La Junta limita en los juzgados su promesa de reclamar todo el dinero defraudado en los ERE

Ante el nuevo escenario creado por las sentencias del Tribunal Constitucional que conceden amparo total o parcial a los ex altos cargos socialistas de la Junta de Andaluc¨ªa condenados por malversaci¨®n en la pieza pol¨ªtica de los ERE, el actual Gobierno del PP ha apelado al dinero defraudado ¡ª¡±robado¡±, seg¨²n dijo el lunes el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz¡ª. El monto total de las ayudas repartidas con un procedimiento fraudulento fue de 680 millones de euros, de acuerdo con la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Sevilla, y el PP alude a esa cifra para insistir en que ¡°este fue el mayor caso de corrupci¨®n de la historia de Espa?a¡±. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y sus consejeros remarcan que el prop¨®sito de su Gobierno es recuperar ¡°hasta el ¨²ltimo euro¡±. Pero la realidad dista de esa afirmaci¨®n.

¡°Si, como consecuencia de esa sentencia [del Constitucional], ahora no se puede recuperar el dinero, eso es muy grave¡±, ha afirmado Sanz. Sin embargo, esa recuperaci¨®n ya se est¨¢ viendo condicionada en algunas de las piezas separadas del caso, porque en ellas, parad¨®jicamente, la responsabilidad civil que est¨¢ exigiendo la administraci¨®n andaluza, la principal perjudicada por el reparto irregular de los fondos sociolaborales, es inferior a la que reclama la Fiscal¨ªa.

En 2016, a¨²n con Gobierno del PSOE, la Junta renunci¨® a exigir responsabilidades civiles a los ex altos cargos enjuiciados en la pieza pol¨ªtica de los ERE, reserv¨¢ndose ese derecho para las piezas separadas en las que se juzgaba cada reparto concreto de las ayudas. De esta manera, la Fiscal¨ªa no pudo reclamar fianzas a los exdirigentes del Gobierno auton¨®mico puesto que, como perjudicada en el desv¨ªo de esos fondos, la administraci¨®n era la ¨²nica legitimada para hacerlo.

La Audiencia Provincial de Sevilla hizo una excepci¨®n a esta premisa en la primera pieza separada en que se dictaba sentencia: la causa por las ayudas de 2,9 millones de euros a la conservera sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco). La Fiscal¨ªa reclamaba a los condenados ese monto total, y la Junta ped¨ªa ¨²nicamente 530.670 euros. El tribunal se decant¨® por la propuesta de la Fiscal¨ªa con este argumento: ¡°En este caso, el bien jur¨ªdico tutelado por el delito es el conjunto de la sociedad en cuanto que perjudicada¡±. Y a?adi¨®: ¡°El inter¨¦s de la poblaci¨®n no puede quedar condicionado a los criterios m¨¢s o menos acertados e incluso partidistas de las personas que en cada momento integran las instituciones¡±.

Sin embargo, con posterioridad, este tribunal ha mantenido el criterio de rebajar la cantidad impuesta en concepto de responsabilidad civil en los casos en los que la Junta, como acusaci¨®n particular y ¡°titular del derecho subjetivo primariamente perjudicado¡±, ha exigido un montante inferior al de la Fiscal¨ªa. Y eso ha ocurrido en varias ocasiones. Los servicios jur¨ªdicos de Verdes Equo Andaluc¨ªa han detectado m¨¢s de una decena de causas relacionadas con los ERE en las que se da esa situaci¨®n: la administraci¨®n reclama menos dinero que el Ministerio P¨²blico a los condenados, y eso hace que estos acaben devolviendo una cifra m¨¢s baja de la que podr¨ªan haber tenido que afrontar.

Destacan entre esas causas el procedimiento contra Egmasa, la extinta Empresa de Gesti¨®n Medioambiental de la Junta, en el que la Fiscal¨ªa pide 125.653 euros y la Junta 56.019 euros. ¡°La Fiscal¨ªa no puede solicitar una suma superior o, si lo hace, el tribunal no puede concederla¡±, se lee en el fallo, . En la causa contra Novo Comlink, el Ministerio Fiscal interesa responsabilidad civil subsidiaria por cuant¨ªa de 31,1 millones, mientras que la Junta pide 495.251 euros. Ante la enorme discrepancia de las cantidades exigidas entre ambas instituciones, la Audiencia acuerda reducir la responsabilidad a la cantidad solicitada por la Junta. Igual argumentaci¨®n sigue el tribunal respecto a uno de los acusados en el procedimiento contra CC OO Industria, al que la Fiscal¨ªa le exig¨ªa 861.536 euros y la Junta 208.836.

En todos esos casos, por tanto, la Junta, gobernada por el PP, est¨¢ renunciando a ingresar cantidades m¨¢s altas del dinero defraudado, a pesar de que seg¨²n el presidente Moreno esa es una prioridad. EL PA?S ha intentado recabar del Ejecutivo auton¨®mico una explicaci¨®n a esta estrategia judicial aparentemente contradictoria con su discurso pol¨ªtico, pero no ha recibido respuesta.

¡°Moreno nos oculta un gran enga?o: mientras se muestra muy indignado ante la prensa, criticando al Tribunal Constitucional y diciendo que le duele cada euro robado a los andaluces, en los juzgados la historia es otra¡±, sostiene Mar Gonz¨¢lez, coportavoz de Verdes Equo en Andaluc¨ªa. Adem¨¢s, a?ade, ¡°en muchos de los casos de los ERE que ya est¨¢n listos para juicio, la Junta no est¨¢ acusando ni reclamando responsabilidades civiles. Y los juzgados no pueden afianzar la responsabilidad civil que solicita el Ministerio Fiscal porque la Junta est¨¢ diciendo que no le deben nada¡±.

Renuncia a ejercer la acusaci¨®n popular

En varias de las causas recurridas, la Junta de Andaluc¨ªa renuncia a ejercer la acusaci¨®n particular al no haber ¡°intrusos¡± (personas o entidades que no cumpl¨ªan con los requisitos para percibir las ayudas sociolaborales de los ERE). Y los recurrentes arguyen que, si la Junta no exige responsabilidad civil, el tribunal no puede reconocer la reclamaci¨®n de la Fiscal¨ªa, un argumento que, como en los casos anteriores, asume la Audiencia, revocando reclamaciones de hasta 6,3 millones (en la causa contra Yogures Andaluces) u 8,8 millones (en la de TAMC SLL y Mac Puar Aeron¨¢utica), . ¡°La Junta expresamente solicita el sobreseimiento respecto de todas las personas encausadas, por estimar que no han cometido il¨ªcito alguno en la causa en la que se sigue la pieza separada, por lo que, si no existe delito atribuible a quienes deben ser enjuiciados, tampoco cabe la exigencia de responsabilidad civil¡±, razona el tribunal en el caso de Yogures Andaluces.

En las piezas que ha analizado Verdes Equo, el PP s¨ª est¨¢ personado como acusaci¨®n popular, pero no reclama responsabilidad civil. ¡°Esto es un grave esc¨¢ndalo. O no est¨¢n haciendo bien su trabajo o es que sobredimensionaron el caso por inter¨¦s partidista. Exigimos una explicaci¨®n urgente. El PP no trabaja para recuperar el dinero defraudado y parece que el caso de los ERE solo les interesa si les sirve para socavar nuestras instituciones y hacer demagogia partidista¡±, sostiene Gonz¨¢lez. Fuentes del PP sostienen que no es necesario reclamar siempre responsabilidad civil porque esta es autom¨¢tica cuando hay una condena penal.

El juez que instruye los casos de los ERE a¨²n pendientes tambi¨¦n ha reprochado a la Junta que, con su estrategia de pedir el archivo de las causas en las que no hay intrusos, est¨¢ renunciando a percibir las cantidades extraviadas, una circunstancia que oblig¨® al magistrado a imponer unas fianzas muy bajas.

M¨¢s all¨¢ de las discrepancias en las cuant¨ªas que obligan a la Audiencia a revisar a la baja las cantidades exigidas en concepto de responsabilidad civil, cobrarlas es complicado porque muchos de los condenados se han declarado insolventes y la mayor¨ªa de las empresas que deber¨ªan responder de manera subsidiaria han dejado de existir. Desde el Gobierno andaluz se reconoce la dificultad de recuperar los 680 millones defraudados. El presidente Moreno afirm¨®, en el debate sobre el estado de la comunidad de finales de junio, que la administraci¨®n ya hab¨ªa ingresado m¨¢s de 27 millones, que las sentencias firmes y el Tribunal de Cuentas hab¨ªan reconocido la devoluci¨®n de otros 62 millones y que la Junta estaba personada en ¡°decenas¡± de casos en los que reclama 135 millones de euros m¨¢s.