Roc¨ªo Monasterio, condenada por la obra ilegal en el ¡®loft¡¯ del presentador Arturo Valls

La Audiencia Provincia de Madrid ha condenado a Roc¨ªo Monasterio, la l¨ªder de Vox en Madrid y candidata de la formaci¨®n a las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas en esta comunidad, por la ¡°obra ilegal¡± que realiz¨® en 2005 en un local del centro de Madrid para convertirlo en una vivienda sin contar con la licencia necesaria, seg¨²n la sentencia a la que ha tenido acceso este diario y ha adelantado la Cadena SER. En este caso, desvelado por EL PA?S en 2019, el cliente y demandante es el actor y presentador Arturo Valls, que denunci¨® a la empresa de Monasterio por un proyecto que el Ayuntamiento de Madrid ya consider¨® ilegal.

La sentencia, que confirma el fallo del juzgado de primera instancia de 2021, es contundente al considerar que la empresa de Monasterio hizo la obra siendo ¡°consciente de su ilegalidad¡±: ¡°Toda la obra se ha ejecutado y abonado sin disponer de los correspondientes permisos municipales, trat¨¢ndose de una obra ilegal en su origen por carecer de la correspondiente licencia¡±. Por ello, el tribunal la condena, junto a la firma constructora, a pagar un total de 8.043 euros como resarcimiento de da?os y perjuicios por incumplimiento de contrato. Es la suma de una sanci¨®n administrativa de 3.838,49 euros y el coste de la demolici¨®n para restituir la legalidad del inmueble, que asciende a 4.205 euros.

El actor, contactado por este diario, no desea hacer comentarios sobre la resoluci¨®n. En realidad, ¨¦l reclamaba la devoluci¨®n de los 116.000 euros que pag¨® por el proyecto y de 129.000 m¨¢s que invirti¨® despu¨¦s en legalizarlo, pero en este punto los jueces no le dan la raz¨®n, pues consideran que ¡°aunque la obra proyectada ejecutada no es legal (...), ha redundado en beneficio de la propiedad¡±, pues la reforma dio mayor valor al inmueble y Valls luego obtuvo ingresos de alquilarlo.

Vox Madrid ha emitido un comunicado este mediod¨ªa en el que indica que la sentencia ¡°solo condena al pago de unas simples tasas administrativas, mientras que niega al cliente de Roc¨ªo Monasterio y Asociados (RMA) el pago de hasta 250.000 euros que ¨¦l demandaba¡±. A?ade, adem¨¢s, que el pago de esas tasas ha sido recurrido, ¡°por lo que la sentencia no es firme¡±. La formaci¨®n asegura que ¡°RMA ejerci¨® labores de consultor¨ªa en las que inform¨® a su cliente de todo lo que necesitaba para legalizar su obra. Fue el cliente el que, tras ser informado, tom¨® sus propias decisiones¡±.

Al margen de esta demanda, ya qued¨® acreditado que en algunos de los tr¨¢mites municipales de la obra, Monasterio falsific¨® incluso el sello del visado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos con un simple corta y pega. Seg¨²n la Fiscal¨ªa, incluy¨® ¡°una fotocopia en blanco y negro del sello (¡­) de un primer proyecto en ese mismo inmueble del a?o 2005¡å, en vez de los preceptivos sellos visados que requiere cada nuevo proyecto, y que lo hizo hasta en dos ocasiones, en 2011 y 2016.

No obstante, en junio de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestim¨® la querella de la Fiscal¨ªa con el argumento de que el falso visado era tan ¡°burdo y grosero¡± que no pod¨ªa ¡°pasar inadvertido¡±, y esto privaba al fraude de tener un efecto jur¨ªdico.

Esta es solo una de las 18 obras con alg¨²n tipo de anomal¨ªa o irregularidad, desveladas por EL PA?S desde 2019, que realiz¨® Roc¨ªo Monasterio, en algunos casos con la intervenci¨®n de su marido, Iv¨¢n Espinosa de los Monteros, entonces promotor inmobiliario y actual portavoz de Vox en el Congreso. Se llevaron a cabo entre 2001 y 2010. En 14 de ellas, como en este caso, se trat¨® de locales que transformaron en vivienda sin la licencia correspondiente y en otras cuatro, aparec¨ªa el nombre o la firma de Monasterio en planos o documentos de obra antes de tener el t¨ªtulo de arquitecta, que obtuvo solo en 2009. De hecho, en un juicio en 2008 por otro caso, tuvo que admitir que no era arquitecta ante la juez, perpleja por el hecho de que firmara documentos sin serlo.

Ante la pol¨¦mica, la entonces decana del colegio de arquitectos de Madrid, Bel¨¦n Hermida, afirm¨® en 2020 que la pr¨¢ctica de Monasterio de firmar planos cuando no pod¨ªa hacerlo era asimilable a ¡°un m¨¦dico que firma cuando no est¨¢ titulado o no est¨¢ colegiado, o cuando un abogado ejerce sin tener la correspondiente titulaci¨®n¡±. No obstante, el colegio archiv¨® una denuncia de intrusismo contra la dirigente de extrema derecha. Al menos desde 2003, seis a?os antes de obtener su t¨ªtulo, Monasterio se presentaba como arquitecta en art¨ªculos de prensa ¡ªeste diario localiz¨® al menos 11 reportajes¡ª, especializada en la construcci¨®n de lofts, que se pusieron de moda en los a?os del auge inmobiliario.

El patr¨®n de conducta sol¨ªa repetirse: Monasterio y Espinosa de los Monteros encontraban locales comerciales en zonas c¨¦ntricas de Madrid y ella acomet¨ªa las obras para convertirlos en vivienda, pero se limitaba a enviar al Ayuntamiento la solicitud inicial de licencia, que en muchos casos nunca iba a ser concedida. Luego se desentend¨ªa del procedimiento, entretanto terminaba los trabajos y vend¨ªa el local ya como residencia. Todos los casos est¨¢n prescritos.

Tras las informaciones de este diario, el Ayuntamiento de Madrid fue abriendo inspecciones de cada una de las obras, y aunque en estos tres a?os se ha resistido a desvelar su resultado, en al menos tres casos ya confirm¨® que se trat¨® de obras ilegales. Una de ellas es precisamente la del loft de Arturo Valls, por el que ahora la Audiencia Provincial ha condenado a Monasterio. En 2020, el concejal de Urbanismo, Mariano Fuentes, de Ciudadanos, lament¨® ¡°el modus operandi de los distintos expedientes revisados, donde los titulares de las actuaciones y sus t¨¦cnicos aprovechaban la ineficacia de la Administraci¨®n p¨²blica para realizar actuaciones no amparadas por una licencia urban¨ªstica¡±.

Las otras dos obras donde los inspectores municipales confirmaron las irregularidades de Monasterio y Espinosa de los Monteros fue en los ocho lofts construidos en la calle de Pedro Heredia, 6; y otros tres en la de Villafranca, 6, viejas f¨¢bricas donde el ¨²nico uso legal era industrial. Es decir, no eran aptos para viviendas, pero el matrimonio los reform¨® de forma ilegal. En los dos casos varios de los afectados aseguran que les prometieron que les conseguir¨ªan c¨¦dulas de habitabilidad que en realidad nunca gestionaron y, adem¨¢s, eran en todo caso muy dif¨ªciles o imposibles de obtener. Los dos pol¨ªticos de ultraderecha niegan haber hecho tales promesas.