La pugna por los puestos clave del Supremo lastra los nombramientos pendientes del CGPJ

Uno de los grandes cometidos del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), designado este verano tras cinco a?os de bloqueo, es cubrir m¨¢s de un centenar de vacantes de la c¨²pula judicial (126, seg¨²n el ¨²ltimo recuento del Consejo). Esta semana se cumplen seis meses desde que los nuevos vocales tomaron posesi¨®n, y solo se ha ejecutado un nombramiento, el del presidente de la Audiencia Provincial de La Rioja, para el que hab¨ªa un ¨²nico candidato y cuya designaci¨®n qued¨® interrumpida en abril de 2021 tras la entrada en vigor de la reforma legal que vet¨® estas designaciones hasta que hubiera un nuevo CGPJ. El pleno ha aprobado desde septiembre la convocatoria de decenas de plazas, pero la pugna entre conservadores y progresistas por tres de ellas, las presidencias de tres salas del Tribunal Supremo, amenaza con retrasar todas las dem¨¢s.

La presidenta del Consejo, Isabel Perell¨®, ha pedido a ambos grupos un impulso para que se empiecen a acelerar los nombramientos. Perell¨®, seg¨²n fuentes del ¨®rgano, ha puesto en conocimiento de los vocales su ¡°preocupaci¨®n¡± porque considera que las designaciones se est¨¢n tramitando con lentitud y les ha hecho llegar la necesidad de alcanzar acuerdos. Estas designaciones necesitan un m¨ªnimo de 13 votos, una cifra que no re¨²ne ninguno de los dos bloques, por lo que hace falta llegar a un pacto para cada plaza. Vocales consultados de ambos sectores coinciden en destacar su voluntad de negociaci¨®n, pero mantienen posturas opuestas en aspectos clave que, admiten, pueden hacer naufragar cualquier posibilidad de consenso.

La intenci¨®n de la presidenta es que en el pleno del pr¨®ximo d¨ªa 29 de enero vaya una primera tanda de nombramientos. Se da por hecho que ir¨¢n cuatro plazas que, como ocurri¨® con la de la Audiencia de La Rioja, se quedaron a las puertas en el anterior CGPJ. Son las primeras que se han retomado tras la renovaci¨®n y, aunque corresponden a magistrados del Supremo ¡ªuna en la Sala Primera (Civil), otra en la Cuarta (Social) y dos en la Tercera (de lo Contencioso-Administrativo)¡ª, ambos grupos ven viable alcanzar un acuerdo.

A partir de ah¨ª, la negociaci¨®n se complica. En el primer paquete que convoc¨® el actual Consejo estaban cuatro de las cinco presidencias de sala del alto tribunal (Sala Primera, Segunda, Tercera y Cuarta), y las fuentes consultadas en los dos sectores ven imposible un pacto. Para la Primera hay un solo candidato, Ignacio Sancho, que ya ocupa este puesto en funciones tras la jubilaci¨®n del anterior presidente; pero para cada una de las otras tres salas hay dos aspirantes, uno de perfil m¨¢s conservador y otro progresista, y ninguno de los bloques est¨¢ dispuesto a ceder.

La pugna, adem¨¢s, est¨¢ atravesada por otro debate de fondo: c¨®mo aplicar la ley de paridad que entr¨® en vigor en agosto pasado y que establece que ning¨²n sexo puede tener una representaci¨®n inferior del 40% ¡°en los puestos de representaci¨®n y decisi¨®n¡±. Un informe encargado por Perell¨® al Servicio de Estudios e Informes del Consejo concluy¨® que la norma debe aplicarse para el conjunto de los nombramientos que asigne el pleno en sus cinco a?os de mandato, pero este dictamen choca con otros dos redactados por la comisi¨®n de igualdad, que considera que ese porcentaje debe cumplirse en cada tipo de ¨®rgano. ¡°No es lo mismo una presidencia de Sala del Supremo que una presidencia de Audiencia Provincial¡±, advierte un vocal progresista, cuya interpretaci¨®n comparte el resto del grupo.

Esto supone que tendr¨ªa que respetarse la regla del 60/40 en las presidencias de sala del Supremo y en el n¨²mero total de magistrados del alto tribunal, lo que implicar¨ªa que la mayor¨ªa de los nuevos nombramientos recaigan en mujeres porque la representaci¨®n femenina es ahora m¨ªnima. Pese a que el Consejo y el alto tribunal est¨¢n por primera vez presididos por una mujer, no hay ninguna magistrada al frente de una sala (solo se ha elegido a una en toda la historia del tribunal) y, en el c¨®mputo global de magistrados, con 31 plazas vacantes, hay solo diez mujeres, frente a 41 hombres.

Los progresistas defienden que de las cinco presidencias de sala, al menos dos (y preferiblemente tres) tienen que ser ocupadas por magistradas. Ahora hay cuatro vacantes, pero para una de ellas hay un ¨²nico candidato y es hombre. Para las otras tres, hay dos candidatos por plaza, pero los tres que apoyan los conservadores son hombres (Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta, Pablo Lucas y Juan Molins) y las tres de los progresistas son mujeres (Ana Ferrer, Pilar Teso y Concepci¨®n Ureste).

Ambas partes admiten que hay que negociar, pero los conservadores sugieren que, como la negociaci¨®n de las presidencias de sala del Supremo va a ser larga, lo mejor ser¨ªa avanzar en el resto de plazas que ya se han convocado (magistrados del alto tribunal y las presidencias de la Audiencia Nacional, varios tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales). Fuentes progresistas defienden que debe seguirse el orden por el que se han ido sacando las convocatorias y advierten de que no van a ceder a que se releguen las presidencias de sala del Supremo y se siga negociando lo dem¨¢s.

La batalla se juega sobre todo en la Sala Segunda ¡ªde lo Penal, presidida hasta hace unas semanas por Manuel Marchena y que es la que encargada de juzgar a los aforados y de revolver en ¨²ltima instancia los grandes casos de corrupci¨®n¡ª y la Sala Tercera ¡ªcompetente para resolver los asuntos que afectan al Gobierno¡ª. La estrategia de los conservadores al abogar por aparcar estas designaciones es clara: ambas est¨¢n presididas en funciones por sus candidatos para el nombramiento formal, Mart¨ªnez Arrieta en la Penal y Lucas en la de lo Contencioso, dos magistrados considerados de perfil moderados. ¡°Lo adecuado ser¨ªa que se renovasen las presidencias, pero en las candidaturas que ellos apoyan hay dos personas muy significadas por sus actuaciones y los nuestros, que no los pusimos nosotros, sino que ya estaban ah¨ª cuando llegamos, son m¨¢s neutros. Ante la duda de c¨®mo puede acabar la negociaci¨®n, casi preferimos que se quede como est¨¢¡±, admite un miembro del grupo conservador.

Las dos candidatas a las que los conservadores quieren frenar son Ferrer y Teso, a quienes ya vetaron el verano pasado como presidentas del Supremo y del CGPJ por considerarlas afines al Gobierno. Los progresistas defienden sus candidaturas por sus curr¨ªculos, pero tambi¨¦n por ser mujeres. Y rechazan que sus designaciones supongan primar la paridad sobre el m¨¦rito y la capacidad, como sostienen los conservadores. ¡°El requisito previo es la excelencia siempre. Pero nuestras tres candidatas son magistradas del Supremo, por lo que la excelencia ya se les presume. Y adem¨¢s as¨ª lo ha valorado la Sala de Gobierno, la comisi¨®n de calificaci¨®n y la permanente¡±, se?ala un vocal progresista. ¡°Lo que no puede ser es que se bloquee esa negociaci¨®n para que se abran otras¡±, a?ade este consejero.

Avanzar en los siguientes nombramientos sin renovar las presidencias de esas dos salas tendr¨ªa un beneficio adicional para los conservadores. En las otras tandas de plazas convocadas ¡ªy en las que est¨¢n por salir¡ª hay mayor¨ªa de candidatos de perfil conservador ¡ªel mayoritario en la carrera judicial¡ª, incluidos varios casos de candidatos ¨²nicos, por lo que los conservadores se garantizar¨ªan muchas designaciones favorables. ¡°Lo que no puede ser es que se bloqueen los nuestros y se voten los suyos¡±, se queja un vocal progresista. Los conservadores niegan que esa sea su intenci¨®n: ¡°Hay presidencias de sala del Supremo en las que la negociaci¨®n va a ser muy complicada y, posiblemente, habr¨¢ que aparcarlas para no quedarnos parados. Si nos mantenemos en que hay que hacer eso antes, no haremos nada¡±, se?ala un consejero de este bloque.

La decisi¨®n sobre qu¨¦ plazas se llevan finalmente a votaci¨®n en el pleno del 29 de enero tiene que tomarla la presidenta del Consejo en los pr¨®ximos d¨ªas. Ah¨ª se acelerar¨¢ la negociaci¨®n real entre los dos grupos, que por ahora no quieren hablar de vetos ni bloqueos, pero que asumen que sus posturas son dif¨ªciles de conciliar.