Un inspector de Polic¨ªa acusado por ¡®narco¡¯ alega que le tendieron una trampa

Los acusados no tienen la obligaci¨®n de decir la verdad. Ni siquiera de declarar. Pero si lo hacen, su versi¨®n de los hechos ha de ser suficientemente buena, al menos, para convencer al tribunal de que son inocentes. A esa tarea se han dedicado este mi¨¦rcoles dos inspectores del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa (CNP) acusados de liderar una banda dedicada al tr¨¢fico de coca¨ªna en el puerto de Barcelona. El principal acusado, Calixto M. G -que pertenec¨ªa a la UDYCO, la unidad dedicada a combatir el tr¨¢fico de drogas- ha explicado, en el juicio, que fue v¨ªctima de una trampa urdida por un denunciante que iba a aportarle informaci¨®n valiosa y que acab¨® presentando una denuncia falsa contra ¨¦l.

Calixto M. G. y Francisco Ll. M. -un inspector jubilado- se sientan en el banquillo junto a una treintena de personas en una macrocausa de corupci¨®n policial en torno al puerto de Barcelona, que es una de las principales v¨ªas de entrada de droga en Espa?a. Seg¨²n la fiscal¨ªa -que pide 18 y 13 a?os de c¨¢rcel, respectivamente, para cada uno de ellos- entre 2014 y su detenci¨®n en 2017 los polic¨ªas colaboraron para que la banda importara de Sudam¨¦rica grandes cantidades de coca¨ªna oculta en contenedores. La investigaci¨®n se asienta sobre conversaciones telef¨®nicas muy elocuentes. En una de ellas, el inspector antidroga se interesa por una plaza de responsabilidad en el puerto de Barcelona para controlar mejor las descargas.

Una de las claves de este juicio es el testimonio de Javier Z., responsable de una empresa log¨ªstica que, despu¨¦s de colaborar en una primera descarga de droga, se arrepinti¨® y fue amenazado por ello. El hombre acab¨® interponiendo, en abril de 2016, una denuncia en la que se?alaba a los dos inspectores del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, que en la Audiencia de Barcelona han ofrecido una explicaci¨®n muy distinta sobre sus tratos con ese denunciante. Calixto ha contado que un amigo le cit¨® en un hotel de Barcelona para presentarle a Javier Z. porque ¨¦ste ten¨ªa que contarle una informaci¨®n que, desde el punto de vista policial, pod¨ªa ser muy valiosa.

¡°Me dijo que un clan gitano le hab¨ªa ofrecido meter droga con contenedores utilizando la empresa y que, como ¨¦l no quer¨ªa, empezaron a acosarle¡±, ha explicado el inspector, que accedi¨® a ¡°pasar con el coche por la zona simulando que vigilaba la empresa¡± para ahuyentar a los traficantes. Todo eso lo hizo, siempre seg¨²n su declaraci¨®n, en el marco de su trabajo como polic¨ªa y por el bien de la lucha contra el narcotr¨¢fico, ya que supuestamente Javier Z. ten¨ªa ¡°informaci¨®n privilegiada sobre estibadores y empresas¡± involucrados en el tr¨¢fico de droga en el puerto.

El inspector Calixto, de 56 a?os, ha afirmado que mantuvo ¡°tres o cuatro encuentros¡± con el denunciante, que no acababa de dar el paso. ¡°Quedamos para que me diera una informaci¨®n que nunca lleg¨® a darme. Me lo tragu¨¦, me enga?¨®¡±, ha explicado el polic¨ªa, que por esta causa estuvo en prisi¨®n provisional y ha optado por declarar solamente a preguntas de su abogada. La sorpresa del inspector lleg¨® cuando, semanas m¨¢s tarde, vio a Javier Z. en un aparcamiento para camiones cerca del puerto ¡°salud¨¢ndose con los mismos gitanos que le hab¨ªan amenazado¡±. ¡°Le dije que era un mentiroso de mierda, que me hab¨ªa hecho perder el tiempo, que iba a investigarle y que la pr¨®xima vez que le viera ser¨ªa para detenerle¡±. Esa fue la causa, siempre seg¨²n la versi¨®n del acusado, de que Javier Z., le denunciara sin motivo, origen del caso Romeo de corrupci¨®n policial que se juzga estos d¨ªas.

El jefe policial se ha desmarcado de cualquier v¨ªnculo con el tr¨¢fico de drogas y ha tratado de combatir los indicios recabados por los investigadores de Asuntos Internos, que no son pocos. Por orden judicial, los agentes instalaron un tel¨¦fono en veh¨ªculos de la organizaci¨®n que revelaron sus intenciones de traer a Barcelona dos contenedores de coca¨ªna (de 1.100 y 600 kilos); esas operaciones no se acabaron de concretar por problemas con el socio colombiano. En septiembre de 2017, finalmente, la jueza orden¨® la detenci¨®n de los dos inspectores y de una treintena de personas m¨¢s. El proveedor colombiano, Carlos Alberto G., admiti¨® en su declaraci¨®n los planes de la banda y se?al¨® que gozaba de la cobertura de dos mandos de la Polic¨ªa espa?ola.