El Consejo del Poder Judicial investigar¨¢ al juzgado que instruy¨® el crimen de la mujer cuyo presunto asesin¨® qued¨® en libertad

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigar¨¢ la actuaci¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Arrecife (Lanzarote) en la causa contra Ra¨²l D¨ªaz Cach¨®n, el hombre acusado de matar y descuartizar a su mujer, Romina Celeste N¨²?ez, el 1 de enero de 2019 en esa isla canaria. El sospechoso qued¨® en libertad el pasado 13 de enero tras pasar cuatro a?os en prisi¨®n provisional, el m¨¢ximo que permite la ley, sin que se haya fijado todav¨ªa fecha para su juicio. Fuentes del ¨®rgano de gobierno de los jueces se?alan que la autoridad disciplinaria del Consejo ha admitido ya a tr¨¢mite la queja presentada por la abogada de la familia de la v¨ªctima, que denuncia la actitud ¡°relajada¡± del juzgado y lamenta que tanto los jueces como la Fiscal¨ªa entraran ¡°en el juego¡± de las maniobras ¡°dilatorias¡± de la defensa para retrasar la instrucci¨®n y permitir que saliera en libertad.

La queja, que entr¨® a trav¨¦s de la Unidad de Atenci¨®n Ciudadana, ya ha llegado al promotor de la acci¨®n disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, y se est¨¢ tramitando. Conde deber¨¢ recabar ahora un informe del juzgado antes de determinar si abre un expediente disciplinario que pueda acabar en sanci¨®n para el titular de ese ¨®rgano.

La denuncia de la abogada, Emilia Zeballos, recoge un minucioso relato de las trabas con las que se fue encontrando la investigaci¨®n judicial, especialmente desde enero de 2020, cuando se encarga un informe pericial para determinar si unas tijeras compradas por el acusado antes del crimen eran apropiadas o no para trocear carne humana. El documento fue encargado a la Guardia Civil el 18 de noviembre de 2019, pero en enero de 2020 fue derivado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dependiente de la Consejer¨ªa de Justicia del Gobierno de Canarias. El 24 de junio, el juzgado reiter¨® su petici¨®n a este organismo, que respondi¨® entonces argumentando necesitar que le enviasen las tijeras. El juzgado las mand¨® el 27 de agosto, pero pas¨® casi un a?o sin que el Instituto de Medicina legal diera noticia alguna mientras que el juzgado tampoco reclam¨® el documento. El 9 de julio de 2021, el juzgado insisti¨® en su petici¨®n. Y en marzo de 2022, comunic¨® un ultim¨¢tum al organismo auton¨®mico y exigi¨® que entregase el informe en 10 d¨ªas. La prueba pericial lleg¨®, por fin, el 8 de abril de 2022. Durante esos dos a?os, la causa estuvo pr¨¢cticamente paralizada, seg¨²n la abogada, a pesar de que el informe t¨¦cnico era ¡°meramente circunstancial¡±.

El escrito que ha dado lugar a la apertura de la investigaci¨®n por parte del CGPJ se?ala: ¡°Es intolerable que el Juzgado haya entrado en el juego de la pr¨¢ctica de la prueba de las tijeras, que ten¨ªa como objeto el dilatar; tambi¨¦n es intolerable que el ministerio fiscal, quien debe de velar por la legalidad en el procedimiento, haya consentido que m¨¢s de un a?o se haya limitado, pr¨¢cticamente, a la diligencia de las tijeras, cuyo fin era irrelevante¡±. La abogada reprocha tambi¨¦n la demora de un informe psicol¨®gico del acusado solicitado por su defensa, otra de las diligencias que resultan ¡°irrelevantes¡±, seg¨²n la letrada, porque no es un informe psiqui¨¢trico ¡°que pudiera afectar a la culpabilidad o a las circunstancias a la hora de imponer la pena¡±.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya realiz¨® una primera investigaci¨®n interna tras conocerse la puesta en libertad de D¨ªaz Cach¨®n y determin¨® que no se hab¨ªa producido ninguna disfunci¨®n porque la causa nunca estuvo paralizada. Por el juzgado de Instrucci¨®n 1 de Arrecife han pasado en cuatro a?os tres juezas distintas, pero seg¨²n la investigaci¨®n del TSJC no existe ¡°indicio alguno¡± de que ninguna de ellas ¡°pudiese haber incurrido en alg¨²n tipo de responsabilidad¡±. El informe s¨ª admite que ¡°alguna anomal¨ªa en la excesiva duraci¨®n de la elaboraci¨®n de algunos informes periciales, a pesar de su extrema complejidad y que, en casos como el presente de causa con preso, se deber¨ªa evitar¡±, pero apunta como ¨²nico responsable al Instituto de Medicina Legal.