Eduardo Cifuentes: ¡°El acuerdo de paz trasciende a los gobernantes de turno¡±

Eduardo Cifuentes (Popay¨¢n, 1954) fue elegido el mes pasado para relevar a Patricia Linares como presidente de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los cr¨ªmenes m¨¢s graves cometidos durante medio siglo de conflicto armado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Desde entonces, ha vuelto a estar muy presente en el debate p¨²blico. Experimentado jurista, su dilatado curr¨ªculo incluye haber sido parte de la primera Corte Constitucional surgida de la carta pol¨ªtica de 1991 y defensor del pueblo a principios de este siglo.

El magistrado defiende en esta entrevista con EL PA?S la naturaleza inderogable del alto tribunal ¨Cparte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci¨®n y No Repetici¨®n surgido del acuerdo de paz con la guerrilla¨C, a pesar de los ataques del exmandatario ?lvaro Uribe, mentor pol¨ªtico del presidente Iv¨¢n Duque. ¡°Ning¨²n colombiano quiere propiciar una involuci¨®n y un regreso a un pasado de atrocidades¡±, valora.

Pregunta. ?C¨®mo define el momento que atraviesa la justicia transicional?

Respuesta. Colombia est¨¢ atravesando un momento cr¨ªtico. Por un lado estamos avanzando en un modelo de justicia transicional, observado por toda la comunidad internacional y por las m¨¢s de nueve millones de v¨ªctimas. Es un modelo novedoso sobre el cual hay muchas expectativas. De otro lado, somos objeto de una embestida pol¨ªtica por parte de sectores que le temen a la verdad en Colombia. A pesar de eso, por primera vez est¨¢ en marcha la judicializaci¨®n de los m¨¢ximos responsables por delitos de secuestro, ejecuciones extrajudiciales y los casos mas graves de violaciones de derechos humanos. Con base en las investigaciones iniciadas hace dos a?os y medio, en siete grandes macro casos que aparejan tambi¨¦n macro victimizaciones, se van a comenzar a expedir autos de determinaciones de hechos y conductas, lo que significa que los responsables tendr¨¢n que admitir verdad y asumir responsabilidad o someterse a un procedimiento en el cual se les pueden imponer penas hasta de 20 a?os.

P. ?Es inminente la apertura de nuevos casos?

R. Durante m¨¢s de medio siglo de guerra se cometieron delitos atroces, graves violaciones de derechos humanos que han dejado una huella indeleble y m¨¢s de nueve millones de v¨ªctimas. Adem¨¢s de los siete macro procesos, esperamos muy pronto poder tambi¨¦n avanzar en la investigaci¨®n de delitos tan dolorosos como el desplazamiento y la violencia sexual. Esa decisi¨®n depende de la Sala de Reconocimiento y no puedo anticiparme, pero tenga la certeza que la JEP lleg¨® para hacer justicia, investigar y sancionar a los m¨¢ximos responsables de los cr¨ªmenes mas atroces. No habr¨¢ impunidad.

P. ?Cu¨¢ndo pueden producirse las primeras sanciones?

R. Entendemos que hay una gran presi¨®n social y unas expectativas para que pronto se tengan las primeras sentencias. Trabajamos d¨ªa y noche sin descanso porque sabemos lo que significa para Colombia poder hacer justicia, conocer esa verdad sanadora y cerrar medio siglo de guerra. Entender¨¢ que no se trata de procesos ordinarios. Son delitos complejos, cometidos a lo largo de a?os por estructuras y sistemas de criminalidad donde participaron miles de personas. Estamos en el proceso de verificar los registros judiciales, practicar pruebas y acopiar y analizar todo lo que se conoce con el fin de contrastarlo con las declaraciones de los excombatientes y las v¨ªctimas. Al final del proceso Colombia tendr¨¢ la certeza de que se har¨¢ justicia.

P. Usted afirm¨® en su posesi¨®n que la JEP es inderogable, que es justamente lo que se ha propuesto el expresidente ?lvaro Uribe. ?Por qu¨¦ es imposible derogarla?

R. El acuerdo de paz, en lo que tiene que ver con la creaci¨®n de la JEP, tiene un sustento constitucional de la mayor envergadura, hasta el punto de que se trata de una institucionalidad sin la cual decae una v¨¦rtebra o un principio esencial de la Constituci¨®n colombiana, como es el derecho y el deber de la paz y la asunci¨®n de buena fe de los compromisos nacionales a internacionales que contrae el Estado colombiano. Hay elementos de la Constituci¨®n que son irreformables. Ni siquiera a trav¨¦s de un procedimiento de reforma constitucional como un referendo podr¨ªan ser eliminados. Desde el punto de vista del derecho internacional, esta institucionalidad es precisamente aquella a trav¨¦s de la cual el Estado colombiano cumple con el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos internacionales, y por consiguiente se trata de una funci¨®n judicial que no puede eliminar o soslayar. En s¨ªntesis, el acuerdo de paz est¨¢ ¨ªntimamente ligado a elementos esenciales de nuestra constituci¨®n pol¨ªtica y tambi¨¦n a normas de derecho internacional que se imponen al Estado colombiano.

P. La implementaci¨®n contempla tres Gobiernos sucesivos a partir de la firma de los acuerdos

R. Trasciende a los gobernantes de turno, como jefes de Estado tienen que cumplir todos los deberes derivados del acuerdo de paz y no solamente aquel de respetar el componente de justicia. El proceso de paz s¨ª puede ser fr¨¢gil, independientemente de que la JEP no pueda ser eliminada. El proceso de paz resulta afectado con el asesinato de l¨ªderes de derechos humanos, de desmovilizados de las FARC, con la ausencia del Estado en las que han sido zonas de conflicto. Se debe garantizar no solo el ejercicio leg¨ªtimo de la fuerza, tambi¨¦n un Estado social que haga presencia masiva y no deje simplemente unos vac¨ªos territoriales en los que prolifera la violencia incontrolada, el narcotr¨¢fico y la miner¨ªa ilegal.

P. El presidente Iv¨¢n Duque ha sido particularmente cr¨ªtico con la justicia transicional. ?Ha llegado a percibir un acoso por parte del Gobierno?

R. La JEP es un ¨®rgano jurisdiccional independiente que aspira a que los ciclos de violencia no se repitan. Y no se repiten no solamente como consecuencia de que las FARC dejaron las armas, tambi¨¦n a trav¨¦s de actos claros y permanentes de cumplimiento del acuerdo de paz. Este consta de varias estipulaciones que suponen deberes del Estado, que deben ser cumplidos. Realmente lo que plantea el acuerdo de paz es una especie de plan Marshall social, econ¨®mico y humanitario en aquellos territorios y zonas m¨¢s afectadas, y tambi¨¦n respecto de las poblaciones ¨Csobre todo comunidades ¨¦tnicas, afrodescendientes y campesinado¨C m¨¢s afectadas. Y es lo que no se ha visto. Entonces, m¨¢s que una tensi¨®n con el Gobierno, lo que he puesto de presente es que el acuerdo de paz hay que entenderlo como un todo: no tiene solamente como sustento el componente de justicia, que por supuesto es fundamental. Hay que cumplir las l¨ªneas gruesas, que tienen que ver con la presencia efectiva de un Estado social de derecho y principalmente la reforma rural agraria.

P. ?La desinformaci¨®n ha envenenado el debate p¨²blico alrededor de los acuerdos? ?Cu¨¢les son las razones de las campa?as de desprestigio contra la JEP?

R. Creo que la poblaci¨®n colombiana, la ciudadan¨ªa en general, respalda el proceso de paz. La oposici¨®n proviene de un sector pol¨ªtico que permanentemente ha mostrado insatisfacci¨®n desde el plebiscito, y que asume que el proceso de paz carece de legitimidad cuando por el contrario fue incorporado a la propia constituci¨®n pol¨ªtica. Ha sido igualmente cimentado a trav¨¦s de muchas normas, y por consiguiente la institucionalidad del proceso de paz ha sido tramitada e incorporada normativamente como una pieza esencial del Estado. Pese a esa oposici¨®n ciega e irracional de la extrema derecha, el resto del pa¨ªs comparte la necesidad de mantener y desarrollar ese proceso de paz. Creo que ning¨²n colombiano quiere propiciar una involuci¨®n y un regreso a un pasado de atrocidades. Las antiguas FARC se desmontaron y con ello la apelaci¨®n a la violencia para conquistar el poder pol¨ªtico. Ese es un avance que se debe mantener a toda costa.

P. Como usted lo ha dicho, la justicia restaurativa exige verdad completa. ?Los comparecientes est¨¢n aportando esa verdad?

R. La verdad es la piedra angular del sistema de justicia transicional y es la condici¨®n irrenunciable para poder obtener las sanciones propias alternativas. Durante todo el proceso el rol de la JEP ser¨¢ contrastar sus versiones con los aportes de las v¨ªctimas y los expedientes judiciales e informaciones, pruebas y an¨¢lisis de todo tipo en poder de la JEP. Si se verifica que sus aportes no corresponden a lo que sucedi¨®, los excombatientes y agentes del Estado se podr¨¢n ver enfrentados a m¨¢s de 20 a?os de c¨¢rcel. Por ahora tenemos que surtir todas las etapas procesales para comprobar los aportes efectivos a la verdad y la aceptaci¨®n de responsabilidad. Esta es la fase en la que nos encontramos. Hasta ahora en los casos que est¨¢n abiertos se han recibido aportes importantes y sustanciales, pero por supuesto, a¨²n no es suficiente.

P. Concretamente en el caso del magnicidio del l¨ªder conservador ?lvaro G¨®mez, hay sectores que cuestionan el reconocimiento de ese crimen. ?C¨®mo garantizar esa verdad plena?

R. Entendemos que la verdad pueda ser dolorosa. Pero la guerra y sus consecuencias lo son. Nuestra tarea es develar desde la funci¨®n judicial lo que pas¨® durante el conflicto. El caso que usted menciona es uno que conmocion¨® al pa¨ªs entero, sobre el cual durante lustros no avanzaron las investigaciones y hoy estamos conociendo una versi¨®n de la historia de la cual no exist¨ªan registros. Nuestro deber es contrastarla, verificar si eso que se dijo se corresponde con la realidad o no. Pero descartarlo de plano no solo es contrario a los procedimientos legales, sino que es desleal con el prop¨®sito del proceso mismo.

P. La Comisi¨®n de la Verdad, que hace parte del sistema integral surgido de los acuerdos, aunque tiene car¨¢cter extrajudicial, cumple su mandato en menos de un a?o. ?El informe final de la Comisi¨®n puede tener impacto en la din¨¢mica de la justicia transicional?

R. S¨ª. El informe es muy importante porque va a ilustrar el contexto, ofrecer¨¢ elementos de verdad muy importantes sobre patrones y m¨¢ximos responsables. Lo hace desde una perspectiva distinta a la de la JEP. Sin embargo, es un insumo esencial tambi¨¦n para que las diferentes salas de justicia y las secciones del tribunal puedan profundizar sus investigaciones y su propia tarea de juzgamiento e incorporen esta visi¨®n. El informe final profundizar¨¢ la consciencia de Colombia sobre la gravedad de estos hechos que se cometieron en el conflicto. Espero que tanto la JEP como la Comisi¨®n de Esclarecimiento de la Verdad, logren su cometido de estabilizar la paz y puedan producir un cambio cultural profundo: erradicar para siempre la violencia pol¨ªtica como medio para llegar al poder y como medio para sojuzgar a los otros.

P. Cuando usted era defensor del pueblo se instaur¨® el sistema de alertas tempranas. Adem¨¢s, es del Cauca, uno de los lugares m¨¢s cr¨ªticos. ?Por qu¨¦ el Estado ha sido incapaz de detener fen¨®menos de violencia como el asesinato de l¨ªderes sociales?

R. Lo que est¨¢ pasando con los l¨ªderes sociales y defensores de derechos humanos es una tragedia, una cat¨¢strofe. Esta situaci¨®n desnuda esa ausencia hist¨®rica del Estado en esa Colombia olvidada, donde se ha desarrollado la guerra, donde sus ciudadanos est¨¢n a la merced de los grupos armados ilegales que se alimentan no solo de la ausencia del Estado sino de un sinn¨²mero de econom¨ªas ilegales. Ese es el verdadero term¨®metro de la paz, y es la incapacidad del Estado de ser Estado, de garantizar la vida, la integridad y los derechos de los ciudadanos. Nuestros esfuerzos no ser¨¢n nunca suficientes si el Estado no logra ocupar el vac¨ªo institucional que durante d¨¦cadas ha marcado la realidad de varias regiones en nuestro pa¨ªs.

P. ?Qu¨¦ es el posconflicto?

R. Posconflicto es el largo proceso de materializar las expectativas sociales, pol¨ªticas y econ¨®micas que garanticen que nunca m¨¢s se reproduzcan las condiciones que dieron origen a la guerra en nuestro pa¨ªs. Es una aspiraci¨®n y un derecho. Es pasar una p¨¢gina sin olvidar y sin impunidad. Dar un paso adelante, pero darlo de la mano con las v¨ªctimas y con la ciudadan¨ªa.

P. Usted lleg¨® a ser presidente de la primera Corte Constitucional surgida de la carta pol¨ªtica de 1991, ?qu¨¦ siente cuando escucha las propuestas de una constituyente para reformar a la justicia?

R. Un acto demencial, igual que cuando escucho voces que pretenden eliminar la JEP. Una invitaci¨®n esquizofr¨¦nica a involucionar, un llamado a la distop¨ªa. Colombia afortunadamente ha tenido momentos de lucidez y de sensatez. Uno de ellos fue precisamente incorporar en la constituci¨®n pol¨ªtica la exigencia de efectividad de los derechos humanos, y crear instituciones como la Corte Constitucional o la Defensor¨ªa del Pueblo. Ha tenido tambi¨¦n momentos de sensatez cuando se incorpor¨® en la constituci¨®n el cumplimiento de un acuerdo de paz y se cre¨® la JEP. Creo que eso es lo que ha salvado al pa¨ªs, que pese a las dificultades tiene una institucionalidad democr¨¢tica y una justicia que igualmente de una manera robusta ha recordado a todos los gobernantes sus limitaciones y sus deberes en t¨¦rminos de construir un Estado social justo y no afectar las libertades.