HRW acusa al Gobierno birmano de mantener a 130.000 rohingyas en campos de detenci¨®n

A un mes exacto de que se celebren elecciones generales en Myanmar (antigua Birmania), la organizaci¨®n Human Rights Watch (HRW) ha acusado al Gobierno de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi de mantener en r¨¦gimen de ¡°apartheid¡± a 130.000 rohingyas en el pa¨ªs. Las autoridades birmanas ¡°han creado de forma deliberada campos de detenci¨®n para hacer que su vida sea insoportable¡±, subraya HRW. Los rohingyas, una minor¨ªa musulmana que Myanmar no reconoce, llevan a?os siendo perseguidos en el pa¨ªs budista; el punto ¨¢lgido de las tensiones ocurrido entre agosto y septiembre de 2017, cuando alrededor de 700.000 huyeron al vecino Banglad¨¦s a ra¨ªz de lo que la ONU calific¨® de un ¡°intento de genocidio¡±.

¡°El Gobierno est¨¢ dispuesto a dejar a los rohingyas pudrirse en estos campos¡±, denunci¨® Phil Robertson, subdirector de HRW Asia, durante la presentaci¨®n del informe en Bangkok, resultado de dos a?os de investigaciones. Seg¨²n la organizaci¨®n de derechos humanos, las autoridades birmanas confinan desde 2012 a alrededor de 130.000 rohingyas en campos ¡°miserables¡± bajo la ¡°fachada¡± de ser instalaciones para desplazados internos. Estas se crearon tras los enfrentamientos entre rohingyas (musulmanes) y rakaines (budistas) en 2012 en la regi¨®n hom¨®nima, Rakhine, antiguamente Arakan, situada al oeste del pa¨ªs, donde a¨²n viven m¨¢s de 250.000 rohingyas, incluyendo aquellos recluidos en los campos. Mientras, decenas de miles residen en aldeas esparcidas por Rakhine, tambi¨¦n sometidas al acoso de las fuerzas de seguridad.

Docenas de entrevistados por HRW, que basa el informe en m¨¢s de 60 testimonios de rohingyas, miembros de la minor¨ªa kaman (igualmente musulmana) y trabajadores humanitarios, adem¨¢s de un centenar de documentos internos del Gobierno birmano, la ONU y varias ONG, describen la vida en hasta 24 campos como un ¡°arresto domiciliario¡±. Su libertad de movimiento est¨¢ restringida a trav¨¦s de controles de seguridad y alambradas que rodean los campos, y los que salen al exterior son v¨ªctimas de torturas por parte de las fuerzas de seguridad, indica el informe.

Kamal Ahmed, un rohingya entrevistado, asegura: ¡°Si alguien es encontrado fuera, es torturado y a veces enviado a prisi¨®n. Hace tres a?os vi c¨®mo un joven rohingya era asesinado ¨²nicamente por salir¡±.

Aparte de la violencia, los rohingya recluidos sufren de desabastecimiento de alimentos y falta de refugio adecuado, y apenas tienen acceso a educaci¨®n ni servicios sanitarios, con la ayuda humanitaria muy limitada en Rakhine y la situaci¨®n habiendo empeorado a ra¨ªz de la pandemia de coronavirus. Myanmar vive, adem¨¢s, un pico de contagios de COVID-19 que las autoridades birmanas han atribuido a ¡°retornados ilegales¡± de Banglad¨¦s, adonde los rohingyas huyeron en masa en 2017 tras una campa?a de acoso y persecuci¨®n por parte del Ej¨¦rcito. Estas acusaciones pueden desembocar en un aumento del racismo que ya sufre esta minor¨ªa en un pa¨ªs que les neg¨® la ciudadan¨ªa en 1982, alegando que son inmigrantes bengal¨ªes, aunque llevan generaciones asentados en suelo birmano.

¡°Algunos nos dijeron que la muerte era m¨¢s apetecible que vivir as¨ª¡±, resume Shayna Bauchner, autora del informe, en videoconferencia desde EE UU. Bauchner denuncia la ausencia de esperanza de los rohingyas entrevistados en que la situaci¨®n mejore para sus hijos. ¡°Creen que no tendr¨¢n m¨¢s libertad que ahora, el estado de desesperanza es terrible¡±, matiza.

Human Rights Watch denuncia que, aunque Myanmar comunic¨® en 2017 su intenci¨®n de cerrar los campos y permitir que los desplazados regresaran a sus hogares, como ha sido el caso de miles de rakaines, en su lugar ha ido construyendo instalaciones permanentes que ¡°refuerzan la segregaci¨®n y niegan a los rohingyas su derecho a retomar sus vidas¡±, se?ala el informe.

Estas y otras circunstancias hacen que HRW tema por el aumento de las restricciones contra los rohingyas. Myanmar, que se prepara para celebrar elecciones el 8 de noviembre, ha prohibido la candidatura de la mayor¨ªa de representantes rohingyas y les ha privado de su derecho al voto. Rakhine lleva m¨¢s de un a?o con el acceso a internet cortado por orden del Gobierno, bajo el pretexto de una escalada del conflicto entre las fuerzas armadas y el Ej¨¦rcito de Arakan, un grupo separatista rak¨¢in.

Una situaci¨®n que no es mejor para los rohingyas al otro lado de la frontera. En Banglad¨¦s, cerca de un mill¨®n ¨C700.000 huidos en 2017 m¨¢s otros 300.000 que lo hab¨ªan hecho en a?os anteriores- contin¨²an hacinados en los campamentos de Cox¡¯s Bazar. Si bien Myanmar asegura estar listo para repatriarlos, como pide la comunidad internacional, el confinamiento de m¨¢s de 130.000 rohingyas en Rakhine lo desaconseja. ¡°Si esa gente es liberada y vuelve a sus aldeas, entonces sabremos que es seguro regresar, y volveremos a casa¡±, afirma un rohingya desde Banglad¨¦s entrevistado por HRW.

El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) dict¨® el pasado enero que el Gobierno liderado por Suu Kyi amparara a los rohingyas, tras presentar Gambia el caso ¨Cque puede tardar a?os en resolverse- alegando que Myanmar ha cometido un genocidio contra los rohingyas. ¡°Myanmar no ha hecho nada para hacer que sea posible su regreso, y est¨¢ haciendo imposible a los que permanecen que vivan con dignidad¡±, condena Robertson.