Cualquier transformaci¨®n profunda en la pr¨®xima legislatura pasa por una reforma fiscal
El sistema tributario espa?ol es anticuado, incompleto, poco redistributivo y prima la competencia y la demagogia entre comunidades
En las negociaciones de investidura, cada una de las fuerzas pol¨ªticas ha de exhibir con mucha claridad las ideas fuerza de su proyecto. Lo exige la democracia. No vaya a ser que, como est¨¢ ocurriendo hasta ahora, por la boca muera el pez. El panorama de cualquier escenario de Gobierno ¡ª?qui¨¦n administrar¨¢ el Estado y por cu¨¢nto tiempo¡ª pasa por nuevas reglas del juego. Espa?a pertenece al club de Bruselas y ¨¦ste ya ha advertido que a partir del pr¨®ximo 1 de enero entrar¨¢n en funcionamiento otras normas distintas de las que se han estado aplicando en Europa desde el a?o 2020, primero con la pandemia de la covid y luego con la guerra de Ucrania.
Lo que exige la Uni¨®n Europea es un pacto de estabilidad adaptado a las condiciones de hoy y sin el empacho de ideolog¨ªa del anterior, que condujo a una recesi¨®n sobre la recesi¨®n e incluso a poner en peligro el futuro del euro. Pendiente de detalles, ese pacto consiste en recuperar la senda de unos m¨¢ximos del 3% de d¨¦ficit y del 60% de deuda p¨²blica sobre el producto interior bruto, aunque cada pa¨ªs a un ritmo distinto que ser¨¢ determinado por su situaci¨®n de partida. Ello significa imponer otro cors¨¦ a los pa¨ªses, aunque no sea tan r¨ªgido como el anterior. Habr¨¢ que transformar los Presupuestos Generales, lo que ser¨¢ especialmente dif¨ªcil en nuestro caso pues es muy improbable que, por la limitaci¨®n pol¨ªtica, se aprueben unos nuevos, habi¨¦ndose de prorrogar los que est¨¢n en vigor.
Es lamentable que apenas se hable de ello cuando los partidos se ?re¨²nen para ver qui¨¦n mandar¨¢ en el futuro inmediato. Los maestros de esgrima apenas concretan para qu¨¦ quieren gobernar, m¨¢s all¨¢ de asuntos plenos de vaguedades. Para llegar a esa senda (3%, 60%) solo hay dos direcciones (o una combinaci¨®n de ambas): reducir el gasto o aumentar los ingresos. Cuando se pretende limitar el gasto p¨²blico, generalmente se es poco transparente (m¨¢s all¨¢ de lo de ¡°quitar los chiringuitos¡± y otras obviedades). Aunque sea doloroso es m¨¢s directo hablar de los impuestos. El sistema tributario espa?ol se ha quedado anticuado, es incompleto, sus efectos redistributivos son muy limitados y prima, como se ha visto en los ¨²ltimos tiempos, la competencia fiscal entre comunidades, primando la demagogia de algunas. Seg¨²n la mayor parte de los estudios el nivel de recaudaci¨®n impositiva en Espa?a est¨¢ entre cuatro y siete puntos menos que el promedio europeo, existe una brecha por la cual le faltan estructuralmente entre 40.000 y 60.000 millones de euros anuales, se erosionan continuamente las bases impositivas a trav¨¦s de los beneficios fiscales y la movilidad internacional de esas bases, y se genera una sobrecarga tributaria en las rentas medias del trabajo.
Una reforma fiscal adaptada a las nuevas circunstancias, en medio de las transiciones ecol¨®gica, digital y social, tambi¨¦n es exigida por Bruselas de modo normativo dentro del Plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia que proporciona a nuestro pa¨ªs hasta 140.000 millones de euros entre cr¨¦ditos y transferencias. En alg¨²n caj¨®n del Ministerio de Hacienda se halla el ¨²ltimo libro blanco sobre la reforma fiscal del que las casi 120 recomendaciones tienen car¨¢cter t¨¦cnico y que, actualizadas, podr¨ªan ser aprovechadas como hilo conductor por cualquier Gobierno sin necesidad de empezar, una vez m¨¢s, de cero.
Conviene recordar tambi¨¦n las leyes deca¨ªdas al haberse producido el adelanto electoral. Cuando haya nuevas c¨¢maras se habr¨¢n de iniciar de nuevo su recorrido, pero ¨¦ste ser¨ªa m¨¢s f¨¢cil si contasen con una correlaci¨®n de fuerzas muy mayoritaria. Y facilitar¨ªan la vida de los ciudadanos. Entre ellas estas dos: la autoridad de defensa del cliente financiero, impulsada por la campa?a Soy mayor pero no idiota y que protege a los mayores m¨¢s vulnerables; y el derecho al olvido oncol¨®gico, que declaraba nulas las cl¨¢usulas basadas en los antecedentes oncol¨®gicos que excluyen o discriminan a la hora de contratar productos y servicios a las personas que hayan padecido c¨¢ncer, como la firma de las hipotecas.
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