El Gobierno sigue adelante con las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, pero el adelanto electoral salva a la comunidad benedictina

El adelanto electoral al pr¨®ximo 23 de julio y la posibilidad de un cambio de Gobierno inquieta a las v¨ªctimas del franquismo, que temen que, como ya ocurri¨® bajo el mandato de Mariano Rajoy, las pol¨ªticas de memoria vuelvan a meterse en un caj¨®n. Eso fue, de hecho, lo que pidi¨® el entonces ministro de la Presidencia, Ram¨®n J¨¢uregui, que no hiciera el Ejecutivo del PP cuando, en noviembre de 2011, con el Gobierno socialista ya en funciones tras haber perdido el PSOE las elecciones generales de aquel a?o, present¨® el plan del comit¨¦ de expertos para la democratizaci¨®n del Valle de los Ca¨ªdos. Aquel ruego cay¨® en saco roto, pero los familiares de los represaliados lo tienen muy presente. Un par¨®n en la aplicaci¨®n de la Ley de Memoria Democr¨¢tica ser¨ªa todav¨ªa m¨¢s da?ino ahora por la avanzada edad de la mayor¨ªa de las v¨ªctimas del franquismo. Feij¨®o ha asegurado que la derogar¨¢ si llega al poder y ha criticado todas las actuaciones en el Valle de Cuelgamuros hasta ahora. Mientras que su eventual socio, Vox, es especialmente beligerante contra la norma, que recurri¨® ante el Tribunal Constitucional por considerar que intenta ¡°condicionar la libertad de pensamiento, de conciencia, de c¨¢tedra y de fundaci¨®n¡±. Estas son las tareas pendientes.

Valle de Cuelgamuros. La resignificaci¨®n del monumento ideado por Franco para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil es un proceso complejo que el Gobierno ha dividido en distintas fases. Ya se han llevado a cabo el traslado de la tumba del dictador (octubre de 2019) y la del fundador de La Falange, Jos¨¦ Antonio Primo de Rivera (en abril); se ha cambiado el nombre del recinto ¡ªde Valle de los Ca¨ªdos, la denominaci¨®n franquista, a Valle de Cuelgamuros¡ª; desde 2007 est¨¢n prohibidos los actos de exaltaci¨®n de la Guerra Civil o la dictadura en sus inmediaciones y se ha elaborado un portal web espec¨ªfico sobre la historia del monumento. Pero quedan pendientes 128 reclamaciones de restos de personas que fueron enterradas en el mausoleo sin consentimiento de sus familiares, la expulsi¨®n de la comunidad benedictina y la construcci¨®n de un centro de interpretaci¨®n que convierta al complejo en una especie de maqueta del franquismo. En ¨¦l se explicar¨¢, desde la democracia, por qu¨¦ supone uno de los mejores ejemplos del nacionalcatolicismo o de c¨®mo se construy¨® con mano de obra presa.

De estas tres ¨²ltimas fases del proceso de resignificaci¨®n, fuentes del Gobierno aseguran que siguen adelante con los trabajos para devolver los restos a las familias que los reclaman, en alg¨²n caso, como el de Fausto Canales, que tiene a su padre y a su t¨ªo all¨ª enterrados, desde hace 20 a?os. En el interior de la bas¨ªlica se ha levantado un laboratorio, desplazando los bancos pr¨®ximos a la capilla del sepulcro, la cripta donde se encuentran la mayor¨ªa de los restos solicitados por las familias, para colocar mesas forenses. Las ¨²ltimas catas que se han llevado a cabo, adem¨¢s, indican que el estado de las cajas en las que fueron inhumadas las v¨ªctimas est¨¢n algo mejor de lo que apuntaban estudios anteriores, aunque el proceso sigue siendo muy complejo.

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Feij¨®o no valora la exhumaci¨®n de Queipo de Llanos

El adelanto electoral supone que ya no habr¨¢ tiempo, antes de los comicios, de elaborar el decreto del nuevo marco jur¨ªdico del complejo que iba a provocar la expulsi¨®n de la comunidad benedictina, que rige el monumento desde 1958 y que, a juicio del Ejecutivo, ha demostrado ser ¡°incompatible¡± con los nuevos fines democr¨¢ticos del recinto. De hecho, el prior, Santiago Cantera, estuvo a punto de ser detenido durante la exhumaci¨®n de Franco, a la que se opuso en todo momento y que se llev¨® a cabo finalmente en octubre de 2019 con el aval de los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

Las elecciones tambi¨¦n dejan en suspenso la ¨²ltima fase de la resignificaci¨®n del Valle, la construcci¨®n de un centro de interpretaci¨®n para que se haga en Espa?a lo que se ha hecho en otros pa¨ªses con pasados traum¨¢ticos, construcciones significativas. Por ejemplo, la ESMA, el centro de detenci¨®n, tortura y exterminio de la dictadura argentina (1976-1983), que hoy est¨¢ convertido en un museo de memoria que difunde el conocimiento de las pr¨¢cticas del terrorismo de Estado, sus antecedentes y sus consecuencias.

Extinci¨®n de la Fundaci¨®n Franco. Otra de las novedades de la ley de memoria que entr¨® en vigor en octubre es la inclusi¨®n como ¡°causa de extinci¨®n de fundaciones por no constituir fin de inter¨¦s general, la apolog¨ªa del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillaci¨®n de la dignidad de las v¨ªctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitaci¨®n directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas¡±. Ese apartado de la norma afecta de lleno a la Fundaci¨®n Nacional Francisco Franco, que niega la represi¨®n franquista y se dedica a loar al dictador, algo que el comisionado de la ONU Pablo de Greiff ha descrito como una ¡°anomal¨ªa en Europa¡±.

La extinci¨®n de la fundaci¨®n requiere un procedimiento que ahora tambi¨¦n queda en suspenso. La ley se daba un a?o para promover la modificaci¨®n de la norma de 2002 que regula el derecho de asociaci¨®n para incluir como causa de disoluci¨®n la apolog¨ªa del franquismo. Una vez hecha esa modificaci¨®n, el protectorado de fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura, instar¨ªa judicialmente a la extinci¨®n y el ¨®rgano judicial podr¨ªa, de oficio, o a instancia de parte, acordar la suspensi¨®n provisional de sus actividades hasta que se dictase sentencia.

Conocimiento de la represi¨®n franquista. Un reciente estudio revel¨® profundas lagunas en estudiantes y trabajadores de 16 a 30 a?os sobre la Guerra Civil y la dictadura. La ley de memoria establece que la ciudadan¨ªa tiene ¡°el derecho inalienable al conocimiento de la verdad hist¨®rica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el r¨¦gimen franquista¡±, se marca como objetivo fomentar su conocimiento y recuerda ¡°el deber de memoria de los poderes p¨²blicos para evitar la repetici¨®n de cualquier forma de violencia pol¨ªtica o totalitarismo¡±. Para ello, establece que ¡°el sistema educativo espa?ol incluir¨¢ entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democr¨¢tica espa?ola y la lucha por los valores y libertades democr¨¢ticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represi¨®n que se produjo durante la Guerra y la Dictadura¡±.

Un acuerdo entre la Secretar¨ªa de Estado de Memoria y la de Educaci¨®n permiti¨® incluir el a?o pasado esos contenidos en los decretos de ense?anzas b¨¢sicas de ESO y Bachillerato. Adem¨¢s, la ley prev¨¦ ¡°planes de formaci¨®n continua de la Administraci¨®n General del Estado¡± de ¡°sensibilizaci¨®n en relaci¨®n con la memoria democr¨¢tica¡±. Todo ese proceso, advierten desde el Gobierno, se interrumpir¨¢ si PP y Vox, que califican esas iniciativas de ¡°adoctrinamiento¡±, llegan al poder.

Auditoria de bienes incautados y empresas beneficiadas por el franquismo. La ley se daba un a?o de plazo para llevar a cabo una auditor¨ªa de los bienes expoliados ¡°por razones pol¨ªticas, ideol¨®gicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura¡±. Tambi¨¦n prev¨¦ que elabore un censo de las empresas que se beneficiaron de los trabajos forzados de presos durante ese periodo y, en colaboraci¨®n con otras administraciones p¨²blicas, el desarrollo de un ¡°inventario de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, as¨ª como por prisioneros en campos de concentraci¨®n, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas¡±. Un triunfo de la derecha, indican desde el Gobierno, impedir¨ªa que se llevaran a cabo estas investigaciones.

Exhumaciones y banco de ADN. Desde la entrada en vigor de la ley, es la Administraci¨®n General del Estado, en colaboraci¨®n con autonom¨ªas y ayuntamientos, la que asume la b¨²squeda de los fusilados que a¨²n yacen en fosas y cunetas y su identificaci¨®n, para lo que estaba prevista la creaci¨®n de un banco de ADN. El departamento competente en materia de memoria democr¨¢tica elabora planes plurianuales de localizaci¨®n de los enterramientos clandestinos y su continuidad depender¨¢ del resultado electoral. Estas tareas suponen en torno al 60% del presupuesto del Gobierno al cap¨ªtulo de memoria democr¨¢tica. En su momento, Mariano Rajoy no derog¨® la ley de memoria hist¨®rica aprobada en 2007, pero la dej¨® sin efecto al suprimir las partidas presupuestarias para su aplicaci¨®n. Su sucesor, Pablo Casado, propuso derogar la norma y sustituirla por una nueva, llamada ¡°de concordia¡±, que encarg¨® a Adolfo Su¨¢rez Illana y que nunca lleg¨® a concretarse. Feij¨®o tambi¨¦n se ha comprometido a derogar la Ley de Memoria Democr¨¢tica, aunque no aclara su alternativa.

Su eventual socio de Gobierno si ganase, Vox, ha afeado en numerosas ocasiones al PP que no derogara tampoco las leyes auton¨®micas de memoria en las comunidades donde gobiernan, una exigencia que ha puesto sobre la mesa hasta ahora en todos sus pactos electorales. El comisionado de Naciones Unidas Pablo de Greiff recuerda que las pol¨ªticas de memoria ¡°no son un invento de Espa?a o de un partido pol¨ªtico, sino asuntos de Estado que responden a obligaciones internacionales¡±. Desde 2000, se han recuperado los restos de m¨¢s de 11.000 v¨ªctimas. La ley no se dirige solo a las de un bando, aunque la mayor¨ªa de los fusilados a manos de republicanos ya fueron exhumados, honrados y reparados durante la dictadura.