La Audiencia de Sevilla impone 14 meses de c¨¢rcel a un exalcalde de Los Palacios en una pieza separada de los ERE

Mientras el Tribunal Constitucional ha redefinido el alcance de las responsabilidades penales de los ex altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa en la llamada pieza pol¨ªtica de los ERE, en los tribunales se sigue dirimiendo la legalidad de las ayudas sociolaborales que se otorgaron de manera concreta con cargo a la controvertida partida 31L de los Presupuestos auton¨®micos. Es el caso de la ¨²ltima sentencia que ha dictado la Audiencia de Sevilla en una de las m¨¢s de 100 piezas separadas que siguen pendientes de resoluci¨®n. La Secci¨®n Primera ha condenado a 14 meses de c¨¢rcel al exalcalde del municipio sevillano de Los Palacios, Antonio Maestre, como cooperador necesario por un delito de malversaci¨®n, en concurso de otro de prevaricaci¨®n, relacionado con la percepci¨®n de 750.000 euros en ayudas de la Junta de Andaluc¨ªa para la construcci¨®n de un centro ecuestre, que nunca se realiz¨®.

Los magistrados tambi¨¦n han condenado a una interventora accidental del Ayuntamiento a un a?o de c¨¢rcel por los mismos delitos y han absuelto al predecesor de Maestre, Emilio Amuedo, que fue alcalde entre 1994 y 2004, por entender que, en su caso, los delitos hab¨ªan prescrito. A los condenados se les ha impuesto la atenuante de dilaciones indebidas, algo que viene siendo habitual en los fallos de las piezas separadas de los ERE, por lo dilatado de la instrucci¨®n y la resoluci¨®n de cada uno de los procedimientos.

De acuerdo con el relato de los hechos probados, en 2003, Amuedo, entonces alcalde de Los Palacios, suscribi¨® con quien era director general de Trabajo, el fallecido Javier Guerrero ¡ªprincipal condenado en la pieza pol¨ªtica¨D un protocolo de colaboraci¨®n que inclu¨ªa una ayuda excepcional de seis millones de euros para la construcci¨®n y puesta en funcionamiento de un complejo dedicado a actividades ecuestres. Ese protocolo inclu¨ªa un plan de viabilidad que deb¨ªa cumplir el Ayuntamiento que, de acuerdo con los magistrados ¡°no aparec¨ªa unido¡± al acuerdo ¡°ni ha sido localizado¡±.

Pese a todo, el consistorio de Los Palacios recibi¨® tres pagos por un total de 750.000 euros, el primero en marzo de 2004, y el segundo y el tercero en febrero y mayo de 2005, cuando ya era alcalde Maestre (lo fue hasta 2011), ¡°a pesar de que se hab¨ªa prescindido de una forma total del procedimiento legalmente establecido¡±, sostienen los magistrados. En su sentencia aseguran que los tres acusados ¡°eran plenamente conscientes¡± de que esa legalidad se hab¨ªa incumplido en la concesi¨®n y recepci¨®n de la ayuda excepcional y que Amuedo, al firmar el protocolo con Guerrero, ¡°conoc¨ªa que no hab¨ªa existido solicitud formal de ayuda y que no se hab¨ªa cumplimentado documentaci¨®n alguna al respecto¡±.

Respecto de Maestre, la sala considera que, como cuando se firm¨® ese convenio con la Junta ¨¦l ¡°hab¨ªa pertenecido al equipo municipal¡±, ¡°conoc¨ªa¡± ese protocolo y que, tras su elecci¨®n como alcalde en 2004 ¡°ejecut¨® las actuaciones necesarias para obtener el resto de las cuant¨ªas concedidas¡±. Sobre la interventora, los magistrados destacan que ¡°a pesar del pleno conocimiento de falta de cumplimiento de la legalidad y de la ausencia de cualquier documentaci¨®n m¨ªnimamente exigible, dio el visto bueno al convenio de colaboraci¨®n¡±, y tampoco efectu¨® ¡°una fiscalizaci¨®n real¡± de los ingresos y pagos derivados de esa ayuda.

Los magistrados llaman la atenci¨®n sobre el hecho de que Maestre incluyera en los presupuestos municipales la realizaci¨®n de ese proyecto ¡°de forma que se evitaba la devoluci¨®n de las cantidades recibidas¡±, la construcci¨®n del centro ecuestre ¡°no lleg¨® a ejecutarse¡± y ¡°no se conoce el destino que tuvo la cantidad recibida como ayuda excepcional¡±.

Finalmente, esos 750.000 euros fueron devueltos tras ser reclamados por la Consejer¨ªa de Empleo en una comunicaci¨®n de reintegro que la interventora respondi¨® el 12 de febrero de 2013, y en el que ella correg¨ªa a la administraci¨®n y reconoc¨ªa que la cantidad que deb¨ªa reembolsar no eran 700.000 euros, como se exig¨ªa, sino 750.000. Por este motivo, los magistrados le han aplicado la atenuante de reparaci¨®n del da?o ¡°porque contribuy¨® a la devoluci¨®n ¨ªntegra por el Ayuntamiento de todos los importes recibidos de forma il¨ªcita¡±. La cantidad finalmente abonada a la Junta fueron 886.155,32 euros (incluyen los intereses), motivo por el que sus servicios jur¨ªdicos no han reclamado responsabilidad civil.

Los magistrados concluyen que se debe absolver a Amuedo, el regidor que firm¨® el protocolo a sabiendas de su ilegalidad, porque en el momento en el que se le cit¨® a declarar en virtud de este procedimiento, 20 de octubre de 2016, ya hab¨ªan ¡°transcurrido m¨¢s de 10 a?os¡± desde la comisi¨®n del delito de prevaricaci¨®n, que fue el 20 de marzo de 2003, cuando se cerr¨® el acuerdo. El mismo razonamiento se sigue para la prescripci¨®n de la malversaci¨®n, ya que la primera recepci¨®n de las ayudas, por importe de 50.000 euros, se produjo el 5 de marzo de 2004.