El Tribunal de Cuentas juzgar¨¢ en diciembre a los l¨ªderes del ¡®proc¨¦s¡¯ por el desv¨ªo de fondos del 1-O

El Tribunal de Cuentas estudia juzgar antes de final de a?o a los l¨ªderes del proc¨¦s por los gastos presuntamente irregulares que realizaron a trav¨¦s del Consejo de Diplomacia P¨²blica de Catalu?a (Diplocat) para la promoci¨®n exterior de los planes independentistas. La aceptaci¨®n, en febrero, de los avales de la Generalitat para hacer frente a las fianzas requeridas en concepto de responsabilidad contable rebaj¨® la tensi¨®n en torno a este procedimiento. Pero el proceso resulta ineludible, habida cuenta de que la condena que dict¨® el Ttibunal Supremo por el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 incluy¨® el delito de malversaci¨®n, dejando en manos del Tribunal de Cuentas la fijaci¨®n de la cantidad a reclamar y su restituci¨®n a las arcas p¨²blicas.

El expediente por los gastos para promocionar el proc¨¦s en el extranjero y organizar el refer¨¦ndum ilegal del 1-O supuso una reclamaci¨®n inicial de 9,5 millones de euros a los 36 exaltos cargos y funcionarios investigados, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras, as¨ª como el exconsejero de Acci¨®n Exterior, Ra¨¹l Romeva, y otros seis antiguos miembros del Ejecutivo catal¨¢n. Desde el ¨¢mbito independentista se cuestion¨® la naturaleza de la causa, identific¨¢ndola como una iniciativa destinada a menoscabar sin justificaci¨®n el patrimonio y bienes de los l¨ªderes del proc¨¦s.

En un primer momento, el Gobierno dud¨® sobre la legalidad de los avales que la Generalitat anunci¨® para evitar que los expedientados tuvieran que hacer frente a las fianzas que se les reclamaban, por su responsabilidad conjunta y solidaria en el expediente. Pero la Abogac¨ªa del Estado los consider¨® admisibles y el Ejecutivo no recurri¨® su regulaci¨®n legal, aprobada mediante una iniciativa finalmente respaldada por el Parlamento catal¨¢n. Cabe entender, por tanto, que en este asunto ha habido pasos de relativa desjudicializaci¨®n del conflicto, como piden las fuerzas independentistas, pero sin un posible cierre definitivo del caso, tras el aludido mandato del Supremo.

La reconducci¨®n del expediente hacia un escenario menos conflictivo se confirm¨® claramente en noviembre pasado. Entonces, el PP acept¨® pactar la renovaci¨®n del Tribunal de Cuentas y de cuatro magistrados del Constitucional. El nuevo ¨®rgano fiscalizador pas¨® entonces de tener una mayor¨ªa conservadora a otra de car¨¢cter progresista. Este paso fue decisivo para que el propio Tribunal de Cuentas aceptara en febrero ¨²ltimo la legalidad de los avales de la Generalitat, lo que ha supuesto el levantamiento de embargos y la devoluci¨®n de fianzas. ERC, por ejemplo, ha recuperado recientemente los 2,1 millones de euros que hab¨ªa depositado como garant¨ªa para el caso de que en su d¨ªa recaiga una sentencia condenatoria.

El procedimiento ha entrado ahora en su fase decisiva con la aceptaci¨®n de las demandas que han presentado la Fiscal¨ªa y Sociedad Civil Catalana, constituida en acusaci¨®n particular. El siguiente paso ser¨¢ la convocatoria de una vista o audiencia previa en la que las partes podr¨¢n formular alegaciones y pedir prueba. Esta vista preliminar ser¨¢ presidida por la consejera de la Secci¨®n de Enjuiciamiento Elena Hern¨¢ez, quien en noviembre ¨²ltimo asumi¨® el cargo en sustituci¨®n de Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia en el primer Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar (PP).

La consejera Hern¨¢ez, tambi¨¦n propuesta por el PP, presidir¨¢ asimismo el juicio, y dictar¨¢ la sentencia, que podr¨¢ recurrirse ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas y, posteriormente, si llega el caso, ante el Supremo. La celeridad que pueda seguir el procedimiento depende ahora en buena medida de la estrategia que sigan las partes en la citada vista preliminar para proponer prueba.

En todo caso, fuentes del ¨®rgano fiscalizador subrayan que el tribunal tiene el mayor inter¨¦s en que el juicio se celebre a finales de a?o como muy tarde, de modo que la sentencia pueda darse a conocer en enero pr¨®ximo. Todo ello con el fin de que el fallo se produzca mucho antes de que se inicie el proceso electoral hacia las auton¨®micas y municipales, que tendr¨¢n lugar en mayo de 2023 y que ir¨¢n seguidas de las generales meses m¨¢s tarde.

A la vista de las peticiones de la Fiscal¨ªa y Sociedad Civil Catalana, la sentencia que se dicte quedar¨¢ muy por debajo de las pretensiones iniciales de las acusaciones. El tribunal no puede imponer la devoluci¨®n de cantidades superiores a las reclamadas finalmente en las respectivas demandas. La Abogac¨ªa del Estado ya se retir¨® del procedimiento, estimando que la administraci¨®n perjudicada por los gastos para la promoci¨®n exterior del proc¨¦s fue la de la Generalitat, y no la del Estado. Y la Fiscal¨ªa rebaj¨® de los mencionados 9,5 millones de euros a 3,4 millones el desv¨ªo de fondos de los l¨ªderes del proc¨¦s. A su vez, Sociedad Civil Catalana tambi¨¦n redujo hasta 5,3 millones su reclamaci¨®n, y solo acusa a 11 de los 36 expedientados, ya que su demanda se centra en los mencionados exmiembros del Gobierno catal¨¢n, consider¨¢ndoles como integrantes del ¡°n¨²cleo duro¡± del proc¨¦s.

El Tribunal de Cuentas, a su vez, ha rechazado este julio los recursos que Puigdemont y el exconsejero de Salud Toni Com¨ªn presentaron contra las demandas formalizadas por las acusaciones, alegando que estaban protegidos por la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, en su condici¨®n de eurodiputados. El auto dictado por el ¨®rgano fiscalizador a este respecto confirma que ambos est¨¢n sujetos al expediente por el supuesto desv¨ªo de fondos de la Generalitat a fines il¨ªcitos, porque ¡°resulta evidente que la tramitaci¨®n del presente procedimiento de reintegro por alcance, destinado a exigir responsabilidades reparatorias, que no penales ni sancionadoras, en nada perjudica a la independencia y al normal ejercicio de las funciones que corresponden a los recurrentes como miembros del Parlamento Europeo¡±. El tribunal estima que por las mismas razones no existen motivos por los que deba tramitar suplicatorio alguno para proceder contra ambos investigados.