Espa?a en los programas electorales | El aborto: un derecho que se sigue matizando tras casi 40 a?os de regulaci¨®n
La izquierda busca garantizar la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en la sanidad p¨²blica; el PP insiste en la necesidad de permiso paterno para las menores, y Vox aspira a derogar la ley
Casi 40 a?os despu¨¦s de que en 1985 se despenalizara el aborto en Espa?a para algunos supuestos (violaci¨®n, anomal¨ªa fetal y riesgo para la madre), y 13 a?os despu¨¦s de que se instaurara el modelo de plazos, en el que el aborto es libre en las primeras 14 semanas de embarazo, cientos de mujeres siguen teniendo que peregrinar cada a?o de centro en centro y de provincia en provincia para ejercer un derecho que la ley les reconoce. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ha obligado por primera vez a una comunidad, Murcia, a indemnizar a una mujer a la que deneg¨® esa prestaci¨®n con el argumento de que no hab¨ªa m¨¦dicos dispuestos a practicar el aborto en sus centros, refleja una realidad muy distinta a la que fija la legislaci¨®n. Buena cuenta de ello dan tambi¨¦n los programas electorales de los partidos para el 23-J. El aborto sigue siendo un derecho matizable y un arma arrojadiza cuya vigencia peligra en el caso de que Vox llegue a gobernar con un peso suficiente para imponer sus intenciones.
La interrupci¨®n voluntaria del embarazo ha tenido a lo largo de la democracia dos grandes leyes y dos reformas parciales, pero todav¨ªa hoy sigue figurando en los programas electorales como un derecho que seg¨²n la izquierda no termina de poder ejercerse plenamente, y seg¨²n la derecha es excesivo en todo (Vox) o en parte (PP).
La ley de plazos, de 2010, establece que el aborto es libre hasta la semana 14 de gestaci¨®n y, a partir de ah¨ª y hasta la semana 21, est¨¢ permitido solo por causas m¨¦dicas (malformaci¨®n del feto o peligro para la vida de la madre). A partir de la semana 22 se puede interrumpir el embarazo si hay malformaci¨®n fetal incompatible con la vida o el feto padece ¡°una enfermedad de extrema gravedad e incurable¡±. Hasta que se aprob¨® esta norma, y desde 1985, a?o en el que el Tribunal Constitucional dio el visto bueno a la primera ley del aborto, Espa?a permit¨ªa hacerlo solo en tres estrictos supuestos: si exist¨ªa ¡°un grave peligro para la vida o la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la embarazada¡±; en caso de violaci¨®n; y si hab¨ªa riesgo de que el feto naciera con ¡°graves taras¡±. En 2009, ¨²ltimo a?o completo en el que estuvo en vigor esa regulaci¨®n, cerca del 97% de los abortos se llevaban a cabo alegando riesgo para la salud ps¨ªquica de la madre.
El PP, que se hab¨ªa opuesto a la ley de 1985, se opuso tambi¨¦n a la de 2010 y la recurri¨® al Constitucional. Pero cuando, un a?o despu¨¦s, Mariano Rajoy lleg¨® al Gobierno, no la derog¨® (solo la reform¨® en 2015 para exigir permiso paterno para abortar a las j¨®venes de 16 y 17 a?os), alegando que estaba a la espera de que se resolviera su recurso. En mayo el tribunal aval¨® ¨ªntegramente la norma (con siete votos a favor y cuatro en contra), y el PP dice ahora que el modelo de plazos es el m¨¢s adecuado.
Antes de que llegara ese aval constitucional, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aprob¨® en febrero el ¨²ltimo cambio a la ley del aborto para implantar el texto que ahora est¨¢ vigente: elimin¨® el permiso paterno para las menores, garantiz¨® el derecho al aborto en los hospitales p¨²blicos (un aspecto que en la pr¨¢ctica no est¨¢ resuelto y en el que ahora vuelven a incidir los programas electorales de PSOE y Sumar) y suprimi¨® la obligatoriedad de dar previamente a la embarazada informaci¨®n sobre ayudas a la maternidad y de que la mujer reflexione durante tres d¨ªas antes de comunicar su decisi¨®n definitiva.
Una vez conocido el visto bueno del Constitucional, los populares, para quienes el aborto sigue siendo un asunto inc¨®modo y que causa gran divisi¨®n interna, asumen toda la norma menos un punto: el que permite interrumpir su embarazo a las mujeres de 16 y 17 a?os sin permiso paterno. Sigue siendo una l¨ªnea roja para el PP y su programa electoral se compromete a recuperar ese permiso.
Tanto Vox como algunos dirigentes populares han cargado contra la ley de plazos del aborto asegurando que ha disparado las interrupciones de embarazo, pero los datos dibujan otra realidad. En Espa?a han abortado 100.000 mujeres de media al a?o desde que entr¨® en vigor la actual ley de plazos de 2010, aunque en los ¨²ltimos a?os la cifra se ha mantenido por debajo de ese umbral. La tasa media de los ¨²ltimos 10 a?os ha sido de 11 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 a?os. En 2021, ¨²ltimo a?o del que hay cifras, abortaron 90.189 mujeres, con una tasa de 10,7 interrupciones por cada 1.000.
La cifra m¨¢s alta de la serie hist¨®rica se alcanz¨® en 2011, justo el primer a?o completo en el que estuvo en vigor la ley de plazos. Ese a?o interrumpieron el embarazo 118.611 mujeres, pero a partir de 2013 la cifra empieza a bajar hasta quedarse en niveles parecidos a los que hab¨ªa en los a?os previos al cambio de legislaci¨®n de 2010, con la primera ley de supuestos de 1985.
Aunque la ley permite abortar libremente hasta la semana 14 de embarazo, la mayor¨ªa de las interrupciones (m¨¢s del 70%) se llevan a cabo en las ocho primeras, y m¨¢s all¨¢ de la semana 15 solo se producen el 5%. ?nicamente un 16% de los abortos se realizan en centros p¨²blicos; el 86% se sigue haciendo en instalaciones privadas mediante conciertos con la sanidad p¨²blica.
Estas son las promesas de los programas electorales relacionadas con el aborto:
PSOE: garantizar el aborto en todas las comunidades
El programa socialista sostiene que el aborto solo se puede traducir en dos cosas: ¡°O un derecho o una forma de poner su vida [la de las mujeres] en riesgo¡±. Para blindar lo primero, los socialistas prometen garantizar la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en igualdad de condiciones en todas las comunidades y el acceso a los dos me?todos mediante los cuales se lleva a cabo: el quiru?rgico y el farmacolo?gico. ¡°Es imprescindible garantizar el acceso a esta prestacio?n en las zonas rurales, donde hay menos servicios y ma?s dispersos, asi? como mayor dificultad para garantizar la privacidad de las mujeres¡±, se?ala el texto, que promete impulsar ¡°zonas de seguridad¡± alrededor de las cli?nicas para que las mujeres que acuden a las mismas puedan ejercer sus derechos sin acosos ni coacciones.
PP: reintroducir el consentimiento paterno entre los 16 y los 17 a?os
El programa del PP tiene un solo compromiso relacionado directamente con la ley del aborto: ¡°Introducir en la ley el consentimiento de los titulares de la patria potestad previo a la realizacio?n del aborto en las jo?venes menores de edad¡±. Es decir, las de 16 y 17 a?os, porque para el resto ya es obligatorio. Los populares se comprometen tambi¨¦n a garantizar el ejercicio del derecho a la objeci¨®n de conciencia de los profesionales sanitarios, pero esta promesa la incluyen entre las medidas de sanidad en general, no espec¨ªficamente para el aborto.
Vox: derogar el derecho
El programa del partido ultra tiene un rosario de medidas antiaborto distribuidas a lo largo de su programa. La primera, la derogaci¨®n de la ley que lo regula. ¡°Eliminaremos el falso ¡®derecho al aborto¡¯ y defenderemos el derecho a que toda mujer embarazada pueda acceder a un protocolo de informaci¨®n permanente en que los profesionales de la salud pongan a su disposici¨®n todas las ayudas para la manutenci¨®n, educaci¨®n y cuidado de los hijos. El protocolo incluir¨¢ la posibilidad de acceso por la madre gestante a una atenci¨®n psicosocial espec¨ªfica mediante el acceso a un psic¨®logo cl¨ªnico; as¨ª como la posibilidad de escuchar el latido fetal y la realizaci¨®n de una ecograf¨ªa 4D¡±, a?ade el texto, que promete tambi¨¦n la ¡°libertad de conciencia¡± de todo el personal sanitario, tanto en intervenciones m¨¦dicas y quir¨²rgicas ¡°como en la dispensaci¨®n de medicamentos que atenten contra la vida¡±.
Sumar: acceso efectivo en la sanidad p¨²blica
La coalici¨®n liderada por Yolanda D¨ªaz incluye el ¡°acceso efectivo al derecho del aborto¡± como una ¡°prioridad¡± en la garant¨ªa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Adem¨¢s, se compromete a ¡°tomar medidas adicionales¡± a las ya incluidas en el C¨®digo Penal para que las cl¨ªnicas donde se practica, as¨ª como el acceso a ellas, sean ¡°espacios seguros¡± para los profesionales y las mujeres. Sumar considera tambi¨¦n ¡°prioritario¡± poner en marcha en las comunidades aut¨®nomas los registros de objetores de conciencia que recoge la ley, as¨ª como garantizar que la alta inspecci¨®n desarrolle sus funciones y garantice la prestaci¨®n en todas las comunidades, ¡°gobierne quien gobierne¡±. Asimismo, ¡°en coherencia con la reforma de la ley y en cumplimiento con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional¡±, se garantiza la prestaci¨®n del servicio en la sanidad p¨²blica y en condiciones de proximidad.
PSOE
- Garantizar el acceso a esta prestacio?n en las zonas rurales
- Impulsar ¡°zonas de seguridad¡± alrededor de las cli?nicas para que las mujeres puedan ejercer sus derechos sin acosos ni coacciones.
- Desarrollar poli?ticas activas de educacio?n y prevencio?n de embarazos no deseados a trave?s de campan?as informativas especialmente destinadas a la juventud.
PP
- Garantizar el ejercicio del derecho a la objeci¨®n de conciencia de los profesionales sanitarios.
Vox
- Eliminar el falso ¡°derecho al aborto¡± y defender el derecho a que toda mujer embarazada pueda acceder a un protocolo que incluir¨¢ la posibilidad de acceso por la madre gestante a una atenci¨®n psicosocial espec¨ªfica mediante el acceso a un psic¨®logo cl¨ªnico; as¨ª como la posibilidad de escuchar el latido fetal y la realizaci¨®n de una ecograf¨ªa 4D.
- Promoveremos la adopci¨®n nacional y el acogimiento familiar como alternativa al aborto.
- Eliminaremos las ayudas p¨²blicas a aquellas organizaciones que promuevan pr¨¢cticas contrarias al fomento de la vida desde su concepci¨®n.
Sumar
- Tomar medidas adicionales para que las cl¨ªnicas donde se practica, as¨ª como el acceso a las mismas, sean espacios seguros tanto para los profesionales como para las mujeres.
- Poner en marcha en las comunidades aut¨®nomas los registros de objetores de conciencia.
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