Demasiadas autoridades competentes

Las campa?as de desinformaci¨®n mediante difusi¨®n digital y masiva (organizadas con robots u otras herramientas t¨¦cnicas) de noticias o hechos falsos son un problema muy grave sobre el que se han realizado en el mundo multitud de estudios y propuestas. Aunque las redes digitales siempre han permitido la difusi¨®n de rumores o noticias falsas, nunca hasta hace unos a?os existi¨® la constancia de aut¨¦nticas campa?as sistematizadas de desinformaci¨®n, destinadas a interferir y manipular elecciones, crear estados de opini¨®n pr¨®ximos a la histeria, interferir en el funcionamiento de empresas o fomentar actitudes de odio racial o pol¨ªtico.

La enorme dificultad para tratar con este peligroso fen¨®meno es que las medidas para controlarlo pueden abrir el paso a soluciones inquietantes que afectan a la libertad de expresi¨®n y al derecho a poner en circulaci¨®n ideas disidentes, heterodoxas o directamente raras o incluso repelentes, es decir, al centro mismo de un sistema democr¨¢tico. Por eso tantos expertos piden que no se legisle contra la informaci¨®n que se pueda considerar falsa, sino contra los procedimientos que permiten una difusi¨®n gigantesca y tecnol¨®gica de ella, por ejemplo a trav¨¦s de robots. Es muy importante alejar cualquier sospecha o malentendido sobre los intereses de quienes tienen que ejercer el control de esas campa?as y que esa capacidad de control se limite a actuar contra procedimientos determinados mucho m¨¢s que sobre la idea de la verdad y la falsedad.

Por eso es tan poco afortunado el Procedimiento de Actuaci¨®n contra la Desinformaci¨®n publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado el pasado d¨ªa 5 de noviembre. El texto contiene elementos problem¨¢ticos porque est¨¢ basado fundamentalmente en la actuaci¨®n de un sinf¨ªn de ¡°autoridades competentes¡±, desde la secretaria de Estado de Comunicaci¨®n, hasta gabinetes de comunicaci¨®n de los distintos ministerios, pasando por variadas direcciones generales, am¨¦n del Centro Nacional de Inteligencia y Departamento de Seguridad Nacional, y porque, adem¨¢s, no define claramente los campos de actuaci¨®n.

Es de agradecer que el ministerio de la Presidencia, que desempe?a la vicepresidenta Carmen Calvo, haya decidido hacer p¨²blico el Procedimiento, porque el anterior, que naci¨® en la ¨¦poca de Mariano Rajoy, ni siquiera fue publicado en el BOE y se mantuvo en secreto, una de las tantas arbitrariedades de la ¨¦poca. En cualquier caso, el ahora conocido dice inspirarse en el Plan de Acci¨®n para la lucha contra la desinformaci¨®n aprobado por el Consejo Europeo en 2018, pero ¨¦ste trataba fundamentalmente de fortalecer la cooperaci¨®n entre Estados miembros para hacer frente a las campa?as de desinformaci¨®n en ¨¦poca electoral. El texto espa?ol alude tambi¨¦n al posterior European Democracy Action Plan, que habla efectivamente de la necesidad de elaborar planes nacionales contra esas campa?as (pone como ejemplo la desinformaci¨®n respecto a la epidemia de covid-19), pero, sobre todo, lo que el documento europeo pide es fortalecer el periodismo profesional, mediante el fomento del pluralismo y la mejora de las condiciones de trabajo de los periodistas, campa?as de publicidad institucional para ¡°alfabetizar¡± a los ciudadanos sobre los peligros de la desinformaci¨®n, una transparencia total sobre la propiedad de los medios digitales y robots que nacen y desaparecen en virtud de esas campa?as y, muy especialmente, apoyar las iniciativas de la sociedad civil. De todo esto no aparece, de momento, ni una palabra en el contexto del procedimiento espa?ol, dedicado casi en exclusiva a identificar la multitud de ¨®rganos, organismos y autoridades que forman el sistema de control, muchos de ellos peligrosamente cercanos al poder pol¨ªtico.

Resulta particularmente inquietante que el Procedimiento hable del ¡°Sistema Nacional para la prevenci¨®n, detecci¨®n, alerta, seguimiento y respuesta cuyas causas, medio y o consecuencias est¨¢n relacionadas con la desinformaci¨®n¡± pero que en ning¨²n momento aclare cu¨¢l puede ser esa respuesta, (?multas, prisi¨®n?). Tampoco tranquiliza la escueta menci¨®n a la sociedad civil y al sector privado: se reconoce que la sociedad civil es fundamental en la lucha contra la desinformaci¨®n y a continuaci¨®n se limita a se?alar que ¡°las autoridades competentes podr¨¢n solicitar la colaboraci¨®n de aquellas organizaciones o personas cuya contribuci¨®n considere oportuna y relevante¡±.

Demasiadas autoridades competentes y pocas autoridades que escuchen.