La justicia se cruza con estr¨¦pito en la bronca pol¨ªtica tras la investidura

La ofensiva de las c¨²pulas de distintos tribunales de justicia contra el Gobierno por impulsar la amnist¨ªa para los encausados del ilegal proceso independentista catal¨¢n se ha cruzado en los ¨²ltimos d¨ªas con la bronca pol¨ªtica en las instituciones y con las protestas en la calle azuzadas por la derecha (PP) y la ultraderecha (Vox).

En ese ambiente de violenta polarizaci¨®n, el Gobierno (PSOE y Sumar) recibi¨® ayer dos importantes varapalos a nombramientos muy sensibles de la estructura institucional. El Tribunal Supremo anul¨® el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por carecer del suficiente prestigio jur¨ªdico. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consider¨® ¡°no id¨®neo¡± al fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, por ocho votos de vocales conservadores frente a siete de vocales progresistas.

El CGPJ tiene el mandato caducado desde hace casi cinco a?os y desde hace dos tiene prohibidos los nombramientos. Pero ayer opinaron, porque es preceptivo, seg¨²n la ley, sobre el nombramiento del fiscal general del Estado, al que un a?o y medio antes hab¨ªan considerado ¡°id¨®neo¡± para el puesto por 12 votos frente a siete.

El PP aprovech¨® estos pronunciamientos para denunciar ¡°un hundimiento institucional sin precedentes que afecta a la independencia judicial¡±. Una visi¨®n muy distinta a la del ministro de Presidencia y Justicia, F¨¦lix Bola?os, quien viaj¨® ayer a Bruselas para tratar con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y con la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourov¨¢, sobre la ley de amnist¨ªa. El ministro asegur¨® que la Comisi¨®n Europea tiene ¡°cero preocupaci¨®n¡± por la salud del Estado de derecho en Espa?a.

Mientras tanto, en la Audiencia Nacional continuaba ayer una batalla jur¨ªdica mayor entre la Fiscal¨ªa y el instructor del caso Tsunami Democr¨¤tic, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, a cuenta de la posible imputaci¨®n del expresidente Carles Puigdemont por terrorismo. El auto del juez Garc¨ªa-Castell¨®n, que llevaba cuatro a?os investigando las movilizaciones de Tsunami Democr¨¤tic contra la sentencia del proc¨¦s, lleg¨® unos d¨ªas antes de que el PSOE y Junts cerraran su acuerdo para una ley de amnist¨ªa cuyo objetivo es perdonar a cientos de personas, entre ellas Puigdemont, los delitos relacionados con el desaf¨ªo independentista catal¨¢n.

Aviso del fiscal al juez del ¡®caso Tsunami¡¯ por dilaciones indebidas. La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional recurri¨® el auto del juez ante la sala de lo Penal al considerar que no exist¨ªa un delito de terrorismo en los hechos investigados sino de des¨®rdenes p¨²blicos, por lo que el caso deb¨ªa devolverse al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, y que tampoco exist¨ªan suficientes indicios para imputar a Puigdemont.

El juez Garc¨ªa Castell¨®n opt¨® entonces por pedir la imputaci¨®n de Puigdemont al Tribunal Supremo a trav¨¦s de una exposici¨®n razonada, dado que el expresidente catal¨¢n, huido de la justicia desde 2017, estaba aforado en ese tribunal, seg¨²n argument¨® entonces el instructor.

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional reaccion¨® ayer cuestionando estas maniobras del juez Garc¨ªa-Castell¨®n, al que atribuy¨® dilaciones indebidas al no trasladar todav¨ªa su recurso, presentado el pasado 10 de noviembre, a la Sala de lo Penal del Supremo.

Querella contra Garc¨ªa-Castell¨®n. Podemos present¨® la semana pasada una querella contra el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n por prevaricaci¨®n judicial y revelaci¨®n de secretos en la causa que reabri¨® este magistrado en 2021 por supuesta financiaci¨®n ilegal de la formaci¨®n pol¨ªtica que dirigi¨® hasta hace dos a?os Pablo Iglesias. El magistrado Garc¨ªa-Castell¨®n intent¨® imputar a Iglesias en el caso Dina por un delito de revelaci¨®n de secretos cuando era vicepresidente del Gobierno, pero el Supremo lo rechaz¨®.

Mientras se resuelve ahora la querella contra el magistrado, la Audiencia Nacional ha remitido al juzgado de Garc¨ªa-Castell¨®n otra denuncia de Podemos para que se investigue la supuesta persecuci¨®n policial sin amparo judicial que el Ministerio del Interior puso en marcha entre 2012 y 2016 con el Gobierno de Mariano Rajoy. Hay m¨²ltiples pruebas en los sumarios que instruye Garc¨ªa-Castell¨®n de esa persecuci¨®n policial que, de momento, sigue impune.

La investigaci¨®n del lawfare policial. Podemos ha recurrido esta decisi¨®n por entender que el juez Garc¨ªa-Castell¨®n tiene animadversi¨®n hacia esa formaci¨®n pol¨ªtica y, por tanto, no puede decidir sobre la denuncia que han presentado. Garc¨ªa Castell¨®n instruye desde hace a?os el caso T¨¢ndem, donde se acumulan cientos de pruebas de actuaciones ilegales de la polic¨ªa contra adversarios pol¨ªticos del PP o para proteger al Gobierno de Mariano Rajoy, destruyendo pruebas de la supuesta financiaci¨®n ilegal de la formaci¨®n conservadora. Solo este ¨²ltimo caso ha tenido consecuencias judiciales: el magistrado ha procesado al exministro del Interior Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz y al exsecretario de Estado, Francisco Mart¨ªnez, junto a media docena de comisarios.