La ense?anza en castellano se atasca en los tribunales

El conflicto jur¨ªdico por el sistema de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en los centros educativos catalanes va camino de eternizarse en los tribunales. El Tribunal Supremo convirti¨® en firme hace dos semanas la sentencia dictada hace un a?o por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que ven¨ªa a zanjar el debate al instar a la Generalitat a impartir en castellano un m¨ªnimo del 25% de las clases. El problema es que aquel fallo se basaba en parte en una disposici¨®n adicional de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la llamada ley Wert, que establec¨ªa que el castellano es ¡°lengua vehicular de la ense?anza en todo el Estado¡±, pero esa referencia fue derogada en la nueva ley de educaci¨®n (la conocida como ley Cela¨¢).

La Generalitat alega este cambio de ley educativa para negarse a cumplir la sentencia ahora ratificada por el Supremo, que deriva de un recurso presentado por el Gobierno central en tiempos de Mariano Rajoy. El actual Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha sido ambiguo sobre si va a exigir a Catalu?a que al menos el 25% de las clases se impartan en castellano y, en una entrevista en El Mundo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, advirti¨® tambi¨¦n este martes de la necesidad de estudiar c¨®mo afecta el cambio en la ley de Educaci¨®n. ¡°No est¨¢ claro que haya que cumplir con el 25 por ciento de castellano en las escuelas porque ahora est¨¢ vigente otra ley distinta a la que reg¨ªa cuando se denunciaron los hechos¡±, se?al¨®. El tribunal superior catal¨¢n, sin embargo, considera que nada cambia con la ley Cela¨¢.

La ¡°obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la ense?anza deriva directamente de la Constituci¨®n, de ah¨ª que la modificaci¨®n operada [por la reforma educativa] no afecta al estatus del castellano como lengua vehicular¡±, advirtieron los jueces auton¨®micos en dos sentencias de marzo pasado en las que anularon los proyectos educativos de dos colegios que solo ense?aban en catal¨¢n. Juristas consultados, no obstante, admiten que la situaci¨®n no es clara y que las dudas tendr¨¢n que resolverse de nuevo en los tribunales.

La Generalitat, ¡°inflexible¡±

¡°El origen de todo es que la Generalitat se ha negado a ser flexible y ha impuesto que la ense?anza sea exclusivamente en catal¨¢n, incumpliendo las sentencias del TSJC que le obligaban a ofertar ense?anza en castellano. Y la reacci¨®n de los jueces a ese incumplimiento ha sido en mi opini¨®n inadecuada: hacer de legislador y a obligar a impartir un porcentaje m¨ªnimo de ense?anza en castellano¡±, explica Alberto L¨®pez Basaguren, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad del Pa¨ªs Vasco.

Este jurista considera que la reforma educativa no altera la jurisprudencia porque el Constitucional ya dej¨® dicho en la sentencia sobre el Estatut, en 2010, que el castellano era lengua vehicular. En el mismo sentido se expresa el tambi¨¦n catedr¨¢tico de Constitucional Lorenzo Cotino: ¡°Desde 2010 estaba la obligaci¨®n de ofrecer en ense?anza en castellano. El PP intent¨® poner m¨¢s garant¨ªas ante el incumplimiento de la Generalitat. Lo que no est¨¢ ahora en la ley son estas garant¨ªas, pero la obligaci¨®n no ha desaparecido y el TSJC y el Supremo lo acaban de recordar¡±, se?ala.

Antoni Bayona, el que fuera letrado mayor del Parlament durante el desaf¨ªo independentista de 2017, discrepa de estas interpretaciones y asegura que el cambio de ley s¨ª deja en el aire la obligatoriedad de cumplir la sentencia del tribunal catal¨¢n que fija el m¨ªnimo del 25% de ense?anza en castellano. Esa decisi¨®n judicial, advierte Bayona, se apoyaba en que la ley Wert establec¨ªa que el castellano deb¨ªa garantizarse ¡°en una proporci¨®n razonable¡±, un precepto que dio pie a que, ante la inacci¨®n de la Generalitat, el TSJC concretase ese porcentaje m¨ªnimo. ¡°Creo que la sentencia de ahora ya no es aplicable en sus t¨¦rminos, ha quedado superada por la nueva ley porque el precepto en el que se bas¨® ha cambiado¡±, sostiene Bayona, que considera que la nueva norma da ¡°mucho m¨¢s margen de acci¨®n¡± al Govern.

Agust¨ªn Ruiz Robledo, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, considera tambi¨¦n que la ley Cela¨¢, cuando menos, ha a?adido ¡°confusi¨®n¡± a un conflicto que el TSJ hab¨ªa dejado resuelto. ¡°La ley Wert concretaba el mecanismo y el TSJ at¨® los cabos que quedaban, pero la ley actual elimina ese mecanismo. La obligaci¨®n del Gobierno que impulsa ese cambio deber¨ªa ser sustituir lo que se quita, pero no se ha hecho¡±, lamenta el jurista.

En cualquier caso, en algo s¨ª coinciden todos los juristas consultados: la Generalitat tiene que garantizar que el castellano tambi¨¦n sea lengua vehicular en la ense?anza. Y si el Govern, como ha anunciado, no lo cumple, el conflicto se alargar¨¢ en los tribunales. ¡°El problema es que la carga de ir a la justicia muy pocas familias est¨¢n dispuestas a jugarla porque es una exposici¨®n p¨²blica dif¨ªcil de soportar¡±, se?ala L¨®pez Basaguren, que llama la atenci¨®n sobre otro elemento jur¨ªdico que hasta ahora ha quedado al margen: la Carta Europea de Lenguas Minoritarias o Regionales, suscrita por Espa?a, obliga a Espa?a a ofrecer ense?anza exclusiva en catal¨¢n a quien lo demande. Este acuerdo ¡°entra en conflicto¡± con las sentencias que imponen un porcentaje m¨ªnimo de castellano, advierte el jurista, pero tampoco ser¨ªa correcto interpretar que el documento puede servir a la Generalitat para imponer el catal¨¢n como lengua ¨²nica de ense?anza. ¡°La carta europea exige que se le ofrezca solo al que lo desee, no que se imponga a todos¡±, recuerda.