Sin abogados para los que llegan en cayuco a Canarias

Este reportaje empieza con una pregunta que se le podr¨ªa hacer a cualquier detenido.

¡ª ?Has visto a un abogado?

La respuesta que dan a EL PA?S m¨¢s de una veintena de senegaleses, menores y adultos, llegados en cayuco a El Hierro o Tenerife durante las ¨²ltimas tres semanas, es siempre la misma. Sin titubeos. ¡°No¡±.

Los migrantes y refugiados que est¨¢n llegando a las islas Canarias pasan a disposici¨®n policial en el momento en el que desembarcan y tienen condici¨®n de detenidos un m¨¢ximo de 72 horas. En ese tiempo, los agentes los identifican, los entrevistan para indagar sobre posibles delitos relacionados con la inmigraci¨®n irregular o el tr¨¢fico de personas y emiten contra ellos una orden de devoluci¨®n que puede llevarlos de vuelta a su pa¨ªs. Como cualquier detenido, los extranjeros tambi¨¦n tienen derecho a un abogado que defienda sus intereses, pero en las islas, la emergencia ¡ªcon la llegada de m¨¢s de 10.500 personas en lo que va de octubre¡ª vuelve a justificar que se ignore un derecho fundamental.

Hace al menos dos semanas que en Tenerife los migrantes ni siquiera ven a un abogado, porque la polic¨ªa directamente no los convoca, seg¨²n ha denunciado la vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mila Pacheco. En otras islas, se moviliza al turno el oficio, pero es una escena habitual que los letrados lleguen, firmen los papeles y se marchen. Sin hablar con sus clientes, sin recurrir las ¨®rdenes de devoluci¨®n, sin informarles sobre su derecho a pedir asilo, sin preguntarles sobre sus familiares en Europa, sin dejarles su tarjeta de contacto.

El Defensor del Pueblo lleva a?os advirtiendo de las deficiencias de la asistencia letrada en las llegadas irregulares a las costas. En su pen¨²ltima referencia al asunto, en 2021, la instituci¨®n afirmaba: ¡°Las carencias detectadas en la asistencia letrada y de int¨¦rpretes vuelve a ser justificada en la urgencia y en la necesidad de agilizar los procedimientos. El Defensor del Pueblo ha vuelto a constatar en sus visitas que las dificultades para llevar a cabo una asistencia letrada individualizada con int¨¦rprete y el resto de las m¨ªnimas garant¨ªas, lo que acaba convirtiendo este tr¨¢mite, en demasiadas ocasiones, en un mero formalismo¡±.

Los abogados de oficio cobran 300 euros por atender a seis migrantes en cada turno. Es una tarifa muy ajustada para quienes se implican en cada uno de los casos y recurren las devoluciones, pero los siete letrados consultados para este reportaje coinciden en que es un regalo para los compa?eros que se limitan a estampar una firma.

Irma Ferrer, abogada en Lanzarote, es muy cr¨ªtica con algunos de sus colegas. ¡°Muchos abogados han aceptado el discurso xen¨®fobo y confunden su ejercicio profesional con su ideolog¨ªa. Pol¨ªticamente, puedes pensar lo que quieras, que hay que echarlos a todos, incluso, pero cuando vas a asistir a una persona tienes que garantizar sus derechos¡±, reclama. ¡°Se ve un sentimiento de repudio al atenderles¡±, asegura la abogada Loueila Mint El Mamy. ¡°Vienen con su mascarilla, firman y se van. El otro d¨ªa ¨¦ramos 15 letrados en una asistencia y solo tres nos quedamos a entrevistarnos con nuestros clientes¡±, lamenta.

Aun si la asistencia letrada fuese irreprochable, los abogados se encontrar¨ªan con que no pueden comunicarse bien con sus clientes porque no hay int¨¦rpretes suficientes. Las comunicaciones entre los letrados y los migrantes se han llegado a hacer con un tel¨¦fono conectado a un altavoz. ¡°La escena era surrealista¡±, describe Loueila Mint El Mamy sobre una asistencia en Fuerteventura el 5 de octubre. ¡°Los chicos no se enteraban, ten¨ªan que pegarse al altavoz, mientras la agente agarraba el m¨®vil y todo el mundo la rodeaba. Nadie sab¨ªa lo que estaba firmando¡±, explica.

El n¨²mero de int¨¦rpretes disponibles en las islas es un misterio que Interior no resuelve. En 2021, cuando era tambi¨¦n habitual la escena del tel¨¦fono y el altavoz, EL PA?S solicit¨® por el portal de Transparencia cu¨¢ntos traductores trabajaban en el archipi¨¦lago asistiendo a los ocupantes de las pateras, pero la Polic¨ªa Nacional respondi¨® con datos incompletos.

La veintena de chicos que ha contado a EL PA?S que desde su llegada a las islas no ha hablado con un abogado, llevaba en sus bolsillos un ¨²nico papel con membrete de la Polic¨ªa Nacional. El texto, en franc¨¦s y en espa?ol, certifica que se les comunicaron sus derechos como detenidos. Se le¨ªa, entre otras cosas, que deb¨ªan ser asistidos por un abogado de oficio y un int¨¦rprete, pero la mayor¨ªa ni siquiera entend¨ªa ese papel. Hablan w¨®lof y no franc¨¦s, como se les presupone. Todos, sin embargo, saben lo que es un abogado e insisten en que nunca han tenido uno.

La asistencia jur¨ªdica es un derecho fundamental del detenido y, en algunos casos, adem¨¢s, los abogados pueden cambiar el destino de los reci¨¦n llegados. Hay situaciones en las que, por ejemplo, la persona tiene un claro perfil de refugiado y es inexpulsable (como ocurre con los malienses), por lo que la polic¨ªa ni siquiera tendr¨ªa que abrirle un expediente de devoluci¨®n. En otros casos, hay menores de por medio, y un letrado diligente podr¨ªa identificarlos y evitar situaciones como las que se viven diariamente, en las que hay decenas de adolescentes conviviendo con adultos en campamentos de migrantes.

¡°Tengo 17 a?os y se lo dije claramente a la Cruz Roja cuando desembarqu¨¦¡±, cuenta Mor Diop, un chico senegal¨¦s con cara de ni?o. Diop explica que en su cayuco, que lleg¨® a Tenerife el 11 de septiembre, hab¨ªa casi una veintena de menores, pero que, tras la rese?a policial, los agentes solo separaron a seis de ellos. ¡°La traductora nos meti¨® miedo, as¨ª que acabamos diciendo que ¨¦ramos mayores, pero no lo somos y no queremos estar aqu¨ª¡±, resume Diop en la puerta del campamento para adultos donde est¨¢n acogidos ¨¦l y todos los dem¨¢s menores que iban en su cayuco. ¡°Esta situaci¨®n no se habr¨ªa dado nunca si un abogado les hubiese atendido a tiempo y correctamente¡±, mantiene la activista Isora Mesa.

Sorprendentemente, ninguno de los 20 chicos con los que ha hablado EL PA?S guarda con ¨¦l su acuerdo de devoluci¨®n, la resoluci¨®n administrativa que determina que un extranjero debe ser repatriado a su pa¨ªs por haber entrado en territorio espa?ol de forma irregular. No se les ha entregado ese papel.

La falta de este documento revela que aunque la polic¨ªa est¨¦ incoando estos procedimientos, como asegura el Ministerio del Interior, no se lo est¨¢ notificando a cientos de migrantes llegados a El Hierro y Tenerife en las ¨²ltimas semanas. Los agentes est¨¢n dejando sin concluir el procedimiento porque los constantes desembarcos les obligan a acelerar las puestas en libertad para dejar espacio a los siguientes reci¨¦n llegados. Cuando se acumula el trabajo se viven escenas como las del fin de semana pasado, cuando la polic¨ªa acab¨® desalojando el garaje de la comisar¨ªa de Lanzarote para desplegar esterillas de yoga e instalar ah¨ª a decenas de personas. Escena parecida se ha repetido en una comisar¨ªa de Tenerife.

La ausencia del papel f¨ªsico no quiere decir que si, en un futuro, un polic¨ªa identifica al extranjero en la calle no pueda retomar la devoluci¨®n a su pa¨ªs, pero es una anomal¨ªa y reduce las garant¨ªas que el migrante tiene para recurrirlo. ¡°Toda llegada irregular conlleva un decreto de devoluci¨®n y, en los pocos casos en los que no se notifica, queda grabado en la base de datos policial y es ejecutable¡±, mantienen fuentes de Interior, que no han respondido a las preguntas sobre la presencialidad de los letrados o el n¨²mero de int¨¦rpretes disponibles. En cualquier caso, Espa?a no est¨¢ expulsando a senegaleses, la principal nacionalidad de los que llegan, porque las autoridades de Dakar se resisten a aceptar de vuelta a sus nacionales.

En este contexto, adem¨¢s, la Polic¨ªa Nacional est¨¢ interpretando que, si no notifica la devoluci¨®n, no es necesaria la asistencia jur¨ªdica y, por eso, hace ya dos semanas que en Tenerife ni siquiera se llama a los abogados para atender a los reci¨¦n llegados. ¡°La situaci¨®n est¨¢ totalmente desbordada¡±, mantiene la vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mila Pacheco. ¡°El abogado tiene que asistirles porque est¨¢n detenidos, hay una orden de devoluci¨®n y luego una puesta en libertad, pero no nos est¨¢n convocando¡±, a?ade.

Pero la l¨®gica que se est¨¢ siguiendo en Tenerife tiene trampa, advierten veteranos abogados curtidos en las islas. El abogado, se?alan, no solo es necesario cuando se notifica una orden de devoluci¨®n, sino que debe estar con su cliente desde el inicio, como lo har¨ªa cualquier letrado con cualquier otro cliente.