El ministro del PP que impuls¨® la reforma de la malversaci¨®n asegura que se hizo para perseguir la corrupci¨®n y no pensando en Catalu?a
Las actas del Congreso de los Diputados sobre aquel debate parlamentario no recogen menci¨®n alguna a la consulta ilegal del 9-N de 2014
ERC no se conforma con la reforma del delito de sedici¨®n propuesta por el PSOE y Unidas Podemos. Los republicanos catalanes anunciaron este lunes su aspiraci¨®n de modificar tambi¨¦n el delito de malversaci¨®n, reformado junto con otro art¨ªculos del C¨®digo Penal por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, con el argumento de que aquel cambio pretend¨ªa perjudicar al movimiento independentista por la consulta ilegal del 9-N de 2014, celebrada bajo el mandato de Artur Mas con fondos p¨²blicos. No obstante, el ministro de Justicia del Ejecutivo del PP impulsor de aquella reforma, Alberto Ru¨ªz Gallard¨®n, niega que tras ella hubiese una intenci¨®n de perjudicar al independentismo catal¨¢n. ¡°Aquella reforma del C¨®digo Penal obedeci¨® a que en la sociedad hab¨ªa entonces un reproche muy severo al PP por los casos de corrupci¨®n¡±, asegura a EL PA?S. ¡°Fue una manera de demostrar que el Gobierno se pon¨ªa al frente de la legislaci¨®n m¨¢s dura contra la corrupci¨®n¡±.
En el debate parlamentario que tuvo lugar en 2013 para discutir las enmiendas a la reforma no se hizo menci¨®n al actual argumento de ERC. No lo hizo siquiera el entonces portavoz de ERC, Joan Tard¨¤. Los independentistas catalanes introdujeron una enmienda a la totalidad que fue rechazada por el Congreso de los Diputados ¡ªen aquella legislatura, el PP ten¨ªa una mayor¨ªa absoluta de 186 diputados¡ª. Tard¨¤ critic¨® con firmeza la reforma propuesta por Gallard¨®n. En especial, fue muy duro con la inclusi¨®n de una nueva figura penal, la prisi¨®n permanente revisable, un delito similar a la cadena perpetua. ¡°Que haya m¨¢s penas y m¨¢s duras no proteger¨¢ a las v¨ªctimas¡±, afirm¨® el portavoz de ERC seg¨²n las actas del Congreso.
Los reproches de Tard¨¤ a la reforma del C¨®digo Penal se hicieron desde una perspectiva casi filos¨®fica. ¡°?D¨®nde est¨¢ el humanismo cristiano?¡±, reproch¨® a los conservadores en la C¨¢mara Baja. ¡°Van a convertir su Espa?a en una inmensa c¨¢rcel para los pobres¡±, critic¨® el entonces portavoz, que consider¨® que la ley era fruto del populismo punitivo y no solucionaba los problemas que atravesaba el pa¨ªs. La idea que transmiti¨® ERC en ese debate fue que el Ejecutivo respond¨ªa a la crisis econ¨®mica y social de aquel momento con un endurecimiento del c¨®digo penal. Pero en ning¨²n momento se hizo referencia, expl¨ªcita o impl¨ªcita, a que esta reforma fuera un traje hecho a medida para perseguir al independentismo catal¨¢n. Tard¨¤ tampoco mencion¨® que la modificaci¨®n del delito de malversaci¨®n fuera un problema para su grupo parlamentario. Es m¨¢s, el exdiputado sugiri¨® que en lo que se refer¨ªa a los delitos econ¨®micos, el cambio del C¨®digo Penal era timorato.
El exministro Gallard¨®n niega tajantemente el argumento esgrimido por los independentistas. Los casos de corrupci¨®n que afectaban al PP eran muy numerosos en aquel momento: la trama G¨¹rtel y el caso P¨²nica entre ellos. Tras el esc¨¢ndalo por la publicaci¨®n en EL PA?S de los papeles de B¨¢rcenas, la lupa de la opini¨®n p¨²blica estaba encima de los populares. ¡°En ning¨²n momento legislamos sobre la malversaci¨®n pensando en Catalu?a y su desaf¨ªo independentista. Ni siquiera en el debate nadie me sac¨® ese argumento¡±, asegura Gallard¨®n.
La reforma aprobada en solitario por el PP establece que la malversaci¨®n debe ser tratada como un delito de administraci¨®n desleal de fondos p¨²blicos. Y la equipara a los delitos de apropiaci¨®n indebida, es decir, cuando se da la sustracci¨®n del patrimonio p¨²blico para s¨ª o para un tercero. Es esta equiparaci¨®n la que quiere modificar el partido del presidente catal¨¢n Pere Aragon¨¨s y al que se ha sumado el grupo parlamentario de Unidas Podemos, aunque sin dar detalles concretos de c¨®mo hacerlo.
En virtud de la reforma legal del Gobierno del PP se endurecieron las penas de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n ligadas a este tipo penal. La actual regulaci¨®n sanciona con hasta 12 a?os de c¨¢rcel a aquellas autoridades o funcionarios p¨²blicos que incurriesen en administraci¨®n desleal sobre el patrimonio p¨²blico. Y recoge penas de inhabilitaci¨®n de entre 10 a 20 a?os. De los 12 condenados en el juicio del proc¨¦s, s¨®lo a cuatro de ellos se les impuso un delito de sedici¨®n en concurso medial con otro de malversaci¨®n: Oriol Junqueras, Ra¨¹l Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. La sentencia consider¨® probado que ¡°los gastos del refer¨¦ndum relacionados con la publicidad institucional, organizaci¨®n de la Administraci¨®n, confecci¨®n del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales y aplicaciones inform¨¢ticas son expresivos de la consciente y voluntaria desviaci¨®n de destino de los fondos p¨²blicos¡±.
Por malversaci¨®n, adem¨¢s de por sedici¨®n, est¨¢n procesados el exconseller Toni Com¨ªn y el expresident Carles Puigdemont, que permanecen fugados de la Justicia espa?ola. Tambi¨¦n est¨¢n imputados por malversaci¨®n varios cargos de su Govern por participar en la log¨ªstica del refer¨¦ndum del 1-O, entre los que se hallan los diputados de ERC Josep Maria Jov¨¦ y Llu¨ªs Salvad¨®. Tras la concesi¨®n de los indultos a los l¨ªderes del proc¨¦s encarcelados se les conmut¨® la pena de prisi¨®n, pero no la de inhabilitaci¨®n (de entre 9 y 13 a?os). De salir adelante la reforma de la sedici¨®n y la malversaci¨®n, los condenados por inhabilitaci¨®n podr¨ªan verse beneficiados en la rebaja de a?os.
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