Pelotas de goma, desobediencia y faltas de respeto a la polic¨ªa ponen en riesgo la reforma de la ¡®ley mordaza¡¯
Los seis partidos favorables a modificar la norma alcanzan acuerdos en varios puntos, pero encallan en los tres m¨¢s pol¨¦micos en el l¨ªmite del plazo para pactar
La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, est¨¢ desde este mi¨¦rcoles m¨¢s en riesgo que nunca. Las dos reuniones celebradas en los dos ¨²ltimos d¨ªas entre los seis grupos parlamentarios partidarios de modificar la norma ¨DPSOE, Unidas Podemos, PNC, ERC, EH Bildu y Junts¨D han permitido salvar algunas de las diferencias que manten¨ªan, pero tambi¨¦n han servido para constatar que las divergencias en tres puntos claves son a¨²n grandes. En concreto, en los art¨ªculos referidos al uso por parte de las Fuerzas de Seguridad del material antidisturbios y, en concreto, de las pelotas de goma para hacer frente a las algaradas callejeras (art¨ªculo 23); el que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes (art¨ªculo 37.4), y el que sanciona con multas de 601 a 30.000 euros ¡°la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes¡±, que fue masivamente utilizado para castigar los que se saltaron el confinamiento durante la pandemia (art¨ªculo 36.6).
Las formaciones se acusan unas a otros de que la negociaci¨®n que dura cerca de un a?o parezca abocada al fracaso cuando los plazos para sacarla adelante se acercan al l¨ªmite. De hecho, la previsible falta de un acuerdo final provocar¨¢ que el texto que salga de la ponencia parlamentaria (que solo tiene prevista una reuni¨®n m¨¢s) vaya, en primer lugar, a la comisi¨®n de Interior y, posteriormente, al pleno del Congreso sin tener el consenso del bloque de investidura y, por tanto, est¨¦ en el aire su aprobaci¨®n. Varios de los grupos admiten en privado que la reforma est¨¢ en peligro a pesar de que en las ¨²ltimas semanas las negociaciones entre los partidos han salido de las paredes del Congreso para alcanzar las direcciones de los partidos con contactos con dirigentes de las formaciones, seg¨²n detallan fuentes conocedoras de las negociaciones.
En el punto m¨¢s controvertido de la reforma, el uso de las pelotas de goma, ERC, Junts ¨Dque recuerdan que los Mossos d¡¯Esquadra tienen prohibida su utilizaci¨®n y emplean proyectiles de foam, material viscoel¨¢stico supuestamente menos lesivo¨D y EH Bildu reclaman su prohibici¨®n expresa en el futuro texto. Por su parte, el PNV ha abogado hasta ahora por un protocolo similar al implantado en Euskadi por el Gobierno vasco, que restringe su utilizaci¨®n por parte de la Ertzaintza a casos tan excepcionales que en los ¨²ltimos 10 a?os sus agentes no han disparado ninguna.
Por su parte, PSOE y Unidas Podemos plantearon al inicio de las negociaciones una enmienda que no contemplaba ning¨²n recorte, aunque abogaba por elaborar ¡°protocolos espec¨ªficos¡± para ¡°utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables¡±. M¨¢s adelante, el socio minoritario del Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez propuso para acercar posiciones crear una comisi¨®n presidida por el Defensor del Pueblo que estudiase ¡°la transici¨®n y sustituci¨®n¡± de las pelotas de goma por otro material menos lesivo. Ambos partidos insisten que la ley mordaza no es el marco legal adecuado para abordar el uso del material antidisturbios al no haber referencias concretas a ello en el actual texto, y abogan por llevar su regulaci¨®n a otra norma, en concreto a un futuro cambio de la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una norma de 1986 que, en estos momentos, nadie ha planteado cambiar.
En este punto, las diferentes formaciones se acusan mutuamente de intransigencia en sus posturas. Fuentes socialistas destacan que, seg¨²n una reciente respuesta parlamentaria, las pelotas de goma solo han sido utilizadas por Polic¨ªa Nacional y Guardia Civil en 46 ocasiones en los ¨²ltimos tres a?os, y critican, por tanto, que lo que consideran un tema menor ponga en riesgo el resto de avances logrados en las negociaciones. Unidas Podemos apunta en el mismo sentido y concluye que ¡°no se puede poner en peligro el buen trabajo realizado hasta ahora y todo lo avanzado por un muy reducido n¨²mero de temas puntuales¡±. El PNV tambi¨¦n carga la responsabilidad del posible fracaso en los que insisten en esta prohibici¨®n: ¡°Cada grupo tendr¨¢ que reflexionar y decidir si, a pesar de todas las mejoras y de todos los avances, consideran una mejor opci¨®n no cambiar nada¡±.
ERC, EH Bildu y Junts rechazan estos argumentos y acusan al Ministerio de Interior de interferir en las negociaciones en este y otros puntos por temor a la reacci¨®n de los sindicatos policiales, que se han opuesto frontalmente a la reforma de la ley mordaza y, en concreto, al recorte en el material antidisturbios. Recientemente, estas organizaciones han amenazado con volver a salir a la calle, como ya hicieron en noviembre de 2021. Desde el PSOE niegan presiones del departamento de Fernando Grande-Marlaska: ¡°Todos los ministerios dan criterios sobre las enmiendas, [pero] luego todo depende de los grupos y lo que se vaya negociando¡±.
En otro de los puntos sin acuerdo hasta ahora, el que sanciona la desobediencia a la polic¨ªa, Unidas Podemos ha planteado en las ¨²ltimas reuniones algunos cambios en la redacci¨®n actual para conseguir el apoyo de los grupos, entre ellos especificar que la desobediencia debe ser ¡°manifiesta¡± y la resistencia a los agentes, con ¡°oposici¨®n corporal¡±. La propuesta ha contado este mi¨¦rcoles con el respaldo de PNV y PSOE, pero no con la del resto de los grupos, alguno de los cu¨¢les recuerda que en este punto se hab¨ªa llegado anteriormente a un principio de acuerdo en el que luego los socialistas se echaron para atr¨¢s. En aquella propuesta anterior se se?alaba que la desobediencia solo ser¨ªa punible si era acompa?ada de ¡°oposici¨®n corporal o fuerza f¨ªsica¡±.
Fuentes que han participado en las negociaciones recuerdan que este art¨ªculo es clave en la reforma, porque fue utilizado por Interior como el principal instrumento de su pol¨ªtica punitiva durante el primer estado de alarma de 2020. Durante aquellos tres meses, las Fuerzas de Seguridad emitieron 1,14 millones de propuestas de sanci¨®n con este apartado de la ley mordaza, cuando en 2019, el mismo art¨ªculo se hab¨ªa utilizado para incoar tan solo 14.747 expedientes sancionadores. De hecho, el Defensor del Pueblo lleg¨® a pedir informaci¨®n sobre las multas tramitadas para determinar si la polic¨ªa hab¨ªa actuado durante el confinamiento ¡°de manera correcta y proporcional¡±.
Lo mismo ha ocurrido con el art¨ªculo que sanciona las faltas de respeto a los agentes de las fuerzas de seguridad., y que es uno de los m¨¢s utilizados por la polic¨ªa para sancionar desde que entr¨® en vigor la norma en 2015 tras ser apoyada por el PP gracias a la mayor¨ªa absoluta que ten¨ªa entonces. En este punto, la propuesta la ha hecho el PNV, con el respaldo de Unidas Podemos, con una redacci¨®n en la que habla de ¡°expresiones o actos humillantes, despectivos y ofensivos¡± que desacrediten ¡°objetivamente¡± a los polic¨ªas durante el desempe?o de sus funciones. En este punto, el PSOE se ha abierto a valorar la propuesta, pero ERC, Junts y EH Bildu han considerado insuficientes las modificaciones porque, en su opini¨®n, a¨²n dejan abierta la posibilidad a actuaciones ¡°arbitrarias¡± de los agentes.
Las reuniones de los dos ¨²ltimos d¨ªas s¨ª han permitido, sin embargo, llegar acuerdos en otros puntos que, hasta ahora, tambi¨¦n provocaban diferencias. Uno de ellos era el art¨ªculo 30.3, sobre la responsabilidad subsidiaria de los convocantes de una manifestaci¨®n por los incidentes que se puedan producir en el transcurso de la misma, Finalmente, los partidos han pactado que no se les podr¨ªa exigir responsabilidad ¡°cuando hubieran dispuesto las medidas de seguridad previstas en la comunicaci¨®n, y cumplidos los requerimientos que, en su caso, les hubiera hecho la autoridad gubernativa¡±.
Tambi¨¦n se ha salvado el escollo que supon¨ªa el art¨ªculo 17.2 (que permite a las Fuerzas de Seguridad instalar controles en lugares p¨²blicos para identificar y cachear personas, y registrar veh¨ªculos) con una disposici¨®n adicional cuya redacci¨®n final estaba a¨²n por cerrar. E, incluso, se ha barajado sacar de la futura ley mordaza la disposici¨®n adicional que avala los rechazos en frontera, conocidos como devoluciones en caliente, de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Algunos partidos plantean que se aborden en una futura reforma de la ley de extranjer¨ªa.
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