una reforma constitucional¡±. P¨¦rez de los Cobos lanza adem¨¢s una advertencia al decir que ¡°ser¨ªa un inmenso error que esta Constituci¨®n de todos fuera sustituida por una Constituci¨®n partidaria a la que la mitad del pa¨ªs se sintiera ajena¡±.

El exmagistrado Andr¨¦s Ollero, por su parte, no ve signos de desgaste en el texto, sino ¡°fen¨®menos nada patol¨®gicos de crecimiento, derivados de la integraci¨®n en Europa¡±.

El exvicepresidente Luis L¨®pez Guerra afirma a su vez que lo que ha envejecido peor en la Constituci¨®n es ¡°lo referente al poder legislativo: el sistema electoral, que tiene un origen preconstitucional; el papel del Senado y los procedimientos de designaci¨®n de ¨®rganos del Estado por el Legislativo¡±, entre los que cita al Consejo General del Poder Judicial, que cumple ahora tres a?os con el mandato caducado.

La cuesti¨®n territorial y las secuelas del proc¨¦s. Ante la cuesti¨®n territorial se percibe un clima de cautela entre los consultados, aunque con una amplia gama de matices tras las experiencias del proc¨¦s independentista de Catalu?a, que acab¨® en octubre de 2019 con una condena del Tribunal Supremo a los principales dirigentes del Gobierno aut¨®nomo por sedici¨®n y malversaci¨®n.

Andr¨¦s Ollero considera que ¡°parece obvio¡± que ¡°habr¨ªa que reformar el t¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n, pero siempre que sea para aplicarlo con coherencia y sin arbitrismos coyunturales¡±. Y a?ade: ¡°De lo contrario, como andaluz, me parecer¨ªa una farsa¡±.

El expresidente P¨¦rez de los Cobos, aun con su advertencia de que no deber¨ªa sustituirse un texto ampliamente consensuado por otro con una impronta meramente partidista, s¨ª ser¨ªa partidario de abordar cambios en el t¨ªtulo VIII: ¡°Sin duda hay preceptos en que son directamente anacr¨®nicos. La realidad del Estado auton¨®mico ha superado las previsiones constitucionales y ser¨ªa necesario, por un lado, que la Constituci¨®n lo reflejara y, por otro, que una eventual reforma contribuyera a eliminar y/o minimizar las disfunciones que se han detectado¡±.

Pascual Sala subraya que ¡°est¨¢n pendientes de afrontar los problemas que la articulaci¨®n completa del Estado de las autonom¨ªas tiene planteados¡±, que no pueden ser resueltos ¡°a golpe de sentencias del Tribunal Constitucional¡±. Sala opina que Catalu?a ¡°necesita un reconocimiento de su singularidad en la Constituci¨®n, lo mismo que leg¨ªtimamente est¨¢n reconocidos los derechos hist¨®ricos de los territorios forales¡±. El tambi¨¦n expresidente del Supremo a?ade que ¡°todas las circunstancias que han llevado al proc¨¦s no son determinantes para consolidar este reconocimiento de singularidad¡±.

Sala aboga adem¨¢s por el reconocimiento de otras especificidades, como las de la Comunidad Valenciana, de la que cita el caso de su derecho civil y propugna dotarla de capacidad para legislar sobre esta materia. Al mismo tiempo defiende profundizar en el reconocimiento de la lengua propia, tanto en dicha comunidad como en Baleares.

Adela As¨²a se suma a los que opinan que el t¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n est¨¢ pendiente de ¡°actualizaci¨®n¡±, pero tambi¨¦n cree que ¡°deben concurrir las condiciones de serenidad y de voluntad pol¨ªtica de compromiso para establecer los espacios de acuerdo sobre los cambios¡±. Y a?ade que ¡°el proc¨¦s no ha facilitado que se asienten las condiciones de voluntad y confianza en la lealtad pol¨ªtica ¡ªlealtad federal, lealtad auton¨®mica¡ª que permitan la tarea de actualizar la Constituci¨®n¡±.

El exvicepresidente L¨®pez Guerra opina que ¡°el proc¨¦s ha servido para poner de manifiesto problemas de Catalu?a en comparaci¨®n con otras comunidades¡±, que ¡°requieren una soluci¨®n espec¨ªfica, como muestra la Disposici¨®n Adicional Primera de la Constituci¨®n¡±. Por tanto, ¡°la v¨ªa a seguir¡±, seg¨²n L¨®pez Guerra, ¡°podr¨ªa ser, bien una reforma constitucional, bien una reinterpretaci¨®n de los preceptos constitucionales, utilizando leyes de transferencia o delegaci¨®n¡±.

Mar¨ªa Emilia Casas no es la excepci¨®n y considera que el t¨ªtulo VIII debe ser ¡°reformado¡±, a pesar de que ¡°no ha quedado tocado por los efectos del proc¨¦s¡±. Y subraya que la Constituci¨®n ¡°prev¨¦ su propia reforma con la mayor¨ªa necesaria para permitir una mayor descentralizaci¨®n e integraci¨®n¡±.

La inviolabilidad del Rey. Sobre la inviolabilidad del Rey que establece la Ley Fundamental y que impide juzgar a Juan Carlos I por hechos ocurridos durante su reinado, As¨²a afirma que ¡°la Constituci¨®n excluye de forma expl¨ªcita la responsabilidad penal de las conductas eventualmente delictivas conectadas con el ejercicio de la jefatura del Estado¡±. Por ello, ¡°ser¨ªa incongruente con el conjunto de las normas constitucionales admitir lagunas individuales de impunidad de conductas delictivas fuera de ese ¨¢mbito de desarrollo de esa funci¨®n¡±.

P¨¦rez de los Cobos cree que la Constituci¨®n ¡°no distingue entre ambas esferas¡±, de ejercicio del cargo y privadas, aunque ¡°quiz¨¢s hubiera sido bueno que lo hiciera¡±. Ollero sostiene que ¡°el segundo aspecto merecer¨ªa alg¨²n retoque, ya que parece contemplarse solo la dimensi¨®n p¨²blica¡±.

M¨¢s rotundo es L¨®pez Guerra, para quien ¡°la inviolabilidad debe entenderse como consecuencia de la irresponsabilidad de los actos pol¨ªticos del Rey, y no ir m¨¢s all¨¢¡±. Casas explica haber ¡°cre¨ªdo¡± que la inviolabilidad del Rey estaba bien regulada en la Constituci¨®n, ¡°pero actualmente est¨¢ en discusi¨®n¡±, mientras Sala no considera ¡°apropiada, y menos a¨²n estando abiertas investigaciones de la Fiscal¨ªa, ninguna manifestaci¨®n al respecto¡±.

Pandemia, alarma y excepci¨®n. Frente a los dilemas que ha ocasionado la pandemia, entre preservaci¨®n de la salud p¨²blica y ejercicio de derechos individuales, las opiniones son muy variadas entre los consultados. En general, el criterio es que lo que debe retocarse sobre los estados excepcionales no es la Constituci¨®n, sino la legislaci¨®n que los desarrolla.

As¨ª lo expresa As¨²a, porque ¡°no es la Constituci¨®n la que impone las limitaciones que son objeto de discusi¨®n pol¨ªtica actual¡±. Casas opina que la ley sobre los estados de alarma, excepci¨®n y sitio ¡°no pudo prever una pandemia como la que se ha vivido¡±, pero a?ade que hay que aplicar ¡°el principio de proporcionalidad¡±. Al destacar la importancia de este principio, Sala indica que ¡°cualquier desajuste al respecto puede ser corregido por los tribunales¡±.

Ollero afirma que la pandemia ¡°ha superado mucho las vicisitudes contempladas por la legislaci¨®n en vigor¡± y subraya que ¡°ha provocado jurisprudencia constitucional tan innovadora como discutida¡±. Como magistrado del Constitucional, Ollero se manifest¨® en contra de la sentencia que finalmente result¨® aprobada y que consider¨® inconstitucional el confinamiento domiciliario previsto en el decreto del estado de alarma.

L¨®pez Guerra cree que ¡°deber¨ªan regularse estrictamente los supuestos en que procede el estado de excepci¨®n¡±, porque ¡°al extenderse a situaciones como la emergencia sanitaria, como ha hecho el Constitucional, se corre el riesgo de banalizar el estado de excepci¨®n y extender indebidamente su aplicaci¨®n¡±.

P¨¦rez de los Cobos cree que ¡°lo que hay que hacer es cumplir la Constituci¨®n, la ley org¨¢nica que la desarrolla en este punto y las sentencias del Constitucional¡±.

Los aforamientos. En materia de aforamiento de los pol¨ªticos tambi¨¦n hay diferencias. Pese a las promesas de los distintos Ejecutivos, tanto del PP como del PSOE, a¨²n no se ha acometido la reforma constitucional precisa para eliminar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno.

As¨²a afirma que ¡°debe reducirse o matizarse respecto a qu¨¦ clase de delitos¡± se podr¨ªa suprimir ese privilegio. P¨¦rez de los Cobos considera que ¡°seguramente debiera procederse a limitarlos¡± y Casas es de la misma opini¨®n, al contemplar como ¡°conveniente¡± ese ajuste. Sala, en cambio, no lo contempla como una ¡°necesidad¡±, mientras que Ollero alega que prefiere no inmiscuirse en ¡°esa feria¡±. L¨®pez Guerra, finalmente, cree que los aforamientos de diputados y miembros del Gobierno ¡°pueden servir para proteger tanto a los afectados como a los mismos tribunales¡±, pero que ¡°en otros niveles, parecen innecesarios¡±.

Derechos fundamentales. Las diferencias de diagn¨®stico entre los consultados se acent¨²an cuando se aborda la cuesti¨®n de la garant¨ªa de los derechos fundamentales en la Constituci¨®n y se analiza su aplicaci¨®n concreta. Por ejemplo, en relaci¨®n con la libertad de expresi¨®n. P¨¦rez de los Cobos sostiene que ¡°en este punto la Constituci¨®n no necesita ser reformada¡±. Y a?ade que ¡°quiz¨¢s en su interpretaci¨®n se haya ido a veces demasiado lejos, y por v¨ªa interpretativa ser¨ªa conveniente alg¨²n reajuste, pero su literalidad es impecable¡±.

Ollero percibe la existencia de ¡°una doctrina constitucional muy consolidada, que viene permitiendo dar una respuesta oportuna a casos muy variados¡±. El magistrado a?ade que ¡°esa tarea interpretativa ir¨¢ sin duda reflejando la evoluci¨®n de la vida social¡±. Sobre la nueva realidad que supone la proliferaci¨®n de bulos en las redes sociales y la posibilidad de establecer controles, Ollero apunta: ¡°No soy muy partidario de la censura paternalista y preferir¨ªa que a los ciudadanos se les ense?e a saber leer desde jovencitos; de lo contrario ser¨¢n c¨ªvicamente analfabetos¡±.

L¨®pez Guerra afirma, por su parte: ¡°Ni el tratamiento legislativo ni la jurisprudencia relativa a la libertad de expresi¨®n reflejan hoy el car¨¢cter esencial de este derecho en un sistema democr¨¢tico, derecho que incluye expresiones que molesten o inquieten¡±. El exvicepresidente del Constitucional a?ade que ¡°cualquier aumento de las limitaciones a la libertad de expresi¨®n es peligroso¡±, por lo que ¡°desde luego, no debe realizarse a nivel constitucional¡±.

Adela As¨²a advierte de que ¡°la jurisprudencia presenta ciertos vaivenes y retrocesos en la ponderaci¨®n de la proporcionalidad de los l¨ªmites ante conflictos de derechos¡±. La consecuencia es que ¡°parece que el amparo de estos derechos recibe una tutela m¨¢s garantista en el Tribunal de Estrasburgo¡±. Hay coincidencia en que en este cap¨ªtulo la novedad es el reto digital.

Casas subraya que ¡°los derechos no son ilimitados¡± y que ¡°los de privacidad est¨¢n expuestos a nuevos riesgos en una situaci¨®n transformada no s¨®lo por internet, sino por otras tecnolog¨ªas¡±, porque ¡°hay un campo de juego muy diferente al entendimiento de estos derechos¡± que en la ¨¦poca en que se aprob¨® la Constituci¨®n.

Para Pascual Sala, los derechos fundamentales de libertad de expresi¨®n e informaci¨®n ¡°s¨ª deber¨ªan ser ampliados en su configuraci¨®n constitucional, con la menci¨®n expresa de que las noticias falsas o fake news los contravienen frontalmente¡±. Para As¨²a, conseguir ese equilibrio es ¡°el reto¡±, ante ¡°el nuevo marco de las redes sociales¡±, porque la Constituci¨®n ¡°no pudo prever la incidencia de la sociedad tecnol¨®gica en los derechos fundamentales, en particular en la privacidad¡±.