Conjura de togas contra la amnist¨ªa

El Poder Judicial ha iniciado una batalla pol¨ªtica contra los poderes ejecutivo y legislativo, como nunca lo hizo antes en la reciente etapa democr¨¢tica. Togados de toda Espa?a, muchos de ellos altos cargos de sensibilidad conservadora favorecidos en su d¨ªa por el PP, lanzan desde hace dos semanas invectivas contra el Gobierno a cuenta de la futura ley de amnist¨ªa que borrar¨¢ los delitos a todos los encausados por el ilegal proceso independentista catal¨¢n.

Jueces progresistas contrarios a estas protestas, porque consideran que comprometen la imagen de neutralidad de la Justicia, recuerdan que la ley del Poder Judicial castiga como falta grave la ¡°censura a las autoridades y poderes p¨²blicos, invocando la condici¨®n de juez o sirvi¨¦ndose de esa condici¨®n¡±. Pese a estas limitaciones que impone la ley, las c¨²pulas judiciales conservadoras censuran estos d¨ªas ¨Dcon pronunciamientos, firma de comunicados y protestas en la calle¨D a las autoridades y poderes p¨²blicos que han impulsado la ley de amnist¨ªa y acordado la investigaci¨®n de casos de persecuci¨®n judicial a pol¨ªticos.

Un magistrado de sensibilidad conservadora resume as¨ª la pugna abierta entre los poderes del Estado: ¡°De momento, vamos perdiendo¡­ pero todav¨ªa hay partido¡±.

El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a instruyen casos con decenas de independentistas encausados a los que deber¨¢n aplicar la amnist¨ªa. Esos tres ¨®rganos prev¨¦n impugnar la futura ley, seg¨²n altos cargos judiciales. Sus salas de gobierno han aprobado ya un comunicado contra el acuerdo pol¨ªtico del PSOE y Junts, aunque sin citarlo: ¡°El Estado de derecho en el que se fundan la Uni¨®n Europea y nuestro orden constitucional exige el absoluto respeto a la divisi¨®n de poderes¡±.

La tesis que encierra esa frase sostiene que la futura ley no respeta la divisi¨®n de poderes, pues el art¨ªculo 117 de la Constituci¨®n atribuye ¨²nicamente al Poder Judicial la competencia para ¡°juzgar y hacer ejecutar lo juzgado¡±. Una amnist¨ªa, seg¨²n esta teor¨ªa, deja en manos del legislativo la posibilidad de eliminar lo juzgado o por juzgar y, por tanto, no respeta la divisi¨®n de poderes. ¡°Me sorprende este argumento¡±, replica un fiscal progresista, ¡°porque la Constituci¨®n dice que los jueces ejercen la potestad jurisdiccional¡­ con sujeci¨®n a la ley. Luego su l¨ªmite est¨¢ en la ley, en lo que diga el Parlamento¡±.

Algunos jueces, minoritarios en las salas de gobierno de la Audiencia Nacional o de los tribunales superiores de Catalu?a o Pa¨ªs Vasco, emitieron votos particulares contra los comunicados: ¡°No tenemos competencia para emitir acuerdos sobre pactos entre formaciones pol¨ªticas y estamos obligados a mantener la neutralidad en el debate partidista¡±.

Con argumentos parecidos, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el conservador Vicente Guilarte, se neg¨® a apoyar un comunicado de nueve vocales elegidos a propuesta del PP contra la futura ley de amnist¨ªa del Gobierno: ¡°Entiendo que la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional: es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es tambi¨¦n el que desde el Consejo General del Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad pol¨ªtica¡±, se?al¨®.

25 a?os de hegemon¨ªa del PP. Los ¨²ltimos 25 a?os de historia del Consejo General del Poder Judicial han estado bajo control casi exclusivo de la derecha (PP), imponiendo as¨ª la mayor¨ªa de nombramientos de cargos judiciales y de magistrados del Supremo. Esta hegemon¨ªa conservadora en la c¨²pula del Poder Judicial facilita ahora la conjura de jueces para combatir una ley de amnist¨ªa que ni siquiera ha comenzado a tramitarse en el Congreso y contra un acuerdo entre dos partidos (PSOE y Junts) que quieren investigar la actuaci¨®n de jueces para probar que hubo una persecuci¨®n ilegal e injusta (lawfare lo llaman) a independentistas catalanes.

Investigar a polic¨ªas y al CNI, no a jueces. La primera prueba de que ese juicio pol¨ªtico a los jueces no se va a producir ha sido la creaci¨®n de tres comisiones de investigaci¨®n en el Congreso. En ninguna de ellas se va a juzgar el trabajo de los jueces, sino el de comisarios de polic¨ªa del Ministerio del Interior bajo las ¨®rdenes del PP; y el de responsables del CNI durante el primer mandato del Gobierno de coalici¨®n PSOE/Unidas Podemos por el presunto espionaje a independentistas con el sistema Pegasus.

En esas tres investigaciones parlamentarias, uno de los motivos de la protesta de togados, no se juzgar¨¢ el trabajo de jueces, sino las maniobras de la polic¨ªa contra independentistas catalanes; el funcionamiento de la polic¨ªa y el CNI ante los atentados de Las Ramblas y de Cambrils de 2017; y el espionaje del servicio de inteligencia a independentistas catalanes.

¡°Volar por los aires el Estado de derecho¡±. Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades est¨¢n dominadas por la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, a la que est¨¢n afiliados 1.355 de los 5.408 miembros de la judicatura. Esta asociaci¨®n, mayoritaria en la carrera, emiti¨® un comunicado dos semanas antes de que se conociera el texto de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa donde censuraba los planes del Ejecutivo: ¡°Se pretende ahora dar un paso m¨¢s y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constituci¨®n de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho¡±. Un fiscal progresista considera muy grave ese comunicado: ¡°Aunque parezca irreal, piensan as¨ª. Creen que el Poder Judicial es suyo porque lo heredaron de sus abuelos y de sus padres. No est¨¢n en Ferraz manifest¨¢ndose porque les viene mal ir por la noche¡±. Y cuestiona el comportamiento de las salas de Gobierno al aprobar comunicados que indirectamente suponen un ataque a determinados partidos: ¡°Se est¨¢n metiendo en pol¨ªtica. No estamos en el ejercicio de una acci¨®n jurisdiccional, sino en un pronunciamiento pol¨ªtico sobre el contenido de un acuerdo pol¨ªtico. Los cauces del Poder Judicial para cuestionar una norma jur¨ªdica son otros, no los pronunciamientos p¨²blicos¡±.

Cascada de recursos para frenar la aplicaci¨®n de la ley. El cauce para impedir la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa es doble. Por un lado, los jueces del Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a estudian ya la presentaci¨®n de una cuesti¨®n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea al entender que la norma espa?ola es contraria al Derecho de la Uni¨®n Europea. Adem¨¢s, planean una cuesti¨®n de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Los magistrados consultados por este peri¨®dico entienden que las dos v¨ªas suspenden de hecho la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa a los condenados, procesados o imputados hasta que se pronuncie el tribunal europeo y el espa?ol. Sin embargo, el art¨ªculo 10 de la proposici¨®n de ley registrada en el Congreso de los Diputados establece que ¡°las decisiones [sobre la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa] se adoptar¨¢n en el plazo m¨¢ximo de dos meses, sin perjuicio de ulteriores recursos, que no tendr¨¢n efectos suspensivos¡±.

Un jurista de sensibilidad progresista entiende que al tratarse de una ley org¨¢nica ¡°singular¡± puede invalidar para estos casos otra norma de similar rango que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional y que se?ala (art¨ªculo 35.3) que el ¡°planteamiento de una cuesti¨®n de constitucionalidad originar¨¢ la suspensi¨®n provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que se resuelva definitivamente sobre la cuesti¨®n¡±.

Sin embargo, otro magistrado del Supremo cree que esa interpretaci¨®n es err¨®nea y que la impugnaci¨®n que plantear¨¢n sus compa?eros podr¨ªa a?adir otro motivo m¨¢s de inconstitucionalidad por la eliminaci¨®n del car¨¢cter suspensivo de los recursos. ¡°Es ins¨®lito lo que estamos viviendo. Esto no se lo puede tragar ning¨²n jurista porque es un dislate que una ley incluya una previsi¨®n para neutralizar un recurso¡±, se?ala.