El Consejo de Europa resuelve contra Espa?a por dejar sin electricidad a la Ca?ada Real de Madrid
Desde el 2 de octubre de 2020, 4.500 personas han visto vulnerados sus derechos a la vivienda, a la protecci¨®n de la salud y a la protecci¨®n contra la pobreza y la exclusi¨®n social
Durante m¨¢s de cuatro a?os, 4.500 personas que viven apenas a 15 kil¨®metros del centro de Madrid, en la Ca?ada Real, han sido obligadas a vivir sin electricidad. Son 1.500 d¨ªas sin suministro, sin energ¨ªa para calentar sus hogares en el invierno ¡ªincluyendo los helados d¨ªas de la borrasca Filomena en 2021¡ª ni para enfriar sus habitaciones en el verano, que en los ¨²ltimos a?os ha alcanzado temperaturas de calor extremas. El Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales (que depende del Consejo de Europa) acaba de resolver que Espa?a ha violado la Carta Social Europea al permitir y no haber tomado medidas efectivas para que esa situaci¨®n terminara cuanto antes, seg¨²n la decisi¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S.
Esa resoluci¨®n responde a la reclamaci¨®n colectiva que el 2 de marzo de 2022 presentaron cinco organizaciones de distintos pa¨ªses, entre ellas el sindicato Comisiones Obreras. En aquel momento, el corte del suministro el¨¦ctrico en la Ca?ada Real ¡ªque hab¨ªa empezado el 2 de octubre de 2020¡ª ya llevaba casi un a?o y medio. Las organizaciones reclamaban que someter a la poblaci¨®n de los sectores 5 y 6 de la Ca?ada ¡ªincluyendo a 1.800 ni?os¡ª a vivir en esas condiciones violaba varias disposiciones de la Carta Social Europea. El Gobierno argumentaba que los enganches ilegales al sistema el¨¦ctrico, muchos de ellos para sostener plantaciones de marihuana, sobrecargaban las l¨ªneas y llevaban al corte del suministro por la empresa Naturgy. Ahora, el comit¨¦ encargado de vigilar el cumplimiento de esa carta les ha dado la raz¨®n a las organizaciones y ha dictaminado que Espa?a ha violado en concreto siete derechos reconocidos en ese pacto europeo: el derecho a la vivienda, a la protecci¨®n de la salud, a la protecci¨®n contra la pobreza y la exclusi¨®n social, el de la familia y el de los ni?os y adolescentes a la protecci¨®n social, jur¨ªdica y econ¨®mica, el de las personas de edad avanzada a la protecci¨®n social, y el de las personas con discapacidad a la autonom¨ªa y a la integraci¨®n social.
¡°El Comit¨¦ considera que Espa?a no ha adoptado medidas adecuadas para garantizar que las personas afectadas por los cortes de electricidad que viven en los Sectores 5 y 6 de Ca?ada Real disfruten de su derecho a una vivienda de calidad adecuada¡±, se lee en la resoluci¨®n, emitida en septiembre de este a?o, notificada a las partes a finales de octubre y que deber¨¢ publicarse en febrero del pr¨®ximo a?o. Una decisi¨®n que tambi¨¦n responde a la lucha de la Plataforma C¨ªvica Luz Ya para la Ca?ada Real, que empuj¨® a que se presentara la reclamaci¨®n ante ese ¨®rgano. El comit¨¦ argumenta que un informe elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid entre marzo de 2021 y marzo de 2023 identific¨® temperaturas en las habitaciones m¨¢s utilizadas por encima de 40 grados en verano y por debajo de 10 grados en invierno.
Uno de esos sensores de temperatura estaba en la casa de Houda Akrikez, de 38 a?os, nacida en T¨¢nger (Marruecos) y llegada a Espa?a cuando ten¨ªa ocho a?os. Cuenta a EL PA?S que el aparato lleg¨® a registrar hasta 45 grados de temperatura dentro de su casa, en la que viven sus dos hijas, que ten¨ªan 11 y 10 a?os cuando empezaron los cortes. ¡°No se puede dormir en una vivienda as¨ª; imag¨ªnate una casa ardiendo y adem¨¢s no tienes nevera para poder tener agua fr¨ªa para hidratarte¡±, recuerda. Sin refrigerador, las compras de los alimentos ten¨ªan que ser cada d¨ªa, en una zona (el sector 6 de la Ca?ada, el m¨¢s castigado por los cortes) alejada de supermercados, tiendas o cualquier tipo de suministro. ¡°Al principio tir¨¢bamos mucho de conservas¡±, dice.
Dejados a su suerte, los habitantes de esos dos sectores de la Ca?ada resolvieron por su cuenta. Primero, con velas. Despu¨¦s se hicieron con generadores de gasolina y tambi¨¦n con paneles solares. ¡°El comit¨¦ toma nota de que las fuentes alternativas de energ¨ªa autoinstaladas adoptadas en respuesta a la falta de electricidad en la red puede plantear riesgos para la seguridad y la salud de las personas afectadas y para la calidad del aire de las viviendas¡±, se lee en el documento. Durante el invierno de 2023 a 2024, recoge el fallo, se registraron 25 intoxicaciones por la contaminaci¨®n generada por los generadores de gasolina y dos incendios provocados por velas.
La decisi¨®n del comit¨¦ es arrolladora sobre las afectaciones a la salud de los habitantes de la Ca?ada derivadas de los cortes de luz. Recoge un informe del Equipo de Intervenci¨®n en Poblaci¨®n Excluida que apunta ¡°un aumento de infecciones respiratorias, enfermedades dermatol¨®gicas y circulatorias relacionadas con el resfriado, especialmente en ni?os y j¨®venes, dificultades en el uso de dispositivos m¨¦dicos esenciales, casos de intoxicaci¨®n por mon¨®xido de carbono, quemaduras, complicaciones de las condiciones de salud de los pacientes con diabetes, empeoramiento de las enfermedades reum¨¢ticas (¡) complicaciones de comorbilidad por exposici¨®n al fr¨ªo que resultaron en cinco muertes¡±.
Seg¨²n ese informe, la necesidad de atenci¨®n ¡°aument¨® dr¨¢sticamente¡± desde octubre de 2020 y la unidad atend¨ªa aproximadamente entre 1.100 y 1.200 personas por mes. Hubo entre 80 y 90 intoxicaciones por mon¨®xido de carbono durante un periodo de cuatro meses ese a?o, de las cuales m¨¢s de 20 requirieron atenci¨®n hospitalaria de emergencia.
Durante estos cuatro a?os, dice la decisi¨®n, la ni?ez de la Ca?ada Real ha resultado especialmente castigada. Houda recuerda c¨®mo sus hijas, Dya y Hanaa, hac¨ªan sus tareas a la luz tenue de una vela. Despu¨¦s, ella se las llevaba al Burger King, se sentaban en una mesa y con un alargador enchufaban sus dispositivos para acceder al aula virtual, donde estaban sus libros escolares. ¡°A mi hija mayor le daba p¨¢nico repetir un a?o, que sus compa?eros avanzaran y ella se quedara un curso atr¨¢s; t¨² la ve¨ªas llorando y pateando de la impotencia por no poder conectarse para seguir el ritmo de las clases¡±. Para Houda, los cortes de luz han obligado a los ni?os y ni?as de la Ca?ada a ¡°ir tres pasos atr¨¢s¡±, respecto del resto de los ni?os de su edad.
El comit¨¦ recoge adem¨¢s los testimonios de ni?os que ocultaron a sus compa?eros que viv¨ªan en la Ca?ada Real o que no iban a la escuela por miedo a ser objeto de burlas ¡°por su olor y falta de limpieza¡±. Agrega que los ni?os tuvieron que comer comidas fr¨ªas y ducharse con agua helada, mientras su ropa no fue lavada adecuadamente. ¡°El Comit¨¦ considera que Espa?a no ha adoptado todas las medidas adecuadas y necesarias para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los ni?os y j¨®venes a crecer en un entorno que favorezca el pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades f¨ªsicas y mentales¡±.
En ese fallo, el ¨®rgano garante de la Carta Social Europea desestima los argumentos presentados por el Gobierno, que insisti¨® en que ha avanzado en el realojo de los habitantes del sector 6 de la Ca?ada. Por un lado, hay diferencias en las cifras gubernamentales y las que manejan las organizaciones que presentaron la reclamaci¨®n. Seg¨²n el Gobierno, hasta mayo de 2024 se hab¨ªa realojado a 267 familias de ese sector. Seg¨²n las organizaciones, eran 109 familias realojadas hasta esa fecha. Pero, adem¨¢s, el Comit¨¦ insiste en que el plazo del que habla el Gobierno para realojar a todas las familias se extiende seg¨²n el Protocolo de Actuaci¨®n 2024-2034 hasta en 10 a?os, ¡°es decir, hasta 14 a?os desde el inicio de los cortes de energ¨ªa¡±. Incluso el plazo del que ha hablado el comisionado de la Comunidad de Madrid para la Ca?ada Real, que es realojar a todo el sector 6 en 2027, es insuficiente para el comit¨¦.
La decisi¨®n plantea que la responsabilidad de la desconexi¨®n de esta poblaci¨®n al sistema el¨¦ctrico va m¨¢s all¨¢ de Naturgy, la empresa encargada del suministro, de los ayuntamientos involucrados ¡ªMadrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada¡ª y de la Comunidad de Madrid. Para el comit¨¦, el Estado es quien es parte de la Carta Social Europea y como tal debe velar por el cumplimiento de sus disposiciones.
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