La Fiscal¨ªa presenta cientos de recursos contra las rebajas de penas por la ¡®ley del solo s¨ª es s¨ª¡¯

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha contabilizado ya m¨¢s de 700 rebajas de penas a agresores sexuales en aplicaci¨®n de la ley del solo s¨ª es s¨ª, pero de ellas apenas una decena, las dictadas por el Tribunal Supremo, son, en principio, firmes. El resto pueden ser recurridas ante los tribunales superiores de justicia o ante el propio alto tribunal y la Fiscal¨ªa est¨¢ impugnando la mayor¨ªa de esas resoluciones, seg¨²n confirman fuentes del ministerio p¨²blico. La Fiscal¨ªa General no dispone de datos concretos porque no todas las fiscal¨ªas provinciales y auton¨®micas est¨¢n informando de sus recursos, pero fuentes de este ¨®rgano aseguran que ya se han presentado ¡°cientos¡± de impugnaciones. Solo en Madrid se han recurrido 62 revisiones de sentencia dictadas por la Audiencia Provincial, seg¨²n los datos facilitados este mi¨¦rcoles a EL PA?S por el ministerio p¨²blico.

El goteo de reducciones de condena derivadas de la ley de libertad sexual no ha parado desde que el pasado 7 de octubre entr¨® en vigor la reforma del C¨®digo Penal. Los jueces y fiscales consultados prev¨¦n que estas rebajas sigan produci¨¦ndose en los pr¨®ximos meses porque todav¨ªa quedan por revisar muchas de las sentencias firmes dictadas con la ley anterior sobre delitos cuya pena ha sido rebajada en la ley de libertad sexual. Aunque jueces y fiscales comparten en algunos casos su criterio ¡ªa favor o en contra de las rebajas de pena¡ª, las interpretaciones de unos y otros discrepan en muchos casos desde el inicio del proceso. As¨ª, mientras que la mayor¨ªa de los tribunales, incluido el Supremo, est¨¢n apostando por reducir el castigo siempre que la ley del solo s¨ª es s¨ª lo permita, el fiscal general, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, orden¨® oponerse a la rebaja cuando la pena impuesta en la sentencia tambi¨¦n fuera susceptible de imponerse con la nueva ley.

Este es el criterio que est¨¢ llevando a la Fiscal¨ªa a impugnar la mayor¨ªa de las reducciones dictadas hasta ahora, se?alan fuentes del ministerio p¨²blico. En el caso de Madrid, donde hasta este mi¨¦rcoles se hab¨ªan recurrido ya 62 revisiones de sentencias, las fuentes consultadas se?alan que la mayor¨ªa de las rebajas de penas se han impugnado porque los jueces reducen el castigo impuesto en primera instancia a pesar de que esa pena sigue dentro de la horquilla prevista por la nueva ley para ese delito.

Uno de los casos m¨¢s habituales de discrepancia entre los tribunales y la Fiscal¨ªa se da en aquellos supuestos en los que el agresor hab¨ªa sido condenado a la pena m¨ªnima prevista con la anterior legislaci¨®n, pero la ley del solo s¨ª es s¨ª ha reducido esa pena m¨ªnima y los jueces han optado por reducir el castigo para imponer el nuevo m¨ªnimo legal. En esos casos, la Fiscal¨ªa est¨¢ recurriendo la rebaja, salvo que la primera sentencia motivara expresamente que hab¨ªa que imponer el menor castigo posible, debido, por ejemplo, a la escasa entidad de los hechos. Pero si, como ocurre en muchos otros casos, el tribunal se limit¨® a fijar el castigo m¨ªnimo sin incluir una motivaci¨®n reforzada, la Fiscal¨ªa est¨¢ apostando por pelear contra esta rebaja y recurrirla, seg¨²n fuentes del ministerio p¨²blico madrile?o.

Entre los recursos presentados por la Fiscal¨ªa hay tambi¨¦n otra casu¨ªstica habitual que no se refiere a la rebaja de pena, sino a otra previsi¨®n incorporada por la ley del solo s¨ª es s¨ª y que no ha sido tenida en cuenta por muchos tribunales: la obligaci¨®n de retirar la patria potestad a los agresores sexuales de menores, una pena accesoria recogida en el art¨ªculo 192 del nuevo C¨®digo Penal, pero que muchos jueces han obviado en sus primeras resoluciones. Los fiscales de Madrid, por ejemplo, est¨¢n recurriendo sistem¨¢ticamente estos casos y, aunque todav¨ªa no se han resuelto estos recursos, s¨ª que hay tribunales que en sus primeras sentencias no aplicaban esta pena y posteriormente han empezado a hacerlo.

Los recursos presentados por el ministerio p¨²blico se refieren en la mayor¨ªa a revisiones de sentencias dictadas por las audiencias provinciales. Las que se refieren a casos juzgados antes de 2015 van directamente al Tribunal Supremo, ya que la ley no preve¨ªa entonces la posibilidad de apelar las sentencias dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales. Una reforma legal instaur¨® ese a?o una doble instancia penal, lo que implica que las revisiones de sentencias posteriores a esa fecha se impugnan en apelaci¨®n (ante los tribunales superiores de justicia) antes de llegar al Supremo. En el caso de Madrid, la Fiscal¨ªa ha presentado esta misma semana el primer recurso ante el TSJ contra una rebaja de pena dictada por la Audiencia Provincial.

Al margen de los cientos de recursos contra las revisiones de sentencias, el ministerio p¨²blico est¨¢ impugnando tambi¨¦n algunas reducciones de pena que aplican los tribunales en procesos que a¨²n siguen vivos porque no tienen todav¨ªa sentencia firme. En estos supuestos, la rebaja se dicta al resolver el recurso de la acusaci¨®n o la defensa contra la sentencia que conden¨® al agresor. Esa primera condena se dict¨® con el antiguo C¨®digo Penal, pero al haber entrado en vigor la ley del solo s¨ª es s¨ª antes de que la sentencia sea firme, los tribunales est¨¢n teniendo que adaptar las penas a la nueva norma. A estos supuestos se refieren todas las rebajas dictadas hasta ahora por el Supremo, donde todav¨ªa no ha llegado ning¨²n recurso sobre revisiones de sentencias firmes, pero que ten¨ªa sobre la mesa decenas de recursos de casaci¨®n sobre condenas a agresores sexuales pendientes de resolver. A los tribunales superiores auton¨®micos est¨¢n tambi¨¦n llegando muchos supuestos similares y, en algunos casos, la Fiscal¨ªa est¨¢ recurriendo la decisi¨®n adoptada por los jueces.