Bolivia culmina el proceso de estatizaci¨®n de las pensiones tras 26 a?os en manos privadas

El Gobierno boliviano culminar¨¢ en tres semanas el largo proceso de defunci¨®n del sistema privado de pensiones. El pr¨®ximo 2 de mayo, los casi 24.000 millones de d¨®lares de los ahorros bolivianos para su jubilaci¨®n dejar¨¢n de ser responsabilidad de dos empresas privadas de propiedad extranjera y comenzar¨¢n a ser administrados por la Gestora P¨²blica, una instituci¨®n que al Gobierno boliviano le ha costado alrededor de 13 a?os poner en pie. Con ello, se quitar¨¢ el ¨²ltimo ladrillo de la estructura econ¨®mica que se cre¨® hace 26 a?os, durante el periodo neoliberal de fines del siglo pasado.

Con el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, el Gobierno promete rendimientos m¨¢s altos, menos comisiones y, por tanto, pensiones mayores. El cambio inminente ha despertado temores y protestas de varios sectores sociales y es considerado como una ¡°apropiaci¨®n del dinero de la gente¡± por parte de la oposici¨®n pol¨ªtica del pa¨ªs.

Seg¨²n declar¨® a la prensa Jaime Dur¨¢n, gerente de la Gestora, esta subir¨¢ los rendimientos de las inversiones de los fondos de pensiones de 3%, que es el promedio logrado por las AFP en dos d¨¦cadas y media, a m¨¢s de 4%. Para eso, dejar¨¢ de cobrar las comisiones que las AFP descontaban de las inversiones. Tambi¨¦n disminuir¨¢ la comisi¨®n directa que estas entidades privadas impon¨ªan a cada jubilado, de 1,81% a 0,5%. ¡°Lo haremos mejor y a un menor costo¡±, prometi¨®.

El camino para renacionalizar las pensiones ha sido largo. Ya en 2010, el Gobierno de Evo Morales argumentaba que las AFP nunca hab¨ªan competido entre ellas, que el resultado de su trabajo hab¨ªa sido mediocre y que, a cambio, estas compa?¨ªas se llevaban grandes utilidades que alcanzaron los 225 millones de d¨®lares en 2023. La animosidad contra las AFP, que al comienzo era alta, fue disminuyendo en el largo tiempo que se necesit¨® para concretar la rescisi¨®n de sus contratos. Hoy, el sentimiento predominante en los sectores sociales, sobre todo en los que son generalmente opositores, como los maestros, universitarios, polic¨ªas, militares, pero tambi¨¦n en algunos grupos obreros, parece ser el temor al cambio y a que el Gobierno use mal los recursos, como ocurr¨ªa en la ¨¦poca anterior a la privatizaci¨®n.

Aprovechando esta susceptibilidad, la oposici¨®n pol¨ªtica, que en Bolivia tiene una orientaci¨®n predominantemente liberal, habla abiertamente de que el Gobierno ¡°se apropiar¨¢¡± de unos fondos que son privados y que los usar¨¢ para pagar su d¨¦ficit. ¡°La Gestora P¨²blica est¨¢ dirigida por cinco ejecutivos que fueron nombrados por el oficialismo, por lo que no hay una garant¨ªa que los trabajadores reciban una jubilaci¨®n digna¡±, denunci¨® el rector de la Universidad de Santa Cruz, Vicente Cu¨¦llar.

El gerente Dur¨¢n ha asegurado que los fondos de pensiones ser¨¢n independientes de cualquier decisi¨®n gubernamental y que prestar¨¢n dinero al Estado en las mismas condiciones que lo han hecho con las AFP, es decir, a trav¨¦s de la compra de bonos p¨²blicos garantizados en la bolsa de valores. Actualmente, solo un 20% del dinero de jubilaci¨®n est¨¢ prestado al Gobierno.

La decisi¨®n de estatizar el sistema de pensiones se tom¨® en la Asamblea Constituyente que funcion¨® entre 2006 y 2008. As¨ª, la Constituci¨®n boliviana manda que ¡°los servicios de seguridad social p¨²blica no podr¨¢n ser privatizados ni concesionados¡±. En 2010 se aprob¨® una ley para sustituir las AFP por la Gestora P¨²blica, pero esta instituci¨®n no estuvo en condiciones de operar hasta el a?o pasado, cuando comenz¨® a trabajar con peque?as cifras de aportes.

Durante estos 13 a?os, los fracasos por dotar a la Gestora de las herramientas t¨¦cnicas que necesitaba para albergar los 2,5 millones de cuentas que manejaban las AFP, generaron cr¨ªticas, que se repiten hasta ahora, contra el entonces ministro de Econom¨ªa y actual presidente del pa¨ªs, Luis Arce.

Las cuentas individuales, que fueron la gran innovaci¨®n de las reformas de pensiones de los a?os noventa en Latinoam¨¦rica, se mantendr¨¢n en el nuevo sistema, aunque complementadas con un ¡°fondo solidario¡± que asegura una pensi¨®n m¨ªnima a quienes tienen menos aportes propios. Este fondo funciona ya desde hace m¨¢s de una d¨¦cada. Solo el 60% de los bolivianos que trabaja ha aportado alguna vez para su jubilaci¨®n, un d¨¦ficit causado por la elevada informalidad de la econom¨ªa.

Una de las AFP que han operado en Bolivia desde 1997, llamada Futuro, pertenece a Zurich South America Invest. La otra, Previsi¨®n, es propiedad del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Este ¨²ltimo, aprovechando un acuerdo sobre inversiones entre Bolivia y Espa?a, demand¨® al Estado boliviano por los da?os y perjuicios que supuestamente le ocasion¨® el proceso. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial fall¨® a su favor en 2022 y orden¨® al Gobierno boliviano pagarle 94,8 millones de d¨®lares, bajo el argumento de que el proceso que atraves¨® el banco para salir del mercado boliviano desde que se comunic¨® la rescisi¨®n del contrato en 2010 fue largo, lento y tuvo requerimientos extraordinarios. El fallo se encuentra en la fase de apelaci¨®n.

El mes de mayo ser¨¢ crucial para la Gestora P¨²blica, que ahora debe demostrar que el sistema de pensiones, hasta ahora razonablemente eficiente, continuar¨¢ si¨¦ndolo, a fin de desmontar las protestas que preparan sus cr¨ªticos.

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