El Supremo se convertir¨¢ en el dique ante medidas extremas en Brasil
Bajar la edad penal o dar poder a la polic¨ªa enfrentar¨¢ a Bolsonaro con el Tribunal
Jair Bolsonaro acaparar¨¢ desde el pr¨®ximo 1 de enero poder para llevar a cabo transformaciones s¨ªsmicas en la pol¨ªtica brasile?a. Y la ¨²nica instituci¨®n que puede opon¨¦rsele con efectividad ser¨¢ el Tribunal Supremo. Este tribunal, al que Bolsonaro ha dedicado no pocos comentarios despectivos durante la campa?a, deber¨¢ ejercer ahora de muro de contenci¨®n para los planes m¨¢s radicales del pol¨ªtico ultraderechista, que pr¨¢cticamente no tendr¨¢ otra oposici¨®n para poner en marcha su plan de llevar a Brasil ¡°a como era hace 40 ¨® 50 a?os¡±. Ser¨¢, previsiblemente, un enfrentamiento in¨¦dito entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
La relaci¨®n entre el Tribunal Supremo y Bolsonaro pasa, adem¨¢s, por el peor de los malos momentos. Hace una semana, se filtr¨® un v¨ªdeo en el que Eduardo Bolsonaro, hijo del nuevo presidente y tambi¨¦n diputado, aseguraba que para cerrar el Supremo no hab¨ªa que mandar ni un jeep con tropas, que bastaba con un ¡°cabo y un soldado¡±. A?adi¨® que no se producir¨ªa ninguna reacci¨®n popular a la medida. El decano, Celso de Mello, tild¨® el discurso de ¡°golpista¡±.
Bolsonaro, posteriormente, remiti¨® una carta al decano prometiendo honrar al Tribunal y a su papel de ¡°guardi¨¢n de la Constituci¨®n¡±. Los conflictos que vengan a partir de ahora ¡ªy vendr¨¢n varios, si Bolsonaro de verdad pretende llevar a cabo las principales promesas de su campa?a¡ª no se resolver¨¢n con diplomacia.
El exmilitar necesitar¨¢ pedir reformas a la Constituci¨®n para cumplir sus principales propuestas y esto le pondr¨¢ cara a cara ante un Supremo donde no cae necesariamente bien. Su propuesta estrella es de dar inmunidad a los polic¨ªas que, estando de servicio, maten a un presunto delincuente.
¡°Eso ser¨ªa claramente declarado inconstitucional porque vulnera el derecho a la vida. No se puede dejar un bien jur¨ªdico como la vida sin protecci¨®n ante la acci¨®n policial¡±, alerta Oscar Vilhena, profesor de Derecho Constitucional de la fundaci¨®n Get¨²lio Vargas.
Otra de las promesas que, de llevarse a cabo, enfrentar¨¢n al Ejecutivo y al Supremo es la de recortar la edad penal de 18 a 16 ¨® 17 a?os. Esta vez no est¨¢ tan claro que el nuevo presidente tenga las de perder, pero tampoco lo tendr¨¢ f¨¢cil con el Supremo. ¡°Rebajar la edad penal, en este momento, significar¨¢ poner que m¨¢s personas acaben en prisi¨®n. Y el Supremo ya se ha manifestado diciendo que el sistema penitenciario brasile?o est¨¢ en estado de inconstitucionalidad¡±, reflexiona Rafael Mafei, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de S?o Paulo.
Flexibilizar la venta de armas, tal vez la propuesta menos popular entre los votantes de Bolsonaro seg¨²n los sondeos de la semana pasada, encontrar¨¢ menos resistencia en el Supremo. No es, t¨¦cnicamente, ilegal, aunque sea impopular y potencialmente peligrosa.
¡°Imagino que el Supremo dir¨¢ que, aunque no le parezca bien, no puede hacer nada porque no viola la Constituci¨®n de forma patente¡±, razona el profesor Vilhena
La guerra institucional que se avecina
A las propuestas de la rebaja de la edad penal, la mayor facilidad para tener armas y la inmunidad policial vendr¨¢n otras. Y el enfrentamiento entre el presidente y el Tribunal Supremo proseguir¨¢, previsiblemente.
¡°Creo que, para todo lo que suponga una afrenta grave a la Constituci¨®n, el Tribunal Supremo deber¨¢ plantar cara y presionar al Gobierno. Y en muchas otras cosas, los jueces pueden incluso no estar de acuerdo personalmente pero no van a declararlas inconstitucionales¡±, pronostica Oscar Vilhena, profesor de Derecho Constitucional de la fundaci¨®n Get¨²lio Vargas.
En los ¨²ltimos d¨ªas de campa?a, ocurri¨® algo inusitado. Grupos de polic¨ªas entraron en 35 universidades para confiscar propaganda electoral en el campus (generalmente en contra de Jair Bolsonaro). Segu¨ªan ¨®rdenes de varios Tribunales Electorales Regionales. La Fiscal General de Brasil, Raquel Dodge, pidi¨® una medida urgente al Tribunal Supremo para defender tanto la libertad acad¨¦mica como la de expresi¨®n. Acept¨® una de las jueces del Alto Tribunal, Carmen L¨²cia, que aprovech¨® para publicar una resoluci¨®n que se ley¨® en todo el pa¨ªs como una declaraci¨®n de intenciones para la guerra que se les avecina: ¡°Toda forma de autoritarismo es inicua. Y peor a¨²n cuando viene de parte del Estado¡±.
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