La malversaci¨®n de los ERE que est¨¢ por juzgar: 134 causas pendientes tras la resoluci¨®n de la pieza pol¨ªtica

El Tribunal Constitucional ha redefinido el per¨ªmetro de las responsabilidades en la pieza pol¨ªtica del caso de los ERE al anular total o parcialmente las condenas por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de una veintena de altos cargos del Gobierno aut¨®nomo, pero la mayor¨ªa de las causas concretas en las que se analiza la gesti¨®n espec¨ªfica y el destino de las ayudas sociolaborales reconocidas en la partida 31L de los presupuestos auton¨®micos ¡ªconocida tambi¨¦n como el ¡°fondo de reptiles¡±¨D siguen vivas en los tribunales. El caso de los ERE est¨¢ lejos a¨²n de estar resuelto judicialmente: quedan 134 causas pendientes y, por tanto, se desconoce a¨²n el alcance real del fraude. Esas piezas separadas pend¨ªan, como un racimo de uvas, del tallo que constituy¨® la pieza pol¨ªtica de los ERE y que ahora, tras las sentencias del Constitucional, cobran todo el protagonismo para fijar hasta donde lleg¨® la malversaci¨®n y de las cantidades efectivamente defraudadas.

Desde que la jueza Mercedes Alaya iniciara la investigaci¨®n el 19 de enero de 2011, la macrocausa se ha desgajado en 139 piezas separadas, tantas como empresas y entidades recibieron las ayudas recogidas en la partida 31L. En la actualidad quedan 73 procedimientos en tr¨¢mite en el Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 6 de Sevilla, de los que 42 se encuentran en fase de instrucci¨®n de diligencias previas y las 31 restantes en fase intermedia, al haberse dictado auto de transformaci¨®n en procedimiento abreviado. Adem¨¢s, hay otras 61 causas elevadas a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, de las que 17 ya cuentan con una sentencia ¡ªalgunas de conformidad, es decir, tras llegar a un acuerdo entre las partes¡ª y cuatro est¨¢n pendientes de que se redacte el fallo, seg¨²n los datos recabados hasta el 6 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa. A lo largo de este camino de m¨¢s de casi 14 a?os tambi¨¦n se han sobrese¨ªdo y archivado algunas piezas, precisamente por haber prescrito el plazo m¨¢ximo para la instrucci¨®n.

Algunas de las defensas consultadas por este peri¨®dico han adelantado que pedir¨¢n el archivo de las causas tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional aunque, seg¨²n Juan Carlos Alf¨¦rez, el abogado del exdirector de la Agencia Idea, Miguel ?ngel Serrano, el primer ex alto cargo de la Junta excarcelado, lo que hace el tribunal de garant¨ªas es ¡°eliminar por completo la malversaci¨®n global a la que fueron condenados [los ex altos cargos]¡±. ¡°La malversaci¨®n verdaderamente producida ser¨¢ la que se determine tras enjuiciar todas y cada una de las piezas y saber qu¨¦ ayudas concretas se concedieron apartadas de la finalidad del programa y cu¨¢les se ajustaron el programa¡±, explicaba el letrado esta semana.

Fue tambi¨¦n en la sentencia de la pieza pol¨ªtica del caso donde la Audiencia de Sevilla cuantific¨® el montante total del dinero malversado: 679.432.179,09 euros, una cifra que se corresponde con el total de las ayudas concedidas entre 2000 y 2009, el per¨ªodo de tiempo investigado. ¡°Ha existido un enorme desconocimiento en la opini¨®n p¨²blica de qu¨¦ se enjuici¨® en concreto en el llamado procedimiento espec¨ªfico, lo que lleva al error de sostener que se haya producido una malversaci¨®n de casi 700 millones de euros ¡°, se?ala Alf¨¦rez. Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, que durante el juicio en la Audiencia represent¨® al expresidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, siempre ha recordado que esa cifra ¡°¨²nicamente se podr¨ªa determinar cuando se juzgaran el resto de los casos concretos¡±, llegando a cifrarla en unos 80 millones de euros.

Ese montante de casi 680 millones de euros (que el PP siguen calificando estos d¨ªas como dinero ¡°robado¡± que ¡°deben devolver¡± a los parados andaluces), se corresponde con una partida que se mantiene viva a d¨ªa de hoy en los Presupuestos andaluces y por la que siguen cobrando algunos de los m¨¢s de 6.000 trabajadores que fueron beneficiarios de esas ayudas sociolaborales, en virtud de un decreto ley de 2012. En el primer ejercicio presupuestario del popular Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta, se destinaron casi 37 millones a pagar esas ayudas, que, como adelant¨® ElDiario.es, seguir¨¢n abon¨¢ndose hasta 2026.

Tras la anulaci¨®n de la primera condena por malversaci¨®n, el portavoz de la Junta de Andaluc¨ªa, Ram¨®n Fern¨¢ndez-Pacheco, sostuvo la semana pasada que ese el delito era ¡°la base¡± que permite al Ejecutivo andaluz reclamar el dinero que se defraud¨®. Sin embargo, la administraci¨®n andaluza, personada en ese procedimiento espec¨ªfico como acusaci¨®n particular, opt¨®, en la ¨¦poca en la que gobernaba Susana D¨ªaz, por reservarse el derecho a ejercer acciones para reclamar responsabilidades civiles ¨²nicamente en las piezas separadas que se est¨¢n juzgando.

Las cantidades exigidas en las causas concretas ya juzgadas rondan los 20 millones de euros. Respecto al dinero recuperado, el ¨²ltimo dato lo ofreci¨® el presidente Moreno Bonilla, que asegur¨® en el debate sobre el estado de la comunidad, que la administraci¨®n hab¨ªa recuperado ya 27 millones de euros de los 62 millones que deben ser devueltos a trav¨¦s de la justicia y el Tribunal de Cuentas. Y que reclama otros 135 millones en ¡°decenas¡± de otras causas.

En cualquier caso, el criterio de la administraci¨®n aut¨®noma ¡ªya con el PP¡ª para exigir la devoluci¨®n de esas ayudas malversadas no parece ir en consonancia con las declaraciones pol¨ªticas de sus dirigentes, ya que no garantiza su absoluta recuperaci¨®n. La Junta ha decidido pedir el archivo de las causas en las que no haya intrusos, una estrategia que le ha valido la censura del instructor de los ERE, que recrimin¨® que con esta medida se estaba renunciando a percibir la totalidad de las cantidades extraviadas.

En las causas separadas tambi¨¦n se ha debatido si los exdirigentes de la Junta ya condenados en la pieza pol¨ªtica de los ERE por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n deb¨ªan ser juzgados de nuevo por los mismos delitos en las causas que conoc¨ªan de la entrega concreta de esas ayudas. La Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia de Sevilla dictamin¨® que no, pero la Tercera ha mantenido en ocasiones otro criterio, como en la primera sentencia por una de las piezas separadas, en la que los magistrados condenaron a siete a?os de prisi¨®n por malversaci¨®n al exconsejero de Empleo, Antonio Fern¨¢ndez, y a cuatro a?os al ex director general de Trabajo, Juan M¨¢rquez, por su intervenci¨®n en la concesi¨®n de 2,9 millones de euros en ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco). Esta sentencia est¨¢ pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casaci¨®n presentado por la defensa de Fern¨¢ndez, precisamente por la vulneraci¨®n del principio del non bis in idem.

Entre esas piezas separadas ya juzgadas est¨¢ tambi¨¦n la condena al que fuera ch¨®fer del fallecido Javier Guerrero ¡ªex director general de Trabajo, que fue el principal imputado en la macrocausa¨D a cuatro a?os y nueve meses de prisi¨®n por destinar fondos de las subvenciones de los ERE a, entre otras cosas, comprarse una vivienda o coca¨ªna para su jefe. El desv¨ªo de fondos para consumo de coca¨ªna fue considerado el ejemplo que mejor ilustraba el descontrol y la aparente impunidad con la que se utilizaron unas ayudas ideadas en su origen a solventar de manera ¨¢gil los despidos masivos producto de las crisis industriales que sufr¨ªa la comunidad andaluza, y el paradigma de que, como se?alaba Alf¨¦rez, la malversaci¨®n del fondo 31L existi¨® en aquellos supuestos en los que se destin¨® el dinero a empresas que no estaban en crisis o para fines o personas ajenas al objeto de la partida. ¡°Se quiso criminalizar a quien propon¨ªa la ley y se fue a por quien pol¨ªticamente era m¨¢s d¨¦bil¡±, abunda V¨ªctor Moreno Catena, abogado de la exconsejera de Hacienda, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, tambi¨¦n amparada por el Constitucional, sobre una instrucci¨®n que no puso el foco en los casos concretos en los que se hac¨ªa un mal uso de la ley.