Los recursos del PP y Vox ante el Constitucional anticipan su contrarreforma si gobiernan

El PP y Vox llevan una gran parte de la actual legislatura pronunciando las palabras ¡°derogar el sanchismo¡± para sintetizar en qu¨¦ consiste su idea de cambio frente al Gobierno presidido por Pedro S¨¢nchez. La alternativa que desde la oposici¨®n se defiende frente a las pol¨ªticas de la presente mayor¨ªa parlamentaria se desprende con claridad de los recursos presentados por los dos partidos citados en el Constitucional. El conjunto de dichas impugnaciones abarca un ampl¨ªsimo espectro, y si se aplicaran sus tesis se producir¨ªa un giro sustancial, cuando no radical, a favor de los postulados m¨¢s conservadores en muy variadas materias.

Los recursos presentados por el PP o Vox, y muchas veces por ambos partidos sucesivamente, van desde la legislaci¨®n laboral hasta la ley trans o la reforma del C¨®digo Penal ¡ªdelitos de sedici¨®n y malversaci¨®n¡ª, pasando por el derecho a la vida ¡ªleyes sobre el aborto o la eutanasia¡ª, la organizaci¨®n del poder judicial, o el sistema educativo, con vuelta a la financiaci¨®n p¨²blica de los colegios que segregan por sexo e imposici¨®n de cuotas ling¨¹¨ªsticas en las escuelas de las comunidades con idioma cooficial. Ambos partidos han actuado tambi¨¦n contra los decretos ley, cuestionando su contenido ¡ªen materia de igualdad o prohibici¨®n de desahucios durante la pandemia, por ejemplo¡ª, o que hubiera urgencia para aprobarlos, y en ocasiones ambas cosas a la vez.

PP y Vox pidieron que estas leyes fueran declaradas inconstitucionales, de forma ¨ªntegra, o en sus aspectos sustanciales. En puridad, por tanto, un Gobierno basado en coalici¨®n o en acuerdos parlamentarios entre ambas fuerzas supondr¨ªa ¡ªsi fueran coherentes con su prop¨®sito inicial de expulsar dichas normas del ordenamiento jur¨ªdico¡ª que la posibilidad legal de interrumpir voluntariamente el embarazo en las 14 primeras semanas de gestaci¨®n desapareciera y se volviera a la ley de supuestos vigente hasta 2010.

En el propio tribunal se subraya que el PP tuvo oportunidad de derogar la ley del aborto de 2010 ¡ªdeclarada acorde con la Constituci¨®n el pasado mayo¡ª, y no lo hizo, pese a haber contado con mayor¨ªa absoluta para ello. Partiendo de lo ocurrido en este caso ¡ªque revela la importancia de los c¨¢lculos de inter¨¦s y las conveniencias en cada momento¡ª, en medios del ¨®rgano de garant¨ªas se estima que PP y Vox han acudido en esta legislatura al Constitucional para tratar de ganar con sus recursos lo que no pudieron obtener en el Parlamento, es decir, con el deseo de que el tribunal actuara como tercera c¨¢mara de la que pudieran esperarse fallos que erosionaran al Gobierno, al desactivar sus iniciativas legislativas.

En el caso del aborto, aunque no hubiera vuelta atr¨¢s sobre la ley de plazos, la aceptaci¨®n de los criterios del recurso del PP podr¨ªa implicar, por ejemplo, la obligaci¨®n de proporcionar a la gestante informaci¨®n no solo escrita, sino tambi¨¦n verbal, sobre la intervenci¨®n a que quiere someterse y sus posibles alternativas, y la obligatoriedad de observar un per¨ªodo de reflexi¨®n para valorarlas. Respecto a la posibilidad de abortar entre los 16 y los 18 a?os sin autorizaci¨®n de los padres, tal y como qued¨® regulado en la ¨²ltima reforma aprobada en febrero pasado, Feij¨®o ha defendido volver a la modificaci¨®n que el PP aprob¨® en 2015 estableciendo la obligaci¨®n de contar ese permiso para interrumpir el embarazo.

Otro caso es el de la Ley de Memoria Democr¨¢tica. Si el PP y Vox alcanzaran el Gobierno y mantuvieran las tesis de sus recursos de inconstitucionalidad contra esta ley, sus aspectos b¨¢sicos deber¨ªan quedar derogados durante sus primeros d¨ªas en La Moncloa. Vox le gan¨® por la mano al PP en la presentaci¨®n del recurso. Lo formaliz¨® en febrero y los populares en abril. El PP argument¨® que esta ley incumple la Constituci¨®n desde el art¨ªculo uno, y que vulnera numerosos derechos fundamentales, incluidos el de libertad ideol¨®gica y el de libertad de expresi¨®n, e incluso el reparto de competencias entre administraciones.

El caso tal vez m¨¢s pol¨¦mico ¡ªpor las tensiones que gener¨® en el propio tribunal¡ª fue el de los recursos presentados por dichas formaciones contra los decretos aprobados por el Gobierno para declarar el estado de alarma con el fin de luchar contra la pandemia de covid-19. La sentencias que anularon dichos decretos ¡ªaprobadas por 6 votos a 5, con el anterior tribunal, de mayor¨ªa conservadora¡ª implicaron que se considerasen inconstitucionales por haber supuesto una suspensi¨®n y no una limitaci¨®n de derechos fundamentales de los ciudadanos. La consecuencia de esta doctrina supone que cualquier situaci¨®n similar que pueda producirse en el futuro ¡ªque implique el confinamiento de la poblaci¨®n, por ejemplo¡ª requerir¨¢ la declaraci¨®n del estado de excepci¨®n por parte de las Cortes, con una restricci¨®n mucho mayor de derechos y garant¨ªas.

En el Constitucional se ha constatado que han sido numerosas las ocasiones en que ha existido una aut¨¦ntica carrera entre el PP y Vox a la hora de presentar impugnaciones. La labor de Vox ha sido particularmente intensa, alcanzado los 47 recursos de inconstitucionalidad, lo que supone que ha impugnado la pr¨¢ctica totalidad de las leyes m¨¢s importantes de la legislatura. Con frecuencia, la presentaci¨®n de un recurso por parte de Vox ha supuesto la posterior llegada de otro similar del PP. As¨ª ocurri¨®, por ejemplo, con la Ley de Eutanasia o con la reforma educativa de la ley Cel¨¢a. Fuentes del propio Constitucional interpretan que en m¨¢s de una ocasi¨®n los populares actuaron despu¨¦s de Vox para impedir que cualquier posible anulaci¨®n de leyes importantes ¡ªen especial antes de la ¨²ltima renovaci¨®n del tribunal, en enero pasado¡ª proporcionara alg¨²n tipo de r¨¦dito pol¨ªtico que pudiera aprovechar en exclusiva el partido de Abascal.

Entre el PP y Vox hubo concurrencia y competencia, por ejemplo, tambi¨¦n en el citado caso de los decretos por los que el Gobierno declar¨® el estado de alarma para hacer frente a la pandemia. El objetivo pol¨ªtico confesado de aquella iniciativa fue tratar de provocar una fuerte erosi¨®n del Gobierno. De hecho, los dirigentes populares manifestaron m¨¢s de una vez que en otro pa¨ªs la sentencia que anul¨® los decretos del estado de alarma hubiera provocado la dimisi¨®n de su presidente. En el propio tribunal, sin embargo, el fallo dio lugar a los votos discrepantes de los cinco magistrados que ten¨ªa el sector progresista, que ahora cuenta con siete. Tales magistrados advirtieron de los efectos perniciosos de un fallo que har¨ªa mucho m¨¢s dif¨ªcil luchar en el futuro contra una emergencia sanitaria, u otro tipo de cat¨¢strofes, al requerir la declaraci¨®n del estado de excepci¨®n. PP y Vox, sin embargo, aplaudieron el criterio favorable a aplicar esta extrema previsi¨®n constitucional.