PP, Cs y Vox acusan al PSC de menospreciar el castellano y burlar las sentencias por apoyar la nueva ley sobre lenguas

Una de cal y otra de arena para el gran pacto pol¨ªtico en Catalu?a que da luz verde a un nuevo r¨¦gimen ling¨¹¨ªstico en las escuelas, aunque sin asumir el porcentaje m¨ªnimo del 25% en castellano establecido por los tribunales. La norma ha superado este mi¨¦rcoles su primer tr¨¢mite en el Parlament, gracias a los votos de ERC, PSC, Junts y En Com¨² Podem (el 80% de los diputados), pero es posible que no pueda ser definitivamente aprobada hasta principios de junio, porque el PP, Ciudadanos y Vox sopesan pedir un dictamen al Consejo de Garant¨ªas Estatutarias de la C¨¢mara. Eso implicar¨ªa que el pr¨®ximo martes 31 de mayo, cuando vence el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) para aplicar el 25% de castellano en las escuelas, la nueva ley no estar¨ªa a¨²n en vigor, lo que dificultar¨ªa a la Generalitat argumentar ante el juez que su voluntad ¨Daunque no aplique la sentencia directamente¨D es regular el uso de las dos lenguas cooficiales en la escuela.

En el debate de este mi¨¦rcoles han volado los reproches de los detractores de la nueva ley, a un lado y otro del espectro ideol¨®gico. El PP, Cs y Vox han cargado contra el PSC, al que acusan de menospreciar al castellano y coquetear con la desobediencia a los tribunales. Por su parte, la CUP culpa a los otros dos partidos independentistas, ERC y Junts, de abrir la puerta al fin del modelo de escuela solo en catal¨¢n.

El texto acordado por ERC, Junts, el PSC y En Com¨² Podem no atiende la interlocutoria del Tribunal Superior que orden¨® que, a partir de la semana pr¨®xima, al menos un 25% de las horas lectivas (una materia troncal, adem¨¢s de Lengua Castellana) se impartan en castellano en todos los centros educativos. Los cuatro partidos defienden que la presencia de cada lengua oficial sea fijada a la carta por cada centro, en funci¨®n de su realidad socioling¨¹¨ªstica, mediante un plan ling¨¹¨ªstico que ha de ser avalado por la Generalitat. El articulado insiste en que el catal¨¢n es la lengua vehicular (es decir, docente) utilizada ¡°normalmente¡±, aunque a?ade que el castellano tambi¨¦n debe tener un papel en la escuela. ¡°La ense?anza y el uso curricular del catal¨¢n y del castellano deben estar garantizados¡±, establece.

Carlos Carrizosa, l¨ªder de Ciudadanos, ha calificado la proposici¨®n de ley de ¡°atropello¡± al castellano y ha acusado a los socialistas de ser ¡°los cooperadores necesarios del nacionalismo¡±. ¡°No es un consenso por la lengua, es una imposici¨®n a los catalanes¡±, ha protestado. Alejandro Fern¨¢ndez, del PP, ha advertido a los socialistas de que ¡°sumarse a las astucias separatistas para evitar cumplir la ley¡± abre una senda de ¡°no retorno¡±. Para Vox, se trata de una ¡°ley trampa¡± porque ¡°no se recoge el espa?ol como lengua vehicular, pese a lo que manda el TSJC¡±.Vox ha confirmado que pedir¨¢ que el Consejo de Garant¨ªas elabore un informe sobre la constitucionalidad del articulado.

La CUP, en otro sentido, tambi¨¦n ha sido muy dura con la reforma. La anticapitalista Dolors Sabater ha sostenido que la nueva ley se pliega al mandato judicial: ¡°Se adapta el marco legal a la sentencia del 25%, es decir, se convierte en ley la sentencia¡±, ha dicho. ¡°Es un fat¨ªdico d¨ªa hist¨®rico en el Parlament. Quien est¨¢ legislando son los magistrados¡±. La CUP ha acusado a las cuatro formaciones firmantes del proyecto de pactar ¡°a escondidas¡± y deso¨ªr a la comunidad educativa y a las entidades que trabajan por el catal¨¢n. Pese a ello, los anticapitalistas descartan apoyar una enmienda presentada por Plataforma per la Llengua, muy cr¨ªtica con una ley que cree que abre la puerta al biling¨¹ismo y descuida el fomento del catal¨¢n.

Convencer al tribunal

El plan del Govern y los grupos impulsores de la ley era que, antes del pr¨®ximo martes, estuvieran aprobados tanto la norma como un decreto ley del Govern para blindar jur¨ªdicamente a las direcciones de los centros. Si finalmente llega la petici¨®n del dictamen al Consejo de Garant¨ªas (que tambi¨¦n sopesan Cs y PP), ese calendario saltar¨ªa por los aires. En el pleno, Ciudadanos ha aprovechado para preguntar al consejero de Educaci¨®n, Josep Gonz¨¤lez Cambray (ERC), si piensa cumplir o no la sentencia del castellano en el l¨ªmite fijado. El titular de Educaci¨®n no ha respondido. S¨ª ha detallado que la Generalitat velar¨¢ por el cumplimiento de los planes ling¨¹¨ªsticos, por ejemplo, con pruebas de competencias para medir el dominio oral de cada una de las lenguas oficiales.

Es la Alta Inspecci¨®n educativa, que depende del Ministerio de Educaci¨®n, la que a partir del martes tiene que informar al Tribunal sobre la ejecuci¨®n de la sentencia. Fuentes del TSJC explican que no hay un formato definido sobre c¨®mo tiene que ser dicha evaluaci¨®n y que, teniendo en cuenta el balance, se decidir¨¢ el camino a seguir. En el caso de un incumplimiento, con el env¨ªo de nuevas advertencias o incluso la imposici¨®n de multas diarias.

El PSC defiende que, aunque el proyecto de ley no recoja el m¨ªnimo de 25% de clases en castellano que ordena la sentencia, la nueva norma puede facilitar que se ejecute esa resoluci¨®n judicial, una lectura completamente contraria a la que hacen en ERC o Junts. En una entrevista a Onda Cero, el jefe de filas del PSC, Salvador Illa, ha remarcado que la sentencia tiene que cumplirse y que esta ¡°fija un porcentaje¡±. El Govern y los socialistas comparten el mismo an¨¢lisis, esto es, que el TSJC solo fij¨® ese porcentaje ¨Dlo hizo en 2014¨D porque la Generalitat no hab¨ªa legislado sobre la proporci¨®n del castellano en la educaci¨®n; al aprobarse ahora el nuevo paquete legal, esa carencia, seg¨²n estos grupos, desaparece. Por eso, conf¨ªan en que el tribunal dar¨¢ por ejecutado o, al menos encarrilado, su veredicto.

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