Colau, las reformas y los poderes

Desde que Ada Colau lleg¨® a la alcald¨ªa de Barcelona en 2015 ha cosechado poderosos enemigos. Las 13 denuncias o querellas interpuestas contra su acci¨®n de gobierno, de las que 11 han sido archivadas, son la prueba fehaciente de que tocar lo que los lobbies consideran verdades de fe u oportunidades de negocio suele acabar con el hereje chamuscado en los tribunales. Ahora, a tres meses de las elecciones municipales, sobreviven solo dos de estas denuncias. Una del fondo de inversi¨®n Vauras ¨Cmultado por no ofrecer alquileres sociales a familias vulnerables, tal como fija la ley¨C y otra de la Asociaci¨®n por la Transparencia y la Calidad Democr¨¢tica (ATCD), por subvenciones municipales a entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Para ilustrar el tipo de transparencia que inspira a la entidad querellante hay un precedente: el pleito contra el Ayuntamiento de Valladolid por tratar de municipalizar el suministro de agua.

Aunque la gran mayor¨ªa de las demandas contra Colau hayan sido archivadas, la habilidad de los abogados y sus contratadores ha solido obtener buena acogida en algunas instancias judiciales. Ello ha permitido reiteradas reaperturas de casos, lo que ofrece la oportunidad de que a trav¨¦s de grandes titulares o de las redes sociales se siga arrojando sombra de duda sobre la trayectoria personal o pol¨ªtica de la alcaldesa.

Las pol¨ªticas de Colau, con sus aciertos y sus fiascos, han evitado m¨¢s de 100.000 cortes de suministros energ¨¦ticos a familias vulnerables y sus pioneras unidades anti-desahucio han acompa?ado desde 2015 a casi 14.000 familias, logrando suspender un 90% de los lanzamientos. El abanico de ayudas anti-desahucio van desde facilitar ayudas al pago de alquiler para aligerar la deuda con el propietario ¨Ca ello se han dedicado ocho millones de euros solo en 2021¨C, hasta mediar cuando los impagos que ya est¨¢n judicializados y se ha fijado la fecha de ejecuci¨®n.

Estas pol¨ªticas, en l¨ªnea con lo que sol¨ªa ser hist¨®ricamente la socialdemocracia europea, tienen dificultosa cabida en la Espa?a del siglo XXI. Sus enemigos son tan poderosos que muchas veces ni los gobiernos de izquierda se atreven con reformas de calado. Un ejemplo de ello es la ley de vivienda ¨Cinexistente desde el inicio de la transici¨®n democr¨¢tica¨C y que ha encontrado serios escollos para su tramitaci¨®n, tras meses de grandes tensiones.

Cualquier medida, por t¨ªmida que sea, genera gran oposici¨®n. Como la campa?a que lidera Joan Clos, socialista y ex alcalde de Barcelona (1997-2006), contra el l¨ªmite del 2% a los contratos de alquiler para 2023, fijado por el Gobierno central y, en concreto, por el ministerio de su compa?era, Raquel S¨¢nchez. Clos ¨Cex ministro del Gobierno Zapatero, ex embajador en Turqu¨ªa y Azerbaiy¨¢n y ex director del programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos¨C preside desde 2020 la Asociaci¨®n de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval), integrada por grandes tenedores inmobiliarios como Blackstone o Cerberus. El objetivo del recurso ¨Ccapitaneado por quien fue alcalde de izquierda y ahora defensor de causas m¨¢s prosaicas y rentables¨C es reclamar 1.500 millones de euros al Estado por lesi¨®n patrimonial.

Nada humano nos es ajeno y nunca es tarde para ver la luz. Las querellas contra Colau eran tan previsibles como lo es encontrar justificaciones a quien ha tomado el ambicioso camino de las puertas giratorias, traspasando l¨ªmites que antes se le antojaban infranqueables. Ah¨ª est¨¢ la conversi¨®n del exdirigente comunista Ram¨®n Tamames, quien a los 89 a?os est¨¢ dispuesto a ser candidato en la moci¨®n de censura de Vox. Se suele decir que quien no es de izquierda a los veinte a?os no tiene coraz¨®n, pero quiz¨¢s haya perdido la cabeza quien casi a los 90 ¨Cy tras haber sufrido la dictadura franquista¨C calienta en la banda con la camiseta de la ultraderecha.

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