La ¨²ltima esperanza: que el Tribunal Supremo de Estados Unidos recuerde su historia

Es conocido que cuando al presidente Eisenhower le preguntaron cu¨¢l hab¨ªa sido el mayor fracaso de su mandato respondi¨® con un nombre: ¡°Warren¡±. Se refer¨ªa a Earl Warren, a quien ¨¦l mismo hab¨ªa nombrado presidente del Tribunal Supremo (TS), fi¨¢ndose de sus credenciales como jurista conservador y que, una vez en el cargo, se convirti¨® en uno de los mayores defensores de los derechos civiles. El periodista insisti¨®: ¡°?Y su segundo peor error?¡±. ¡°Earl¡±, fue la respuesta.

Parece dif¨ªcil que el actual Tribunal Supremo pueda dar una sorpresa semejante y convertirse en el freno de los excesos del presidente Donald Trump, pero aun as¨ª algunos sectores del mundo jur¨ªdico y acad¨¦mico de Estados Unidos no pierden la esperanza. Al fin y al cabo, solo hay dos medios para poner l¨ªmites al poder de Trump (y de su valido, Elon Musk). El primero, que algunos senadores y congresistas republicanos que deben revalidar su mandato a finales de 2026, crean que sus electores les exigir¨¢n distanciarse de la desmesura de la Casa Blanca y act¨²en en consecuencia; o que el actual presidente del TS, John Roberts, de 70 a?os, un conservador moderado nombrado por Bush, luche por influir en sus colegas, algo dif¨ªcil porque ya perdi¨® mucha influencia cuando en 2012 decidi¨®, en el ¨²ltimo minuto, apoyar la reforma sanitaria de Obama, odiada por sus colegas conservadores.

Aun as¨ª, la llama de la esperanza se mantiene. Como explican los profesores Miguel Beltr¨¢n y Julio V. Gonz¨¢lez en su An¨¢lisis de las sentencias b¨¢sicas del Tribunal Supremo (BOE), ¡°la vida cotidiana, los derechos y libertades de los ciudadanos de Estados Unidos han sido dise?ados, sentencia a sentencia, por los tribunales y muy singularmente por el Tribunal Supremo¡±. Es decir, no se sustentan en leyes aprobadas por el Congreso, sino en decisiones de esa Corte Suprema. En los pr¨®ximos meses es muy posible que lleguen a ese TS asuntos tan diversos como la anunciada deportaci¨®n de millones de personas por su mera condici¨®n de inmigrantes no documentados; la abolici¨®n de la ciudadan¨ªa por nacimiento; los despidos, no ya de los jefes de departamentos de la Administraci¨®n p¨²blica, sino de miles de funcionarios considerados como ¡°enemigos¡±; la prohibici¨®n de acceso a medicamentos abortivos, aun en los Estados donde esa pr¨¢ctica m¨¦dica sigue siendo legal; o la eliminaci¨®n del derecho de los medios de comunicaci¨®n a tener acceso a fuentes p¨²blicas de informaci¨®n.

El actual TS (nueve miembros, de los cuales Trump nombr¨® tres, otros tres corresponden a la ¨¦poca de Bush hijo, dos a la de Obama y uno a la de Biden) ya adopt¨® una decisi¨®n asombrosa al establecer la impunidad del presidente de EE UU frente a cualquier investigaci¨®n de ¨ªndole penal por decisiones tomadas en ejercicio de su cargo, pero aun as¨ª, sigue constituyendo la esperanza de muchos juristas de que el Ejecutivo no avasalle la jurisprudencia de anteriores etapas del tribunal, esencial en la historia de la consolidaci¨®n de los derechos civiles. ¡°Es in¨²til buscar ayuda en el Congreso, dado el control republicano, as¨ª que el control (las barandillas, si las hay) tendr¨¢ que venir del Tribunal Supremo. La necesidad es acuciante¡±, escribe Linda Greenhouse, profesora de Derecho en Yale y antigua corresponsal jur¨ªdica de The New York Times.

Algunos casos parecen casi evidentes, pero en estos momentos nada deber¨ªa darse por supuesto. Por ejemplo, est¨¢ la demanda interpuesta por la Agencia Associated Press (AP, una de las grandes instituciones informativas de EE UU, fundada en 1846) por prohibir que su corresponsal en la Casa Blanca asista a las ruedas de prensa del presidente Trump hasta que la agencia no acepte cambiar la denominaci¨®n del golfo de M¨¦xico por golfo de Am¨¦rica. Hasta ahora el pool que cubr¨ªa las conferencias del presidente era elegido por la Asociaci¨®n de Corresponsales en la Casa Blanca, pero Trump ha decidido reclamar ese derecho, lo que ha provocado la inmediata protesta de la asociaci¨®n. Ya se sabe lo que piensa Trump de los derechos de los periodistas: ante una multitud en Texas en 2022, sugiri¨® que la amenaza de ser violado en prisi¨®n podr¨ªa ser suficiente para obligar a un periodista a identificar una fuente an¨®nima: ¡°Cuando esta persona se d¨¦ cuenta de que pronto ser¨¢ la novia de otro prisionero, dir¨¢: ¡®Me gustar¨ªa mucho decirles exactamente qui¨¦n fue¡±, relata la revista de la Facultad de Periodismo de Columbia. Sea como sea, es muy posible que el caso de AP termine siendo examinado por el Tribunal Supremo. Hasta ahora su jurisprudencia ha estado inequ¨ªvocamente a favor de la libertad de prensa, pero nada puede darse por seguro. ?Mover¨¢n al menos un dedo para frenar tanta desmesura o mover¨¢n la cola?