El Tribunal Penal Internacional cumple 20 a?os con el mayor reto de su historia: juzgar los cr¨ªmenes de guerra en Ucrania

El Tribunal Penal Internacional (TPI) abri¨® sus puertas en Pa¨ªses Bajos hace dos d¨¦cadas, sin hacer apenas ruido. Una avanzadilla de ocho funcionarios se instalaron el 1 de julio de 2002 en un edificio que entonces era provisional, pero albergaba ya la primera corte permanente para juzgar cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad y genocidio. Se trataba de un hito de la justicia internacional, y tambi¨¦n del mayor aviso lanzado hasta la fecha hacia los m¨¢ximos responsables de los peores delitos penales. Al no reconocerse la inmunidad en raz¨®n del cargo, cualquier l¨ªder pol¨ªtico, militar o guerrillero podr¨ªa responder ante 18 jueces de diversas nacionalidades. Veinte a?os despu¨¦s, la sede del TPI es un imponente inmueble plantado en la ruta del distrito costero de La Haya, ha habido tres fiscales jefe, y la corte afronta el mayor reto de su historia: investigar y juzgar los cr¨ªmenes cometidos en la guerra de Ucrania.

El TPI no ha conseguido todav¨ªa una sentencia firme contra un mandatario estatal, pero los est¨¢ndares marcados por el Estatuto de Roma, su texto fundacional, han ayudado a que avanzase la jurisdicci¨®n universal, que permite a los jueces nacionales abordar casos de este tipo. Tiene, sin embargo, una doble asignatura pendiente. Por un lado, necesita m¨¢s apoyo por parte de sus 123 miembros para que se vuelquen en otros casos como lo han hecho tras la invasi¨®n rusa en Ucrania. Es la primera vez que 40 pa¨ªses le han pedido a la Fiscal¨ªa que investigue las atrocidades perpetradas en esa guerra. Su titular, el jurista brit¨¢nico Karim Kahn, se ha estrenado adem¨¢s en una forma de cooperaci¨®n singular. Colabora con el denominado Equipo Conjunto de Investigaci¨®n (JIT) del que forman parte Polonia, Lituania y la propia Ucrania, adem¨¢s de Estonia, Letonia y Eslovaquia. Entre todos, recogen y almacenan pruebas que servir¨¢n para preparar luego posibles casos sobre cr¨ªmenes de guerra o contra la humanidad perpetrados en territorio ucranio.

¡°Ucrania ha invitado al fiscal del TPI a que investigue los delitos cometidos en su territorio por responsables de otro Gobierno, en este caso Rusia, que es casi una novedad. Lo usual es que se llame a la Fiscal¨ªa para que haga lo propio, pero con las fuerzas rebeldes como se?alados. Aqu¨ª se trata de efectivos gubernamentales de otro Estado, y es una oportunidad de oro para que Kahn demuestre la capacidad de su oficina¡±, explica Reed Brody, miembro de la Comisi¨®n Internacional de Juristas, que fue abogado principal de las v¨ªctimas del dictador de Chad, His¨¨ne Habr¨¦.

En conversaci¨®n telef¨®nica desde Estados Unidos, Brody a?ade de inmediato que la colaboraci¨®n con Ucrania, ¡°es necesaria y nadie la pone en duda ante la flagrante agresi¨®n de Rusia¡±, pero presenta un peligro. ¡°Son los dobles est¨¢ndares. Si no quiere ser visto como el brazo jur¨ªdico de la OTAN, ?por qu¨¦ se act¨²a solo as¨ª en este caso? El fiscal tambi¨¦n tiene competencia en Palestina y aduce que no cuenta con recursos suficientes. Tampoco los ha pedido de la misma manera, y eso es una contradicci¨®n. O el recorte del caso de Afganist¨¢n, [donde solo abordar¨¢ los posibles cr¨ªmenes de talibanes y el Estado Isl¨¢mico (ISIS), y no los actos de las fuerzas estadounidenses]. Debe trabajar de manera igualitaria porque hay un riesgo de instrumentalizaci¨®n. Como si la pol¨ªtica penal de un fiscal independiente dependiese de la voluntad de los pa¨ªses miembros del TPI, que deben contribuir a mantenerlo¡±.

La falta de cooperaci¨®n de los Estados miembros con el tribunal es resaltada tambi¨¦n por Delphine Carlens, responsable de justicia internacional de la Federaci¨®n Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). Seg¨²n ella, ¡°investigar un caso lleva tiempo y los pa¨ªses deben facilitar el acceso de los expertos y ayudar con la ejecuci¨®n de las ¨®rdenes de arresto, porque el tribunal carece de polic¨ªa. No se trata solo de una responsabilidad pol¨ªtica de los Estados. Abarca tambi¨¦n lo pr¨¢ctico¡±. Le parece, asimismo, que la ayuda prestada no debe ser selectiva. ¡°El fiscal Kahn tiene potestad para apoyar otros casos con los fondos recibidos. En especial en un momento de gran reto para la legitimidad y credibilidad del tribunal¡±, a?ade Carlens. Hasta la fecha, el TPI ha visto 31 casos y los jueces han emitido 37 ¨®rdenes de arresto. Han comparecido ante los jueces 21 detenidos, y 12 sospechosos siguen huidos. Se han dictado 10 sentencias y cuatro procesados han ganado su apelaci¨®n.

Los desaf¨ªos de la corte

La otra cara de la asignatura pendiente de esta corte es m¨¢s dif¨ªcil, si cabe. Estados Unidos, China, India, Corea del Norte o Israel no forman parte de la misma. No est¨¢n. No se les espera, y entorpecen a veces su labor. Como cuando Rusia y China impusieron en 2014 su veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, impidiendo que la investigaci¨®n sobre los cr¨ªmenes perpetrados en Siria llegara al TPI. Si bien es cierto que Siria tampoco es miembro del tribunal, la ONU puede remitir casos a la fiscal¨ªa de la corte, pero se impuso el freno de ambas potencias. ¡°En estos 20 a?os, se ha impartido justicia en el mundo gracias tambi¨¦n a lo que representa el tribunal. Como en el caso de Hiss¨¨ne Habr¨¦, el dictador de Chad entre 1982 y 1990. La Uni¨®n Africana quiso demostrar que pod¨ªa juzgarlo en el propio continente, y Habr¨¦ fue condenado en 2015 a cadena perpetua¡±, indica Reed Brody.

Para el experto, ¡°la distancia geogr¨¢fica de unos jueces que no est¨¢n en el lugar de los hechos puede calificarse de error de dise?o¡±. Lo ocurrido con la investigaci¨®n sobre Kenia es un ejemplo palpable. ¡°Es muy dif¨ªcil hacer justicia desde lejos cuando un pa¨ªs se niega a ello. El Gobierno de Kenia controlaba el escenario del crimen, las pruebas, los testigos, todo. Y el TPI tuvo que retroceder¡±. En 2014, la Fiscal¨ªa renunci¨® a juzgar al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, por cr¨ªmenes contra la humanidad supuestamente cometidos tras las elecciones de 2007. La entonces fiscal jefa, la gambiana Fatou Bensouda, le acusaba de responsabilidad indirecta en la muerte de unos 1.300 civiles, pero no pudo reunir pruebas para demostrarlo.

Ha habido otros fiascos. Como el caso de Jean-Pierre Bemba, exvicepresidente de la Rep¨²blica Democr¨¢tica de Congo. En 2016, fue condenado a 18 a?os de c¨¢rcel por cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad cometidos bajo su mandato por el Movimiento de Liberaci¨®n de Congo (MLC). En 2018, la Sala de Apelaciones le absolvi¨® alegando que ¡°no se le puede responsabilizar desde el punto de vista penal de esas atrocidades¡±. S¨ª se ha condenado a se?ores de la guerra, como el congole?o Thomas Lubanga, que cumple 14 a?os de c¨¢rcel por reclutar ni?os soldado entre 2002 y 2003. Y se ha dictaminado que forzar el matrimonio y el embarazo es tambi¨¦n un crimen en la guerra. En 2022, se conden¨® por ello ¡ªentre otros delitos¡ª a 25 a?os de c¨¢rcel a Dominic Onwen, antiguo ni?o soldado ugand¨¦s.

Para Brody, hay ya un ¡°ecosistema de la justicia internacional en el mundo que vale la pena fortalecer, facilitado en cierto modo por el TPI¡±. Su traducci¨®n es el proyecto de un mecanismo internacional y permanente de investigaci¨®n, ¡°que pueda trabajar en lugares donde el TPI no llega¡±. ¡°Hoy existen mecanismos para Myanmar, Siria, y sobre Daesh (Estado Isl¨¢mico), que comparten sus pruebas con las cortes nacionales. Son nuevas formas de justicia, m¨¢s ¨¢giles, que no restan valor al TPI¡±. Si bien han amainado las cr¨ªticas de los primeros tiempos porque la fiscal¨ªa se centraba supuestamente en ?frica, Carlens, subraya que el tribunal debe apoyar de forma estructural a las v¨ªctimas y hacer efectiva la reparaci¨®n, ya sea econ¨®mica o simb¨®lica y colectiva, que les corresponda. Dice que, hasta ahora, ¡°ha dependido en parte de la interpretaci¨®n de los jueces, cuando las v¨ªctimas est¨¢n en el centro del Estatuto de Roma¡±. El tratado consagra su participaci¨®n activa.

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