Per¨² suspende temporalmente la excarcelaci¨®n de Alberto Fujimori a pedido de la Corte IDH
Tres magistrados del Constitucional ordenaron liberar al expresidente, pero la corte advirti¨® que la decisi¨®n contraviene las obligaciones del Estado con sus v¨ªctimas
Per¨² cumplir¨¢ el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de suspender la excarcelaci¨®n del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), seg¨²n inform¨® este mi¨¦rcoles el procurador supranacional, Carlos Rea?o. Su decisi¨®n se conoce dos semanas despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional le otorgara ese beneficio al exmandatario por motivos humanitarios en una votaci¨®n que result¨® empatada tres a tres, y que dirimi¨® el presidente del colegiado, un abogado que fue candidato del fujimorismo cuando postul¨® a ese organismo en 2017.
La Corte IDH solicit¨® al Estado peruano a media tarde del mi¨¦rcoles que ¡°se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de disponer la libertad¡± de Fujimori hasta que el juzgado interamericano decida las medidas provisionales que pidieron las v¨ªctimas de las masacres La Cantuta y Barrios Altos al enterarse hace dos semanas de la s¨²bita decisi¨®n del Constitucional sobre un habeas corpus presentado en 2020.
En esa solicitud, el abogado Gregorio Parco, pese a no ser el defensor legal del reo, pidi¨® la excarcelaci¨®n en el contexto de la pandemia de coronavirus argumentando la avanzada edad del detenido (83 a?os en la actualidad), el hecho de que no representaba un peligro para la sociedad y su salud deteriorada.
En 2009, el aut¨®crata fue condenado a 25 a?os de prisi¨®n como autor mediato de homicidio calificado y lesiones graves cometidos por el destacamento militar Colina, un escuadr¨®n de la muerte creado durante su Gobierno que bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo asesin¨® a decenas de civiles, algunos de ellos opositores al r¨¦gimen.
En noviembre de 1991, el Grupo Colina asesin¨® a 15 personas -entre ellos un ni?o de ocho a?os- en un inmueble de Barrios Altos (centro de Lima), mientras que en julio de 1992 secuestr¨® a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educaci¨®n La Cantuta, a quienes ejecutaron extrajudicialmente. Al a?o siguiente, algunos de los cuerpos fueron encontrados calcinados al este de la capital.
La sentencia que declar¨® culpable a Fujimori en 2009 fue producto de un largo proceso en el sistema de justicia interamericano al que acudieron las v¨ªctimas de las dos masacres ante la imposibilidad de que el fuero peruano investigara y sancionara a los responsables. El Gobierno de Fujimori incluso amnisti¨® a los miembros del Destacamento Colina por los delitos que cometi¨®.
El procurador Rea?o, como representante del Estado peruano en los litigios en el sistema interamericano, recibi¨® la resoluci¨®n de la Corte IDH y la comunic¨® a las entidades involucradas en la excarcelaci¨®n de Fujimori. ¡°Debe cumplirse esa decisi¨®n de la Corte Interamericana, est¨¢n siendo notificados de esa resoluci¨®n el Instituto Nacional Penitenciario, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial¡±, refiri¨® en la emisora Radioprogramas.
En un comunicado de prensa del 17 de marzo, el Constitucional refiri¨® que al declarar fundado el habeas corpus restitu¨ªa los efectos del indulto humanitario que le concedi¨® a Fujimori el expresidente Pedro Pablo Kuczynski la nochebuena de 2017, y dispon¨ªa su libertad. El indulto se produjo luego de una negociaci¨®n con el entonces congresista Kenji Fujimori, hijo del expresidente, y otros parlamentarios disidentes del fujimorismo a cambio de apoyarlo con votos para evitar ser destituido del cargo, en medio de una ofensiva liderada por la bancada parlamentaria que respond¨ªa a las ¨®rdenes de otra de las hijas de Fujimori, Keiko, derrotada por Kuczynski en las elecciones presidenciales de 2016.
Semanas despu¨¦s, la Defensor¨ªa del Pueblo demostr¨® que los procedimientos que condujeron al indulto fueron irregulares. Adem¨¢s, debido a las sentencias de la Corte IDH sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, dicho tribunal pidi¨® al Estado peruano cumplir sus obligaciones con las v¨ªctimas y evaluar si el indulto las infring¨ªa. Los abogados de las v¨ªctimas pidieron a un juez supremo evaluar si el perd¨®n presidencial se ajustaba a la Convenci¨®n Interamericana de Derechos Humanos, un proceso llamado control de convencionalidad. La consecuencia de dicho proceso fue la resoluci¨®n del juez supremo penal Hugo N¨²?ez que anul¨® el indulto en 2018, por haber sido producto de una negociaci¨®n pol¨ªtica, y por las irregularidades del tr¨¢mite. Fujimori entonces retorn¨® a prisi¨®n.
La noche del lunes, uno de los abogados de Fujimori, Elio Riera, plante¨® que al no existir a¨²n una resoluci¨®n de la Corte Interamericana, sino una comunicaci¨®n enviada al Estado peruano por el secretario de esa entidad, ¡°ser¨ªa inviable ejecutar¡± el pedido del tribunal interamericano. Horas antes, la hija mayor de Fujimori visit¨® a su padre en el centro de reclusi¨®n y anunci¨® a la prensa que esperaban la liberaci¨®n de su padre este viernes.
Pasadas las 9 de la noche del mi¨¦rcoles, la lideresa de Fuerza Popular difundi¨® un audio en rechazo al pedido de la Corte IDH. ¡°En un cap¨ªtulo m¨¢s de una serie de injusticias contra mi padre, una corte internacional reconocida desde siempre por su sesgo ideol¨®gico pretende ahora impedir a trav¨¦s de un documento simple la excarcelaci¨®n de Alberto Fujimori¡±, coment¨®.
¡°Est¨¢ en manos del Gobierno allanarse o no a una medida tan precaria como injusta. Si existiera un m¨ªnimo de equilibrio en su evaluaci¨®n, no deber¨ªa desacatar el fallo del Tribunal Constitucional. De ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana, mi familia hace responsable a este Gobierno de las consecuencias que su decisi¨®n pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori¡±, a?adi¨® la ex candidata presidencial, que afronta un juicio por lavado de activos y obstrucci¨®n a la justicia en el caso Odebrecht.
Las posiciones en el Constitucional
La sentencia del Constitucional fue difundida este lunes. En ella, el ponente a favor del recurso, Ernesto Blume, cuestiona las resoluciones judiciales que anularon el indulto de 2017, alegando que los jueces se?alaron ¡°presunciones subjetivas sobre irregularidades (en el tr¨¢mite) que no resultan tales¡± y dice que el ¡°objetivo final¡± del habeas corpus era ¡°evitar la muerte del reo en prisi¨®n¡±. Adem¨¢s, Blume considera que el juez penal que anul¨® el indulto en 2018 no era competente para dicha decisi¨®n.
En uno de los tres votos en contra, la magistrada Marianella Ledesma revel¨® que las resoluciones que anularon el indulto no estaban en el expediente. ¡°Los tres magistrados han anulado resoluciones que nunca han le¨ªdo¡±, afirm¨®. Seg¨²n la jurista ?rsula Indacochea, el Constitucional contravino sus propia jurisprudencia al pronunciarse sobre documentos que no obraban en el caso, coment¨® en Twitter.
Para la jueza Ledesma, ¡°la sentencia ha da?ado gravemente la legitimidad de la justicia constitucional peruana dado el desprecio sobre los derechos humanos, en especial, respecto de aquellos derechos que se encuentran en el ¨¢mbito de protecci¨®n de la Corte IDH¡±, sostiene en una de las 86 p¨¢ginas de su voto en contra.
¡°Con esa forma de proceder, los tres jueces se burlan de la memoria de los fallecidos, la dignidad de sus familias y la conciencia moral del pa¨ªs¡±, a?ade la expresidenta del Tribunal Constitucional. Ledesma agrega que la sentencia beneficia al hijo menor de Fujimori y a Kuczynski, quienes afrontan un juicio por delito contra la administraci¨®n p¨²blica en la modalidad de cohecho por haber negociado el indulto en 2017.
Los magistrados Ferrero, Blume y Jos¨¦ Luis Sard¨®n, que votaron por liberar al expresidente, son conocidos por ser cercanos al fujimorismo y a sectores conservadores. En 2019, los tres respaldaron un habeas corpus que present¨® Sachi, otra de la hijas de Fujimori, y permitieron la excarcelaci¨®n de la lideresa de Keiko Fujimori cuando estaba en prisi¨®n preventiva mientras era investigada por lavado de activos y obstrucci¨®n a la justicia por el caso Odebrecht. Los tres optaron por acelerar este expediente debido a que dos de ellos tienen el mandato vencido, Ferrero asumi¨® como presidente en enero -con el voto dirimente- y el Congreso inici¨® hace pocas semanas el proceso para elegir a los nuevos magistrados del Constitucional, y reemplazar a los que deben irse.
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