La justicia brit¨¢nica frena la extradici¨®n de Julian Assange y le permite volver a recurrirla

Los magistrados Victoria Sharp y Adam Johnson han dado este lunes un respiro, aunque parcial, a Julian Assange, de 52 a?os. Ambos han rechazado por insuficientes las garant¨ªas aportadas por el Gobierno de Estados Unidos de que el cofundador de Wikileaks recibir¨ªa un juicio justo si finalmente era extraditado. De este modo, el tribunal concede al equipo jur¨ªdico del editor la posibilidad de recurrir una vez m¨¢s su entrega ante la justicia brit¨¢nica.

El alivio es m¨ªnimo, porque Assange deber¨¢ permanecer bajo prisi¨®n provisional en la c¨¢rcel de m¨¢xima seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres, donde lleva encerrado desde abril de 2019.

¡°Quiero ser muy clara: hoy se ha producido un giro definitivo¡±, ha celebrado la esposa del preso, Stella Assange, la decisi¨®n judicial. Se dirig¨ªa a las centenares de personas concentradas desde primera hora de este lunes ante el edificio g¨®tico que alberga los tribunales de Inglaterra y Gales. ¡°El Gobierno de Estados Unidos ha intentado aplicar pintalabios a un cerdo [una expresi¨®n brit¨¢nica similar a la espa?ola de vestir la mona de seda...], pero no ha convencido a los jueces. Su caso resulta ofensivo a los principios democr¨¢ticos. Como familia, respiramos aliviados, pero todav¨ªa nos preguntamos cu¨¢nto va a durar todo esto¡±, dec¨ªa.

Los jueces han fijado una vista el 24 de mayo para atender cualquier duda de las partes e incluso contemplar la situaci¨®n actual de prisi¨®n provisional a la que est¨¢ sometido Assange. Su esposa ha advertido ya en varias ocasiones del deteriorado estado de salud del preso.

El equipo jur¨ªdico de Assange ha luchado durante los ¨²ltimos meses para que este tuviera una ¨²ltima oportunidad de recurrir ante la justicia brit¨¢nica su entrega a Estados Unidos. La decisi¨®n de dar luz verde a la extradici¨®n fue adoptada en 2022 por la entonces ministra brit¨¢nica del Interior, Priti Patel, una vez que el Tribunal Supremo dio por buenas las garant¨ªas ofrecidas por Washington sobre la seguridad del preso, y sobre las medidas que se adoptar¨ªan para impedir que pudiera acabar con su propia vida.

Sin embargo, los magistrados Sharp y Johnson decidieron dar validez a tres de los argumentos esgrimidos por los abogados del editor para evitar su entrega a las autoridades estadounidenses. El pasado 26 de marzo, el tribunal reclam¨® a Washington garant¨ªas adicionales de que, cuando llegara el momento de ser juzgado en ese pa¨ªs, Assange podr¨ªa utilizar en su defensa la Primera Enmienda de la Constituci¨®n estadounidense, que protege la libertad de prensa; no ver¨ªa reducidos sus derechos por no ser ciudadano de EE UU, ni se impondr¨ªa finalmente la pena de muerte al acusado.

El tribunal ha considerado suficiente la garant¨ªa ofrecida por Estados Unidos de que la pena capital est¨¢ descartada. La Fiscal¨ªa de ese pa¨ªs, dependiente del Ejecutivo, no la reclama, por lo que los jueces no podr¨ªan imponerla de modo unilateral.

La clave del recurso permitido ahora, al que todav¨ªa no se ha fijado fecha para su vista, girar¨¢ en torno a dos argumentos entrelazados: si Assange corre el riesgo de ser discriminado por su nacionalidad, y si esa nacionalidad (australiano) puede acabar siendo el obst¨¢culo que le impida basar su defensa en la Primera Enmienda.

El Gobierno de EE UU acusa a Assange de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisi¨®n en un ordenador. El editor australiano se enfrentar¨ªa a 175 a?os de prisi¨®n por la filtraci¨®n de m¨¢s de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PA?S fue uno de los medios que particip¨® en ese esfuerzo concertado de publicaci¨®n de estos papeles.

La campa?a internacional que ha surgido en defensa de Assange y de la libertad de prensa reclama a la Administraci¨®n estadounidense presidida por Joe Biden que retire las acusaciones y abandone un caso que, a ojos de multitud de expertos, organizaciones humanitarias y personalidades jur¨ªdicas se ha convertido en una persecuci¨®n pol¨ªtica.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ya conmut¨® la sentencia de la soldada Chelsea Manning, la principal fuente de los documentos secretos de la seguridad estadounidense que filtr¨® Wikileaks, donde se expon¨ªan graves episodios de guerra sucia en Irak o Afganist¨¢n. Fue la Administraci¨®n de Donald Trump la que decidi¨® mantener los cargos y dar el paso der pedir la extradici¨®n del australiano.

¡°[La acusaci¨®n] es completamente inconsistente con los valores que defiende la Primera Enmienda de la Constituci¨®n estadounidense. Conf¨ªo en que la Administraci¨®n de [Joe] Biden estudie atentamente la decisi¨®n judicial de hoy [por este lunes] y quiz¨¢ se avenga a reconsiderar si deber¨ªan seguir impulsando una causa absolutamente fallida¡±, ha exigido Barry Pollack, el abogado que defiende la causa de Assange en Estados Unidos.

El actual Gobierno australiano y su Parlamento han solicitado la liberaci¨®n de Assange, ciudadano de ese pa¨ªs. La C¨¢mara legislativa aprob¨® en febrero una resoluci¨®n con la misma solicitud, con el voto en contra de la oposici¨®n conservadora. El primer ministro, el laborista Anthony Albanese, respald¨® con su voto la petici¨®n, y ha trasladado a Washington el deseo de su Gobierno de que se abandone la petici¨®n de extradici¨®n y se permita regresar al cofundador de Wikileaks.

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