Los afectados por la amnist¨ªa prev¨¦n una aplicaci¨®n de la ley ¡°de dos velocidades¡±

La ley de amnist¨ªa ya es una realidad, pero su aplicaci¨®n todav¨ªa es una inc¨®gnita, en especial para sus posibles beneficiarios, recelosos ante la posibilidad de que el poder judicial la torpedee. Los amnistiables y sus abogados, pero tambi¨¦n jueces y fiscales catalanes consultados por EL PA?S, trabajan con la hip¨®tesis de que la implementaci¨®n de la norma tenga ¡°dos velocidades¡±. Una, m¨¢s lenta, la que pasa por Madrid, donde se sustancian las causas de mayor calado pol¨ªtico contra el proc¨¦s: la del refer¨¦ndum del 1-O y la de Tsunami Democr¨¤tic, ambas con un denominador com¨²n: Carles Puigdemont. La otra, previsiblemente m¨¢s r¨¢pida, la que tiene como escenario los juzgados catalanes que investigan asuntos de menor entidad, especialmente des¨®rdenes p¨²blicos.

¡°Tenemos muy claro que el poder judicial espa?ol har¨¢ todo lo que pueda para sabotear este instrumento pol¨ªtico de reparaci¨®n. Lo hemos visto con la causa de Tsunami [el movimiento que organiz¨® las protestas contra la sentencia del proc¨¦s en octubre de 2019], que se reactiv¨® y aceler¨® cuando se debat¨ªa la ley¡±, explica una portavoz de ?mnium Cultural, la organizaci¨®n que abander¨® la lucha por la amnist¨ªa, a la que el Congreso de los Diputados dio luz verde definitiva el jueves. ¡°Sabemos que har¨¢n una interpretaci¨®n restrictiva de la ley y que la aplicaci¨®n no ser¨¢ inmediata ni f¨¢cil¡±, insiste la entidad, que este mismo lunes presenta un instrumento jur¨ªdico para ayudar a los abogados de causas susceptibles de ser objeto de la amnist¨ªa a lograr su archivo con la m¨¢xima celeridad.

Los recelos son compartidos por buena parte de los afectados (m¨¢s de 400, seg¨²n los c¨¢lculos del Gobierno), entre los que hay dirigentes pol¨ªticos y cargos de partidos independentistas, pero tambi¨¦n ciudadanos que participaron en movilizaciones a favor del proc¨¦s. Se mueven entre la esperanza de recibir al fin el perd¨®n y el temor a que sus causas queden enredadas en discusiones jur¨ªdicas durante meses o incluso a?os.

Luxemburgo en el horizonte

Las preocupaciones de esos afectados y de sus abogados apuntan a Madrid. El Tribunal Supremo mantiene procesados por malversaci¨®n agravada a Puigdemont y a otros consejeros que se marcharon al extranjero para no afrontar el juicio del proc¨¦s, que se sald¨® en 2019 con penas de c¨¢rcel para sus compa?eros en el Govern y en la aventura secesionista, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras. El Supremo tambi¨¦n instruye la parte que afecta a los aforados (Puigdemont y el diputado de Esquerra Ruben Wagensberg) en la causa de Tsunami Democr¨¤tic, liderada por la Audiencia Nacional, que atribuye a una docena de personas un delito de terrorismo por los disturbios desatados en las manifestaciones posteriores a esa sentencia.

Con el objetivo declarado de alcanzar la ¡°normalizaci¨®n institucional, pol¨ªtica y social en Catalu?a¡±, la ley de amnist¨ªa buscar dar carpetazo a todas las causas judiciales ¡°sin excepci¨®n¡± vinculadas al proceso independentista. Y da un plazo de dos meses a los tribunales para que apliquen la medida de gracia. Las exclusiones que prev¨¦ la ley para los delitos de malversaci¨®n (si hubo incremento del patrimonio personal) y terrorismo (si hay ¡°graves violaciones de derechos humanos¡±) no afectan, seg¨²n el esp¨ªritu de la ley y seg¨²n han manifestado los negociadores del texto, a ninguno de los casos del proc¨¦s, que quedar¨ªan por tanto bajo el paraguas de la amnist¨ªa.

Pero el Supremo tiene sus dudas. Sobre la amnist¨ªa en general y sobre esos extremos en particular. Uno de los escenarios m¨¢s plausibles es que los magistrados planteen una cuesti¨®n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE). La decisi¨®n obligar¨ªa a paralizar la aplicaci¨®n de la medida de gracia, aunque esa par¨¢lisis no afectar¨ªa, en principio, a medidas cautelares y ¨®rdenes de detenci¨®n, que seg¨²n explicita la ley los jueces est¨¢n obligados a ¡°dejar sin efecto¡±. La consecuencia m¨¢s obvia de todo ello: Puigdemont podr¨ªa regresar de B¨¦lgica, al menos sobre el papel, sin miedo a ser arrestado.

Si hay cuesti¨®n prejudicial, est¨¢ por ver cu¨¢l ser¨¢ el alcance de las dudas que planteen los magistrados (si son gen¨¦ricas o relativas al terrorismo y la malversaci¨®n) y, sobre todo, c¨®mo afectar¨¢ eso al resto de causas. Fuentes jur¨ªdicas se?alan que, salvo que la cuesti¨®n que plantee el Supremo sea muy espec¨ªfica para las causas que all¨ª se han juzgado o se instruyen, lo normal es que, una vez que el alto tribunal acuda a Europa, los jueces encargados de causas en Catalu?a esperen a la respuesta que llegue de Luxemburgo. Pero eso no impide que haya jueces que no alberguen dudas sobre la aplicaci¨®n de la medida de gracia y la apliquen antes de que el Supremo mueva ficha. Las fuentes consultadas sospechan que hay vida m¨¢s all¨¢ del alto tribunal y que la mayor¨ªa de jueces con causas vinculadas al proc¨¦s que se sustancia en Catalu?a har¨¢n lo que dice la ley sin poner obst¨¢culos. ¡°Cada juez es due?o de su casa y har¨¢ lo que le parezca oportuno. Aunque no nos gusten el contenido o los motivos de la ley, tenemos que aplicarle. Y no parece que, en muchos casos, haya motivos para un bloqueo¡±, apunta una veterana jueza de instrucci¨®n de Barcelona.

Tampoco se prev¨¦ que coincidan las estrategias de los fiscales encargados de las causas del Supremo y los que intervienen en las de Catalu?a. Los cuatro que participaron en el juicio del proc¨¦s han comunicado esta semana al fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, su oposici¨®n a aplicar la amnist¨ªa a los encausados por malversaci¨®n, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Argumentan que el desv¨ªo de fondos que se consider¨® probado en la sentencia del Supremo encaja en las excepciones que contempla la ley de amnist¨ªa, por lo que sostienen que estas acusaciones no pueden decaer ni se puede levantar la orden de detenci¨®n al l¨ªder de Junts. El Ministerio p¨²blico se rige por el principio de unidad de actuaci¨®n, lo que implica que los fiscales deben acatar el criterio sobre la amnist¨ªa que fije Garc¨ªa Ortiz, por lo que la postura de los fiscales del proc¨¦s anuncia un nuevo pulso con el fiscal general, que, seg¨²n fuentes de su entorno, considera que debe aplicarse la ley aprobada por el Congreso a todos los encausados por el desaf¨ªo independentista. Diversas fuentes dan por hecho que los cuatro veteranos fiscales del Supremo intentar¨¢n explorar todas las v¨ªas posibles para imponer su postura sobre la de Garc¨ªa Ortiz.

Un d¨ªa despu¨¦s de que los cuatro fiscales del Supremo se reunieran con el fiscal general para lanzar su ¨®rdago, la c¨²pula fiscal de Catalu?a mantuvo tambi¨¦n un encuentro con el jefe del Ministerio P¨²blico. El ambiente de esa cita, seg¨²n las fuentes consultadas, fue mucho m¨¢s cordial que el del d¨ªa anterior. Los fiscales catalanes se?alaron que habr¨¢ comunicaci¨®n fluida entre ellos y la Fiscal¨ªa General y que estudiar¨¢n caso a caso, pero trabajar¨¢n coordinados e intentar¨¢n dar una respuesta r¨¢pida. No se abordaron casos concretos, pero las fuentes se?alan que no se prev¨¦n obst¨¢culos para aplicar la ley ni discrepancias con los criterios que vayan marc¨¢ndose desde la Fiscal¨ªa general.

Ciudadanos antes que pol¨ªticos

En los juzgados de instrucci¨®n (las trincheras del mundo juicial), la amnist¨ªa no copa las conversaciones del caf¨¦ ni ha sido objeto de encendidas discusiones. El titular de instrucci¨®n 7, Francisco Miralles, proces¨® a 46 agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa por las lesiones que causaron durante las cargas del 1-O. De acuerdo con la ley de amnist¨ªa, esos polic¨ªas deben ser exculpados. La titular de instrucci¨®n 13, Alejandra Gil, mantiene investigadas a una veintena de personas, entre cargos y excargos de la Generalitat, por su participaci¨®n en la organizaci¨®n del refer¨¦ndum del 1-O: como en el caso del Supremo, por delitos de malversaci¨®n, de modo que un archivo de la causa por parte de esta magistrada supondr¨ªa un hito en la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa.

¡°Una cosa es lo que vaya a hacer el Supremo. Otra distinta es lo que hagan aqu¨ª jueces mucho menos politizados, que saben que han de hacer cumplir las leyes y que, adem¨¢s, van sobrecargados de trabajo y as¨ª se sacan de encima un asunto¡±, cuenta con un deje ir¨®nico otro veterano juez de instrucci¨®n de la provincia de Barcelona. La incertidumbre, sin embargo, sigue imperando a la espera de que la ley se publique en el BOE y entre en vigor; habr¨¢ que analizar, adem¨¢s y como establece la norma, ¡°caso por caso¡±, a?ade.

Los negociadores siempre han hablado de que podr¨ªa haber unas 400 personas beneficiadas, aunque entidades como ?mnium elevan la cifra a m¨¢s de 1.600. Entre ellos hay tres expresidentes catalanes: Carles Puigdemont, Artur Mas (condenado por la consulta del 9-N de 2014) y Quim Torra (inhabilitado por poner s¨ªmbolos a favor de los pol¨ªticos presos en la fachada del Palau de la Generalitat). Pero tambi¨¦n ex altos cargos de Junts y Esquerra que ayudaron a la organizaci¨®n del 1-O, personas del entorno de Puigdemont o miembros de la mesa del Parlament: la clase pol¨ªtica que marc¨® el ritmo de la ¨²ltima d¨¦cada en Catalu?a.

El grueso de los amnistiables, sin embargo, lo componen personas que de un modo u otro participaron en las movilizaciones masivas tras la sentencia del proc¨¦s y que han sido investigadas por delitos como des¨®rdenes p¨²blicos o atentado a la autoridad. Las fuentes consultadas tienen pocas dudas de que esas causas se van a archivar (las que no lo est¨¢n ya) porque, a diferencia de la malversaci¨®n o el terrorismo, ¡°no hay margen alguno para la duda o la interpretaci¨®n por parte de los magistrados¡±, asegura un fiscal que conoce a fondo las causas del proceso independentista. ¡°Al final habr¨¢ algo de justicia pol¨ªtica. Se dijo que la amnist¨ªa se hab¨ªa hecho para los pol¨ªticos, pero tal vez los primeros beneficiados sean personas an¨®nimas¡±, dice un abogado catal¨¢n que lleva una decena de casos susceptibles de ser amnistiados.

La ley dice que la responsabilidad penal de los hechos ligados al proceso independentista debe extinguirse por los jueces ¡°de oficio¡± o ¡°a instancia de parte¡± o ¡°del Ministerio Fiscal¡±. Los posibles beneficiarios no piensan esperar demasiado a ver c¨®mo reaccionan los jueces. El jueves, el mismo d¨ªa en que se aprob¨® la ley en el Congreso, el letrado David Aineto ¡ªque defiende a uno de los investigados en instrucci¨®n 13¡ª pidi¨® el archivo de la causa en un texto breve, con la sola menci¨®n a la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa.

El independentismo, en cualquier caso, se ha conjurado para que la aplicaci¨®n sea lo m¨¢s efectiva y r¨¢pida posible. Diversos abogados han confeccionado una suerte de instancia o gu¨ªa para solicitar los archivos y para que cualquier abogado, est¨¦ o no activamente involucrado, disponga de una herramienta ¨²til. El objetivo es que nadie quiere fuera. Alerta Solid¨¤ria, una organizaci¨®n vinculada a la izquierda independentista que contabiliza 419 beneficiarios (excluyendo a pol¨ªticos y cargos p¨²blicos) ha constituido ¡°un equipo de aplicaci¨®n y seguimiento¡± para fijar prioridades. ?mnium, por su parte, asegura que ofrecer¨¢ ¡°coordinaci¨®n y apoyo¡± a las personas que la soliciten: ¡°No dejaremos a ning¨²n represaliado solo¡±.

Puedes seguir a EL PA?S Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aqu¨ª para recibir nuestra newsletter semanal