El Gobierno buscar¨¢ bajar la tensi¨®n con el mundo judicial tras las cr¨ªticas de Ribera contra el juez Garc¨ªa-Castell¨®n

La tregua dur¨® muy poco. En las ¨²ltimas semanas, despu¨¦s de la tensi¨®n por la ley de amnist¨ªa, que llev¨® a duras declaraciones del mundo judicial ¡ªla Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, lleg¨® a decir que supone ¡°el principio del fin de la democracia¡±¡ª el Gobierno estaba buscando una pacificaci¨®n de las relaciones con el sector conservador de los jueces, muy claramente enfrentado al Ejecutivo. La instrucci¨®n en esa l¨ªnea de Pedro S¨¢nchez es general, pero es F¨¦lix Bola?os, el ministro de Justicia, quien m¨¢s directamente est¨¢ dedicando esfuerzo a este objetivo. Y en La Moncloa pensaban que lo estaban logrando. Bola?os llam¨® personalmente a muchos jueces para distanciarse de las declaraciones m¨¢s duras de los independentistas, les garantiz¨® que el Gobierno les va a defender e insisti¨® en que el Ejecutivo no asume que exista lawfare en Espa?a.

Consigui¨® incluso una reuni¨®n esta semana con la APM, que hab¨ªa decidido no acudir a su toma de posesi¨®n en un claro gesto de rechazo. Pero todo este intento de rebajar la tensi¨®n qued¨® de nuevo truncado este viernes por unas declaraciones de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en las que reprochaba al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n su ¡°querencia¡± a actuar ¡°en momentos pol¨ªticos sensibles¡±, en referencia a los autos del magistrado en el caso Tsunami Democr¨¤tic, en el que acusa de terrorismo al l¨ªder de Junts, Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En una entrevista en TVE, Ribera insisti¨® varias veces en que el juez acostumbra a ¡°inclinar¡± sus decisiones ¡°siempre en la misma direcci¨®n¡± y que las divulga ¡°en momentos oportunos, con implicaci¨®n pol¨ªtica importante¡±. Esta es una opini¨®n muy extendida dentro del Gobierno, y varios ministros la trasladan en privado y se indignaron especialmente cuando Garc¨ªa-Castell¨®n hizo un auto en noviembre implicando por primera vez a Puigdemont en el caso Tsunami cuatro a?os despu¨¦s de empezar a instruirlo y apuntando a un posible delito de terrorismo precisamente en la semana decisiva de la negociaci¨®n de la investidura de S¨¢nchez, algo que para los miembros del Ejecutivo consultados es dif¨ªcilmente casual, ya que no se hab¨ªa hecho nada similar desde 2019, cuando se produjeron los hechos investigados. Pero una cosa es pensarlo y explicarlo en privado, algo muy extendido en el Gobierno, el PSOE y Sumar, y otra decirlo en p¨²blico.

La reacci¨®n fue tan inmediata y dura, no solo del PP, que ya promueve la reprobaci¨®n de la vicepresidenta en el Senado y considera de ¡°extrema gravedad¡± sus declaraciones, sino del mundo judicial, que culmin¨® con un comunicado contra Ribera por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que asumieron tambi¨¦n los vocales progresistas, que La Moncloa intent¨® minimizar da?os se?alando a trav¨¦s de una nota que ¡°el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas¡± y entrando directamente en el asunto. ¡°En el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el fiscal del caso, por lo que la consideraci¨®n jur¨ªdica de los hechos ocurridos como terrorismo est¨¢n pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional. Ese debate jur¨ªdico se resolver¨¢ por los ¨®rganos judiciales y el Gobierno respetar¨¢, por supuesto, la decisi¨®n final que se adopte. El Gobierno defender¨¢ a los jueces y magistrados de nuestro pa¨ªs de cualquier injerencia en su trabajo, tambi¨¦n de los intentos de hacerlo del PP¡±, se?ala el texto.

Nadie desautoriz¨® formalmente a Ribera. De hecho, ?scar Puente, ministro de Transportes y jurista, respald¨® a la vicepresidenta y dijo que est¨¢ de acuerdo con su idea sobre las ¡°coincidencias temporales¡± de los movimientos de Garc¨ªa-Castell¨®n, ¡°pues en este ¨²ltimo caso se trata de hechos de 2019 y llama la atenci¨®n que cada vez que hay un debate p¨²blico sobre estos temas se produzca una resoluci¨®n del juez¡±. Bola?os a¨²n no se ha pronunciado. Pero el mensaje de La Moncloa demuestra que el Gobierno mantiene su estrategia de destensar, y este nuevo conflicto no estaba planeado. A¨²n as¨ª, en el Ejecutivo insisten en que se trata de una ¡°sobreactuaci¨®n¡± tanto de la derecha judicial como pol¨ªtica, y conf¨ªan en que esta pol¨¦mica quede r¨¢pidamente en nada.

El CGPJ ha salido siempre de forma inmediata a condenar cualquier cr¨ªtica de un miembro del Gobierno de coalici¨®n a un magistrado en los ¨²ltimos cinco a?os, pero en el Ejecutivo caus¨® malestar que no hicieran lo mismo cuando el senador del PP Jos¨¦ Antonio Monago critic¨® al juez Jos¨¦ Ricardo de Prada por la sentencia del caso G¨¹rtel. De Prada pidi¨® amparo y el CGPJ no se lo dio con el argumento de que no era un caso que se estuviera instruyendo en ese momento, al contrario que Garc¨ªa-Castell¨®n con el caso Tsunami, y Monago pidi¨® perd¨®n por lo que dijo en el Senado. Pero estas diferencias generan malestar en el Ejecutivo, que ve al CGPJ desacreditado tras cinco a?os de mandado caducado y dominado absolutamente por el sector conservador m¨¢s cercano al PP.

La comisi¨®n permanente del CGPJ se reuni¨® este viernes de urgencia de forma telem¨¢tica, a petici¨®n de tres vocales conservadores, para responder a Ribera, que hab¨ªa hablado por la ma?ana. El comunicado, suscrito por unanimidad por los siete miembros de este ¨®rgano (cuatro conservadores y tres progresistas) califica las afirmaciones de Ribera como ¡°contrarias al principio de lealtad institucional¡± y ¡°al deber general de respeto a la independencia judicial¡±. ¡°La Comisi¨®n Permanente estima que estas manifestaciones, en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, m¨¢xime si interfieren en una investigaci¨®n en curso de los hechos¡±, se?ala el texto suscrito por el principal ¨®rgano del Consejo despu¨¦s del pleno.

En cualquier caso, y aunque las tensiones seguir¨¢n, sobre todo porque la amnist¨ªa sigue adelante y tiene la clara oposici¨®n del mundo judicial conservador, que tiene que tomar decisiones muy relevantes en su aplicaci¨®n ¡ªespecialmente significativo ser¨¢ lo que haga el Tribunal Supremo¡ª la instrucci¨®n de tratar de rebajar la tensi¨®n sigue vigente, y todo indica que Bola?os mantendr¨¢ su l¨ªnea de declaraciones y gestiones privadas para intentar garantizar a los jueces que el Gobierno respeta su trabajo. La opini¨®n del Gobierno es muy cr¨ªtica con Garc¨ªa-Castell¨®n, un juez conservador que adem¨¢s ha opinado abiertamente sobre la amnist¨ªa, inmiscuy¨¦ndose as¨ª en la tarea del Poder Legislativo, y en realidad Ribera solo traslad¨® lo que se comenta en privado dentro del Ejecutivo, pero la intenci¨®n del Gobierno es intentar que esta tormenta dure poco para tratar de recuperar la l¨ªnea del intento de reconciliaci¨®n de Bola?os de las ¨²ltimas semanas. Aunque todos los ministros consultados asumen que no ser¨¢ f¨¢cil y que lo ¨²nico que realmente cambiar¨ªa el tenso ambiente judicial ser¨ªa un pacto entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ, algo que de momento no parece inminente.