El Tribunal de Cuentas rechaza reconocer que Puigdemont tenga inmunidad
La Fiscal¨ªa vuelve a rebajar la cantidad reclamada a 34 exaltos cargos de la Generalitat, a los que exige 3,1 millones de euros por los gastos del ¡®proc¨¦s¡¯
El Tribunal de Cuentas ha rechazado este viernes la solicitud realizada por la defensa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los exconsejeros Clara Ponsat¨ª y Antoni Com¨ªn para que se les reconozca la inmunidad frente al procedimiento por responsabilidad contable que se sigue contra ellos en el citado ¨®rgano fiscalizador. Puigdemont y sus exconsejeros estiman que la inmunidad que les protege deriva de su condici¨®n de eurodiputados, una condici¨®n que a juicio del Tribunal de Cuentas puede operar, en su caso, frente a la justicia penal, pero no en procesos en los que lo que se reclama es la devoluci¨®n de dinero p¨²blico supuestamente gastado de forma irregular para promover el refer¨¦ndum del 1-O y la acci¨®n exterior de la Generalitat a favor del proceso independentista.
La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hern¨¢ez, que ha presidido la vista de cuestiones previas al juicio por responsabilidad contable, ha resuelto in voce las objeciones planteadas por las defensas, explicando en relaci¨®n con la inmunidad reclamada que el expediente en curso en el ¨®rgano fiscalizador no supone un proceso sancionador. Por otra parte, a?adi¨®, tampoco se derivan del citado expediente objeciones a la movilidad de Puigdemont y los exconsejeros. ¡°Lo que se dirime es en todo caso una restituci¨®n¡± de los fondos supestamente malversados, considera Hern¨¢ez, por lo que el procedimiento es exclusivamente ¡°reparador, nada m¨¢s y nada menos¡±, porque se trata de que la hacienda p¨²blica recupere el dinero usado irregularmente.
La defensa de Puigdemont, a cargo del letrado Gonzalo Boye, ha alegado en cambio que el proceso contra el expresidente de la Generalitat debi¨® quedar interrumpido tras su elecci¨®n como eurodiputado. A su juicio, al no haberse hecho as¨ª, todo el proceso est¨¢ viciado y deber¨ªa producir un efecto de ¡°nulidad¡± del expediente. La Fiscal¨ªa, a su vez, se ha opuesto al reconocimiento de dicha inmunidad, porque no se trata de ¡°un privilegio personal, sino una garant¨ªa de la independencia del Parlamento Europeo¡±.
Lo que s¨ª ha reconocido la Fiscal¨ªa es que procede una nueva rebaja de la cantidad reclamada a los investigados. Cuando formaliz¨® su demanda, el fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Mart¨ªn Granizo, ya redujo dicha suma de los 9,5 millones exigidos por el ¨®rgano fiscalizador al inicio del expediente y reclam¨® 3,4 mllones de euros: 2,2 por lo gastado en promoci¨®n exterior del proc¨¦s; y 1,2 en la organizaci¨®n del refer¨¦ndum del 1-O. A ello ha a?adido una nueva rebaja por valor de 336.143,34 euros, con lo que la cantidad final que exige la Fiscal¨ªa para su devoluci¨®n a la hacienda p¨²blica ha quedado fijada en 3.093.198 millones de euros.
El motivo de la reducci¨®n es la renuncia de la Fiscal¨ªa a considerar incluidos en el expediente los gastos realizados por la Generalitat en una campa?a denominada ¡°Civisme¡± en la etapa del proc¨¦s. La factura fue emitida por la Corporaci¨®n Catalana de Medios de Comunicaci¨®n, que difundi¨® dicha campa?a. Su pago correspond¨ªa a la Consejer¨ªa de Presidencia de la Generalitat, que no la abon¨®, y a su vez dicha Corporaci¨®n no ha reclamado el pago. La otra parte acusadora, Sociedad Civil Catalana, se ha adherido a la decisi¨®n de la Fiscal¨ªa, por lo que su reclamaci¨®n de restituci¨®n de fondos al erario p¨²blico tambi¨¦n se reduce, quedando fijada en este caso en 5 millones de euros.
A resultas de estas renuncias es que queda fuera del procedimiento el exresponsable de las campa?as de la Generalitat, Jaume Mestre. Y como consecuencia de ello son ahora 34 los exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat incursos en el expediente de responsabilidad contable relacionado con los gastos provocados por el 1-O y la promoci¨®n exterior del proc¨¦s. Las cantidades m¨¢s elevadas se reclaman a los expresidentes de la Generalitat y algunos de sus exconsejeros. As¨ª, al expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras se les reclaman 2.486.790 euros y a Artur Mas, 739.918 euros, la misma cifra que al exconsejero de Economia, Andreu Mas-Colell. En cuanto al exconsejero de Acci¨®n Exterior, Ra¨¹l Romeva, la cantidad exigida es de 2.277.101 euros, y otros exmiembros del Govern de la Generalitat, como Antoni Com¨ªn y Llu¨ªs Puig, deber¨¢n hacer frente a una reclamaci¨®n de 826.649 euros. Mientras no exista sentencia firme, todos ellos gozan de los avales concedidos por la Generalitat, por lo que no han tenido que pagar fianzas ni asegurar cauci¨®n alguna.
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