La violencia y las denuncias contra las Fuerzas Armadas desbordan al Gobierno de Duque

Las recientes matanzas de j¨®venes en dos regiones de Colombia han instalado la sensaci¨®n de regreso a un pasado marcado por la violencia en el pa¨ªs andino. Aunque el Gobierno de Iv¨¢n Duque defiende que hubo una reducci¨®n del 11 % de los homicidios en lo que va de este a?o frente al mismo per¨ªodo del 2019, organismos internacionales alertan por los asesinatos m¨²ltiples y ataques a l¨ªderes sociales en zonas rurales. La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha instado al Gobierno a ¡°realizar todas las acciones necesarias para eliminar esta violencia¡±. Seg¨²n la organizaci¨®n, en lo que va del mandato de Duque se han registrado 69 masacres, adem¨¢s de siete pendientes de documentar.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el An¨¢lisis de Conflictos (Cerac), destaca los matices del escenario de la seguridad en el pa¨ªs. ¡°En general, a nivel urbano ha habido una mejora sustancial, acelerada con la cuarentena, y se ven ca¨ªdas de los homicidios que no observ¨¢bamos hace tres a?os¡±, dice el analista. El Gobierno se aferra a esas cifras, as¨ª como a la reducci¨®n de los secuestros y de la extorsi¨®n, pero observadores como Restrepo se?alan que estos son beneficios del posconflicto tras el acuerdo de paz firmado entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, aclara, ¡°esa mejora en seguridad ciudadana contrasta con el aumento de la violencia pol¨ªtica, las disputas y una intensificaci¨®n del conflicto con el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional, ELN, (la ¨²ltima guerrilla activa en Colombia)¡±. Se refiere a los asesinatos de defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC, especialmente en poblaciones que dej¨® la guerrilla.

La respuesta del Gobierno ante cada ataque o masacre ha sido el aumento de pie de fuerza en poblaciones como Catatumbo, Cauca o Nari?o, las m¨¢s afectadas por los grupos armados. Pero la aparici¨®n de disidencias y de bandas paramilitares que se disputan las rutas del narcotr¨¢fico y otros negocios ilegales tras el acuerdo de paz hace m¨¢s complejo el panorama.

La situaci¨®n viene precedida por un declive en la imagen de las fuerzas militares que se encuentran en un foso al que no hab¨ªan llegado en las ¨²ltimas dos d¨¦cadas. Una encuesta de la firma Invamer Gallup revel¨® en junio pasado que la opini¨®n favorable acerca de estas cay¨® en 37 puntos y lleg¨® al 48%, un dato llamativo para una de las instituciones m¨¢s importantes en un pa¨ªs que estuvo m¨¢s de cinco d¨¦cadas en guerra con las FARC. Los sucesivos esc¨¢ndalos, denuncias de corrupci¨®n en la c¨²pula, ejecuciones extrajudiciales y, m¨¢s recientemente, el reconocimiento de 70 investigaciones a militares por abuso sexual a menores, han hecho mella en la instituci¨®n que dirige el presidente, como comandante en jefe de las fuerzas militares.

El descontrol de las fuerzas militares

La trama de espionaje ilegal y perfilamientos a periodistas y pol¨ªticos de la oposici¨®n por parte del Ej¨¦rcito que se conoci¨® a comienzos de 2020 tambi¨¦n han tomado alcance internacional. Recientemente, el congresista estadounidense Jim McGovern present¨® un proyecto de ley que busca condicionar la ayuda a Colombia por parte de Estados Unidos, debido a los seguimientos ilegales. Mientras que la representante dem¨®crata Alexandria Ocasio-Cortez present¨® una enmienda para que el Gobierno de Donald Trump no destine dinero a trav¨¦s del Departamento de Defensa para la fumigaci¨®n a¨¦rea en Colombia ¡°a menos que el Gobierno (colombiano) demuestre que se est¨¢ adhiriendo a las leyes y regulaciones nacionales y locales¡±.

Para el senador Roy Barreras, que en noviembre pasado denunci¨® que el Ej¨¦rcito ocult¨® la muerte de ocho menores en un bombardeo contra guerrilleros disidentes en una acusaci¨®n que llev¨® a la renuncia del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero, el deterioro de las fuerzas militares tiene que ver con la falta de conducci¨®n presidencial, que las ha politizado, distra¨ªdo de su objetivo de control del territorio. ¡°Las fuerzas militares son muy grandes, medio mill¨®n de personas, y son apol¨ªticas, no beligerantes. No es su culpa entonces, como cuerpo, si son mal conducidas por un gobernante que las lleva a la guerra y no a la paz o por un gobernante inepto que les hace perder el control del territorio, la responsabilidad es del Gobierno que las conduce mal¡±, opina.

Barreras afirma que la decadencia se ha dado en tres etapas en los ¨²ltimos dos a?os. La primera, dice, cuando Duque recibe una c¨²pula militar que ven¨ªa del Gobierno de Juan Manuel Santos y estaba en una transici¨®n de la guerra a la paz. Por un tiempo, el jefe de Gobierno la mantiene hasta que ¡°cede a las presiones de su partido¡±, el Centro Democr¨¢tico. En la segunda, de 2018 hasta noviembre de 2019, en la que, seg¨²n su teor¨ªa, se entroniza en el mando a personas que juran lealtad al uribismo y empieza ¡°el mayor y peor efecto del Gobierno sobre las fuerzas militares que es la politizaci¨®n de las mismas, con una ideolog¨ªa de reivindicaci¨®n de la guerra¡±, valora. Restrepo en cambio no considera que haya una politizaci¨®n, pero s¨ª una revisi¨®n de la doctrina que ¡°revirti¨® al menos en 22 a?os muchos avances en la pol¨ªtica de seguridad del Ej¨¦rcito¡±.

Durante el 2019, como documentaron varios medios de comunicaci¨®n, se denunciaron ejecuciones extrajudiciales y la militarizaci¨®n de la lucha contra el narcotr¨¢fico, que implic¨® el cambio de la sustituci¨®n voluntaria de cultivos il¨ªcitos por la erradicaci¨®n forzosa de los sembrados de coca, con la presencia de militares. ¡°Con las FARC desarmadas, necesitan volver a la l¨®gica del terror interno y externo y fabrican dos frentes: uno internacional, con Venezuela y el Gobierno imaginario de Juan Guaid¨® frente a la dictadura de Maduro; y en el interno, la negaci¨®n del acuerdo para decir que nunca hubo paz y que la prueba de ello es la proliferaci¨®n de las disidencias. Es la profec¨ªa autocumplida¡±, dice el congresista. As¨ª, opina, es c¨®mo se lleg¨® al tercer momento, el actual, que llama la p¨¦rdida de control territorial.

Con la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero y la llegada de Carlos Homes Trujillo a la cartera, el Gobierno ha anunciado reformas e investigaciones a fondo de las sucesivas denuncias contra militares. ¡°El mensaje es claro: hay cero tolerancia ante cualquier acto que est¨¦ por fuera de la Constituci¨®n y de la ley y en eso somos contundentes¡±, ha dicho el actual ministro.

Jos¨¦ Miguel Vivanco, director de la Divisi¨®n de las Am¨¦ricas de Human Rights Watch, coincide en que el jefe de Gobierno ¡°tuvo la oportunidad de repensar el rol y la estructura de unas fuerzas militares acordes con las necesidades del pa¨ªs¡±, tras el desarme de las FARC. ¡°En lugar de ello, el Gobierno insisti¨® en el modelo tradicional de fuerzas militares ¡ªy con algunos de sus peores rasgos. Despleg¨® a las fuerzas militares ante cada crisis pero paralelamente no hizo mayores esfuerzos por impulsar iniciativas de desarrollo local y fortalecimiento de la justicia¡±, a?ade.

Vivanco se?ala que uno de los momentos cr¨ªticos de ese modelo fue el ascenso de oficiales que, ¡°seg¨²n pruebas cre¨ªbles, estar¨ªan asociados con falsos positivos, incluyendo al entonces comandante del Ej¨¦rcito Nicacio Mart¨ªnez, quien tan pronto asumi¨® el cargo restableci¨® algunas de las pol¨ªticas de seguridad que hace una d¨¦cada llevaron a asesinatos a sangre fr¨ªa de miles de civiles¡±.

Las perspectivas de cambio no son halag¨¹e?as. ¡°El Gobierno tiene una oportunidad de rebarajar su pol¨ªtica de seguridad. Pero me temo que ser¨¢ oportunidad perdida y que veremos continuismo. Es decir, persistencia de la violencia que da?a la pol¨ªtica, sobre todo a nivel territorial y unas reducciones graduales de materia de inseguridad urbana¡±, considera Restrepo.