El choque entre legisladores y jueces: un conflicto con pocos precedentes en Europa

Un aparente juego del gato y el rat¨®n se ha instalado en Espa?a en las ¨²ltimas semanas, y vincula a los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Se produce a cuenta de la futura ley de amnist¨ªa: su tramitaci¨®n de urgencia en las Cortes ¡ªcomo condici¨®n impuesta por los partidos independentistas para investir presidente al socialista Pedro S¨¢nchez¡ª va en paralelo a la instrucci¨®n de causas judiciales que, si la ley prospera, ser¨¢n desactivadas. Y los jueces que las instruyen han pisado el acelerador. El pasado noviembre, cuando Junts y el PSOE estaban en plena negociaci¨®n, estudiando c¨®mo delimitar en la amnist¨ªa los delitos de terrorismo, el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n ¡ªque ten¨ªa abierta la causa desde hac¨ªa cuatro a?os¡ª dict¨® un auto que se?alaba expresamente por ese delito al expresident pr¨®fugo (y l¨ªder de Junts) Carles Puigdemont; el PSOE y Junts acordaron entonces una nueva redacci¨®n para intentar sortear la imputaci¨®n, y el juez dict¨® otro auto que ampliaba su posible alcance. Algo similar ha pasado con otra causa vinculada al proc¨¦s que instruye el juez de Barcelona Joaqu¨ªn Aguirre. A cada paso que dan los legisladores, los jueces dan otro en paralelo; y viceversa.

En Europa es dif¨ªcil encontrar precedentes de esta situaci¨®n; tambi¨¦n es complicado o imposible hallar amnist¨ªas de caracter¨ªsticas similares a la espa?ola y vinculadas tan directamente al apoyo a una investidura. Pero s¨ª hay algunos ejemplos de choque entre gobernantes ¡ªo legisladores¡ª y jueces.

Reino Unido

El 1 de mayo de este a?o vence el plazo impuesto por la Troubles Legacy Bill (Ley de Legado y Reconciliaci¨®n de los Problemas en Irlanda del Norte), la norma con la que ser¨¢n amnistiados a partir de ese momento todos los implicados ¡ªque a¨²n no hayan sido juzgados¡ª en cr¨ªmenes cometidos durante las tres d¨¦cadas de violencia sectaria que asolaron Irlanda del Norte hasta la firma del acuerdo de 1998 entre Gran Breta?a e Irlanda. Ese d¨ªa quedar¨¢n cerradas las causas judiciales a¨²n vivas (salvo las muy avanzadas) y a partir de entonces no podr¨¢n abrirse otras nuevas por esos hechos. La ley es, b¨¢sicamente, una amnist¨ªa general ¡ªcon cierta condicionalidad¡ª para todos aquellos delitos cometidos durante los 30 a?os de violencia. M¨¢s de 3.500 personas murieron en ese per¨ªodo, en el que el ej¨¦rcito brit¨¢nico acab¨® implic¨¢ndose de lleno en la guerra que enfrentaba al terrorismo del IRA y al de las organizaciones paramilitares unionistas y protestantes.

Los principales partidos pol¨ªticos de Irlanda del Norte, sus instituciones, la oposici¨®n laborista brit¨¢nica, el Gobierno de Dubl¨ªn y hasta la Administraci¨®n estadounidense se han opuesto a esa amnist¨ªa impulsada por el Gobierno de Rishi Sunak, que, aun afectando a ambas partes del conflicto, est¨¢ dise?ada casi exclusivamente para exonerar a los militares veteranos que siguen perseguidos penalmente por actos de guerra sucia en territorio norirland¨¦s.

Los jueces norirlandeses han transmitido su frustraci¨®n a las v¨ªctimas ante la obligaci¨®n de finiquitar las causas, y en algunos casos han acelerado las investigaciones para intentar sortear la ¡°guillotina¡± ¡ªas¨ª se conoce al plazo impuesto por la ley de amnist¨ªa¡ª del 1 de mayo. Todos, no obstante, han asumido las consecuencias derivadas de la ley.

Seis investigaciones han entrado ya en fase procesal. Otras 13 est¨¢n ya casi listas para ir a juicio. Pero los casos pendientes se acumulan, y no hay suficientes coroners (el juez que realiza la instrucci¨®n inicial) para hacerlos avanzar. ¡°Estamos intentando informar a las familias afectadas, que pertenecen a diferentes comunidades [cat¨®licos o protestantes], y que obtengan la verdad de lo que les sucedi¨® a trav¨¦s de una investigaci¨®n judicial, que es como debe hacerse. Pero con un plazo tan perentorio como el impuesto por la ley, en algunos casos no va a ser posible¡±, reconoc¨ªa el pasado jueves Jon Boutcher, comisario jefe del PSNI, la polic¨ªa brit¨¢nica de Irlanda del Norte.

El juez David Scoffield, que investiga el asesinato de cinco personas a manos de soldados brit¨¢nicos en Belfast hace m¨¢s de 50 a?os, expresa un sentir muy extendido entre la magistratura norirlandesa: ¡°Junto con otros magistrados, he decidido que no voy a suscitar expectativas [de los familiares de v¨ªctimas] sobre el avance de sus casos, porque puede que no resulte posible¡±. El pasado septiembre acept¨® la petici¨®n de los familiares para acelerar el procedimiento, porque la amnist¨ªa ya no se aplicar¨ªa si lo ¨²nico que quedara pendiente, llegado el 1 de mayo, fuera la sentencia. ¡°Voy a hacer todo lo que pueda, de un modo razonable y realista, para intentar concluir este caso. Pero no hay garant¨ªas de que vaya a lograrlo¡±, subraya. ¡°Y no tengo la menor duda de que otros jueces con casos similares, que no vean por delante una perspectiva razonable de poder concluirlos, evitar¨¢n darles prioridad. Para poder dedicar los recursos disponibles a investigaciones ya m¨¢s avanzadas¡±.

Francia

Es dif¨ªcil encontrar en la historia reciente de Francia un precedente legisladores y gobernantes a la gre?a con los jueces por una ley concreta. Tampoco hay precedentes de amnist¨ªas concedidas a cambio de que sus beneficiarios apoyasen la investidura de quien la concede.

La Constituci¨®n francesa reconoce expl¨ªcitamente la amnist¨ªa. Ha habido, desde la fundaci¨®n de la V Rep¨²blica en 1958, dos grandes amnist¨ªas pol¨ªticas; y ambas se han aplicado, no de golpe, sino en varias etapas, ampliando cada vez los criterios para acogerse a la medida. La primera fue la amnist¨ªa por delitos cometidos durante la guerra y la independencia de Argelia, y entre 1962 y 1968 benefici¨® progresivamente a personas con acusaciones y condenas m¨¢s graves, hasta alcanzar al general Raoul Salan, uno de los cabecillas del golpe de Estado contra el general De Gaulle y jefe de la organizaci¨®n terrorista contraria a la independencia de Argelia, OAS. La segunda amnist¨ªa afectaba a los actos de violencia en Nueva Caledonia, territorio franc¨¦s en el Pac¨ªfico, y fue adoptada en dos tiempos: los acuerdos de Matignon, que pusieron fin a lo que se temi¨® que fuera un inicio de guerra civil en el territorio, contemplaban una amnist¨ªa pero exclu¨ªan los hechos de sangre. En 1990, el Parlamento ampli¨® la amnist¨ªa para incluir tambi¨¦n estos actos.

Italia

Italia tampoco cuenta con un precedente de ley de amnist¨ªa parecido al que ahora se debate en Espa?a. El pa¨ªs transalpino, sin embargo, s¨ª vive colisiones a menudo entre el poder judicial y el legislativo a cuenta de nuevas normas ya aprobadas o en tr¨¢mite parlamentario. La principal diferencia es que en Italia la mayor¨ªa del poder judicial gravita sobre la ¨®rbita progresista y fue durante los gobiernos de la derecha cuando se produjeron los mayores encontronazos. Ocurri¨® con la ley conocida como Colpo di spugna sobre los delitos de corrupci¨®n, promulgada por Silvio Berlusconi. La decisi¨®n fue tan pol¨¦mica que la plana mayor de la fiscal¨ªa de Mil¨¢n, que hab¨ªa investigado el mayor caso de corrupci¨®n de la democracia ¡ªManos Limpias¡ª present¨® su dimisi¨®n. Los jueces se negaron a aplicar la norma, que se llev¨® por delante tambi¨¦n al entonces ministro de Justicia, Alfredo Biondi, y tuvo que se reformada.

Desde entonces, siempre que ha habido un gobierno presidido por la derecha en Italia se ha producido este tipo de colisiones. El ¨²ltimo ejemplo es el decreto Cutro sobre la inmigraci¨®n, que prev¨¦ ampliar los supuestos en los que puede retenerse a los migrantes o tramitar su extradici¨®n. La norma no ha sido aplicada por tribunales como el de Catania. Estos d¨ªas, de hecho, el Tribunal Supremo celebra las audiencias del recurso del Estado contra los jueces de dicha ciudad siciliana que no lo aplicaron.

Alemania

Es complicado encontrar precedentes de un conflicto entre dos poderes del Estado como el que est¨¢ ocurriendo en Espa?a en un pa¨ªs como Alemania, donde a los jueces no se les suele identificar con tendencias pol¨ªticas. Es muy raro, por no decir inaudito, que los partidos pol¨ªticos se acusen entre ellos de tener influencia en la judicatura. A cualquier nivel. Como ejemplo, los jueces de los cuatro tribunales federales (el Supremo, el de lo Social, el Contencioso Administrativo y el de lo Laboral) son elegidos por un comit¨¦ de 32 personas, de las que 16 son los ministros de Justicia de los Estados federados y los otros 16 son elegidos por el Parlamento federal por representaci¨®n proporcional. En la elecci¨®n se busca el consenso y, si se producen discrepancias, no llegan a los medios de comunicaci¨®n. Conceptos como ¡°mayor¨ªa conservadora¡± o ¡°mayor¨ªa progresista¡± en los tribunales no forman parte del debate p¨²blico.

S¨ª existe alg¨²n precedente de ley de amnist¨ªa controvertida, pero muy lejano en el tiempo y que no admite comparaci¨®n con el caso espa?ol. La llamada Ley Dreher supuso en 1968 un rev¨¦s para la persecuci¨®n de los cr¨ªmenes nazis. El texto modific¨® los plazos de prescripci¨®n de los delitos cometidos en esa ¨¦poca, en concreto por los c¨®mplices de la maquinaria nazi (no por los jerarcas que daban las ¨®rdenes). El texto, conocido por el nombre del exfiscal nazi Eduard Dreher, permiti¨® que durante d¨¦cadas ¡ªhasta 2011¡ª no se pudiera juzgar a los c¨®mplices del Holocausto. En los a?os setenta se archivaron numerosos procedimientos contra personal ordinario de los campos de concentraci¨®n que ayudaron a cometer miles de asesinatos porque era necesario demostrar que los autores hab¨ªan participado directamente en cada caso individual.

Portugal

En Portugal, los enfrentamientos entre legisladores y jueces siempre se han producido tras ser aprobada la norma en la Asamblea de la Rep¨²blica, no cuando estaba en tramitaci¨®n. Ha ocurrido con varias leyes importantes como la de eutanasia, que el presidente de la Rep¨²blica envi¨® al Tribunal Constitucional, y la que debe regular el acceso de las fuerzas de seguridad a los metadatos, que ha sido tumbada por el alto tribunal. En ambos casos, el texto regres¨® al Parlamento, donde suelen incorporar las correcciones jur¨ªdicas. En esta ¨²ltima legislatura, el pulso pol¨ªtico ha estado m¨¢s entre los legisladores y el presidente de la Rep¨²blica, Marcelo Rebelo de Sousa, que entre legisladores y jueces.

La ¨²ltima amnist¨ªa concedida en Portugal no tiene nada en com¨²n con la espa?ola. Se concedi¨® el verano pasado con motivo de la visita del Papa por las Jornadas Mundiales de la Juventud y fue dirigida a menores de 30 a?os con delitos e infracciones menores. El perd¨®n benefici¨® a un millar de reclusos: la inmensa mayor¨ªa vio rebajada su pena y un 25% salieron en libertad.

En el medio siglo de etapa democr¨¢tica, el Parlamento ha aprobado seis amnist¨ªas (tres por visitas religiosas y tres pol¨ªticas). La m¨¢s pol¨¦mica perdon¨® a los militantes del grupo terrorista Fuerzas Populares 25 de Abril (FP-25), que cometieron atentados en los a?os ochenta en los que murieron 17 personas. Esta amnist¨ªa, que hab¨ªa sido impulsada por el presidente de la Rep¨²blica, el socialista M¨¢rio Soares, fue aprobada solo con los votos de socialistas y comunistas.

Informaci¨®n elaborada por Rafa de Miguel, Marc Bassets, Daniel Verd¨², Elena G. Sevillano y Tereixa Constenla.