El PP defiende su ¡®ley mordaza¡¯ con inexactitudes
Gonz¨¢lez Pons afirma durante la manifestaci¨®n de este s¨¢bado que, de aprobarse los cambios de la norma, los agentes no podr¨¢n grabar sus actuaciones o que perder¨¢n la consideraci¨®n de autoridad
La manifestaci¨®n de polic¨ªas y guardias civiles celebrada este s¨¢bado en Madrid contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, ha sido alentada por el PP con declaraciones que son rebatidas por la literalidad de las enmiendas que quieren introducir el PSOE y sus socios parlamentarios e, incluso, por una sentencia del Tribunal Constitucional. Esteban Gonz¨¢lez Pons, vicesecretario general de los populares, ha justificado la protesta de los agentes ¨Dque ha pinchado al congregar a 4.000 personas, una quinta parte de las 20.000 que reuni¨® la anterior manifestaci¨®n de noviembre de 2021¨D y asegurado que la reforma pretende ¡°preparar la calle para enfrentarse al PP cuando sea gobierno¡±.
Grabaciones. El vicesecretario general de los populares ha asegurado que, si sale adelante la reforma, ¡°a los polic¨ªas, a los guardias civiles, se les va a poder grabar en v¨ªdeo, pero ellos no van a poder grabar¡±. En este caso, la modificaci¨®n de la norma viene obligada por la sentencia del Tribunal Constitucional, de enero de 2021, que aval¨® gran parte de la ley mordaza, pero que concluy¨® que la expresi¨®n ¡°no autorizado¡± que inclu¨ªa el art¨ªculo que hac¨ªa referencia al uso de im¨¢genes y datos personales de los agentes era inconstitucional. La propuesta de redacci¨®n del art¨ªculo suprime estas dos palabras, pero sigue proscribiendo la difusi¨®n de las im¨¢genes cuando ello ¡°genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar¡± de los agentes. Lo que en ning¨²n momento se plantea es prohibir que a los polic¨ªas graben. De hecho, las fuerzas de seguridad han extendido en los ¨²ltimos a?os el uso de videoc¨¢maras durante su actuaci¨®n.
Autoridad. Gonz¨¢lez Pons ha afirmado que ¡°los polic¨ªas y los guardias civiles van a perder la consideraci¨®n de [agentes de la] autoridad¡± que agrava las penas para los que atenten contra su integridad. Sin embargo, en ning¨²n momento de la negociaci¨®n se ha abordado eliminar esta condici¨®n a las fuerzas de seguridad. De hecho, una enmienda del PSOE y Unidas Podemos plante¨® extenderla al colectivo de funcionaros de prisiones. Los partidos del Gobierno desistieron al final ante la negativa de ERC y EH Bildu a apoyar este punto ¡ªsus votos son fundamentales para sacar adelante la reforma¡ª y optaron por llevar la propuesta a la reforma de otra norma, la de la Ley General Penitenciaria. La manifestaci¨®n de este s¨¢bado ha contado con el apoyo de la secci¨®n sindical de funcionarios de prisiones de la CSIF.
Presunci¨®n de veracidad. El dirigente del PP ha asegurado que con la reforma los polic¨ªas van ¡°a ver muy rebajada la presunci¨®n de veracidad¡± de sus atestados. La reforma que plantean el PSOE y sus aliados no elimina el valor probatorio del testimonio de los agentes, pero s¨ª limita el valor absoluto que ten¨ªa hasta ahora al incidir en la necesidad de que estas declaraciones orales o escritas cumplan la exigencia de ¡°l¨®gica, coherencia y razonabilidad¡±.
Manifestaciones espont¨¢neas. Gonz¨¢lez Pons ha asegurado que ¡°con esta ley en la mano ser¨¢ legal celebrar manifestaciones, concentraciones y protestas sin que exista permiso, sin que exista convocatoria previa¡±. Sin embargo, la reforma negociada por el PSOE y sus aliados parlamentarios no generaliza la autorizaci¨®n de las manifestaciones sin aviso previo, sino que solo evita la sanci¨®n para aquellas que se convoquen ¡°ante hechos que requieran de una manifestaci¨®n o expresi¨®n p¨²blica inmediata¡±.
Avisos a otras polic¨ªas. El vicesecretario popular ha afirmado que, de salir adelante la ley, la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil se ver¨¢n obligados ¡°a informar a la polic¨ªa auton¨®mica de todas las medidas que van a tomar y en particular, de las medidas que se van a tomar para defender los edificios institucionales¡±. En realidad, el acuerdo de los seis partidos favorables a modificar la norma se refiere solo a ¡°los controles en espacios p¨²blicos¡±. Si la norma sale adelante, la Polic¨ªa estar¨¢ obligada a comunicar esta medida ¡°de limitaci¨®n de derechos¡± a la Fiscal¨ªa, al Defensor del Pueblo y, en el caso de que exista polic¨ªa auton¨®mica con competencias en el territorio donde se produce, a esta. En ning¨²n momento, como sugiere Gonz¨¢lez Pons, se plantea que las fuerzas de seguridad revelen con car¨¢cter previo a otras polic¨ªas detalles de una investigaci¨®n penal.
Delitos. En sus cr¨ªticas, el dirigente popular ha utilizado ejemplos de hechos que, por su gravedad, son consideras delitos y, por tanto, objeto del C¨®digo Penal. Gonz¨¢lez Pons ha asegurado que la modificaci¨®n ¡°va a afectar mucho en los casos de maltrato, de violencia de g¨¦nero, en los que la declaraci¨®n de un polic¨ªa, de un guardia civil ya no va a tener la presunci¨®n de veracidad que antes ten¨ªa¡±. El maltrato y la violencia de g¨¦nero son delitos y, por tanto, quedan fuera de la Ley de Seguridad Ciudadana, que solo sanciona infracciones administrativas.
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