Las auditor¨ªas al Ej¨¦rcito mexicano revelan negligencias para contratar servicios

El velo de la opacidad que cubre a la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional (Sedena) ha permitido que algunos de sus miembros hagan un manejo deficiente y poco escrupuloso de los recursos p¨²blicos. Una serie de auditor¨ªas hechas por la Contralor¨ªa General del Ej¨¦rcito y la Fuerza A¨¦rea revelan un patr¨®n repetitivo: estas instituciones carecen de procesos rigurosos de contrataci¨®n y escud¨¢ndose en la seguridad nacional ha comprado insumos a sobreprecio. Adem¨¢s en una serie de denuncias que llegaron a su ¨®rgano interno de control entre enero de 2013 y mediados de 2020 ¡ªa las que ha tenido acceso EL PA?S¡ª se acusa que diversos generales han participado o solapado estas irregularidades que apuntan a actos de corrupci¨®n. Pese al da?o al erario que estas deficiencias administrativas han causado, solo 27 miembros de las Fuerzas Armadas fueron sancionados en ese periodo. Entre los castigados apenas figuran tres generales y cinco coroneles con los castigos m¨¢s blandos que permite la ley: amonestaciones y suspensiones de un mes.

El Ej¨¦rcito mexicano, una de las instituciones con m¨¢s poder en M¨¦xico y a quien el presidente L¨®pez Obrador le ha encomendado sus obras m¨¢s importantes de infraestructura, tiene un historial de negligencia administrativa en la contrataci¨®n de bienes y servicios. Una revisi¨®n a los expedientes de sanci¨®n administrativa abiertos tras indicios de irregularidades ponen al descubierto que al menos entre 2013 y 2020 miembros en activo del Ej¨¦rcito emitieron licitaciones a modo que restringieron la competencia de los participantes, incurrieron en desaseo contable al pagar facturas duplicadas y alteraron la bases de licitaci¨®n para favorecer a alg¨²n contratista en particular. No solo eso: los informes permiten esbozar c¨®mo se abusa de la asignaci¨®n directa, no se verifica que las compa?¨ªas est¨¦n al corriente en sus obligaciones fiscales y no se penaliza a las empresas que incumplen con lo establecido en los contratos.

Adem¨¢s el ¨®rgano interno de control (OIC) de la Sedena ha apostado por mantener en secreto los nombres de los militares sancionados por deficiencias en los procedimientos de contrataci¨®n. La Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica ¡ªde quien depende el OIC castrense¡ª asegura que al revelar la identidad de esos militares se compromete su seguridad justo en un momento donde participan en una diversidad de tareas, como la construcci¨®n del Tren Maya, el plan de migraci¨®n en las fronteras del pa¨ªs y los programas Sembrando Vida y J¨®venes Construyendo el Futuro, entre otras actividades prioritarias. ¡°Proporcionar la informaci¨®n podr¨ªa presentar un estado de riesgo por haber tenido contacto con la sociedad civil de manera activa¡±, justific¨® la SFP. Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia consider¨® que los funcionarios sancionados fueron hallados responsables de mal ejercicio en procesos de contrataci¨®n, es decir, en actividades administrativas. ¡°La informaci¨®n solicitada tiene que ver con el manejo y ejercicio de recursos p¨²blicos y no as¨ª de actividades operativas de la Sedena¡±, afirm¨® el instituto y pidi¨® brindar la informaci¨®n, parte de la cual aqu¨ª se presenta.

Sobornos y sobreprecios

La lupa de los inspectores del ¨®rgano interno de control vir¨® al Estado Mayor Presidencial (EMP), ese cuerpo de ¨¦lite ¡ªahora extinto¡ª que durante d¨¦cadas cuid¨® del Ejecutivo mexicano y su familia. En 2012, las revisiones a cientos de documentos de adquisiciones arrojaron que se hab¨ªa comprado un equipo de cirug¨ªa con un sobreprecio del 119%. En estos procedimientos intervinieron dos altos mandos del EMP que tres a?os despu¨¦s terminar¨ªan siendo ligeramente sancionados. Uno de ellos era el general Humberto Augusto Delgado Brambila, entonces director del Centro Hospitalario del EMP y se?alado por ¡°no fundar ni motivar¡± el dictamen t¨¦cnico que justificaba la adjudicaci¨®n directa del contrato y de no incluir los plazos de entrega de los bienes. El segundo sancionado fue el coronel de artiller¨ªa Ramiro G¨®mez Contreras, quien fung¨ªa como coordinador administrativo del EMP. ?l fue acusado de no verificar que se hubiese hecho correctamente la investigaci¨®n de mercado. ¡°Como responsable del procedimiento de contrataci¨®n celebr¨® el contrato sin sujetarse a las normas toda vez que no se cont¨® con las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio para la adquisici¨®n del equipo m¨¦dico¡±, se lee en el dictamen.

Aunque se detect¨® que la compra ocasion¨® un da?o al erario de 19,2 millones de pesos que nunca fueron recuperados, en octubre de 2015 ambos militares solo recibieron una amonestaci¨®n p¨²blica. La investigaci¨®n a cargo del OIC se origin¨® por una petici¨®n que hizo la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n (ASF) despu¨¦s de revisar la partida destinada a equipo m¨¦dico y de laboratorio. En su reporte, la ASF encontr¨® que dos de los supuestos participantes en la investigaci¨®n de mercado dijeron no haber recibido solicitud de cotizaci¨®n por parte de la Sedena y otro de ellos ni siquiera fue localizado en la direcci¨®n que proporcion¨® en su propuesta. A este caso le seguir¨ªa otro m¨¢s que cimbrar¨ªa nuevamente a la c¨²pula militar y pondr¨ªa en entredicho la implacable honorabilidad del Ej¨¦rcito.

Una denuncia presentada ante el OIC a principios de 2013 llam¨® la atenci¨®n a la Direcci¨®n General de Administraci¨®n, donde despachaba, en ese entonces, el general brigadier Fernando Joaqu¨ªn ?vila Liz¨¢rraga. En un escrito, un grupo de empresarios se?alaban que hab¨ªa una red de militares corruptos que ped¨ªan moches (comisiones) a cambio de la asignaci¨®n de contratos millonarios para adquirir bienes y servicios. Dos de los militares denunciados eran el teniente coronel Jos¨¦ Alfredo Carrillo R¨ªos y el coronel intendente Jos¨¦ Luis Lua Tatuado, pertenecientes a la Direcci¨®n de Administraci¨®n. El ¨®rgano interno de la Sedena inici¨® una auditor¨ªa sobre las contrataciones hechas y el 18 de agosto de 2015 se encontraron irregularidades en la asignaci¨®n de un contrato para suministrar alimentos que se aplican por v¨ªa intravenosa a pacientes del Hospital Central Militar y la Cl¨ªnica de Especialidades de la Mujer.

Los auditores encontraron que la contrataci¨®n hecha en 2013 no aseguraba a la Defensa Nacional las mejores condiciones de costos, ya que el valor de los bienes ofertados por la empresa era un 10% m¨¢s caro que el precio medio establecido en la investigaci¨®n de mercado realizada por la Direcci¨®n General de Sanidad. En el dictamen se concluy¨® que se hab¨ªa cometido un da?o patrimonial a la Secretar¨ªa por un monto cercano al mill¨®n de pesos. Los auditores reprocharon que los responsables de hacer la evaluaci¨®n econ¨®mica en la Direcci¨®n General de Administraci¨®n hubiesen autorizado un precio inaceptable. Adem¨¢s, encontraron que la empresa contratada ni siquiera produc¨ªa los alimentos nutricionales que vend¨ªa a la Sedena y esta los adquir¨ªa con otra firma, por lo que simplemente fung¨ªa como intermediaria y encarec¨ªa el precio final. Al revisar los documentos de las propuestas presentadas por algunas de las compa?¨ªas invitadas al proceso de adquisici¨®n encontraron que compart¨ªan apoderados o socios.

El ¨²nico sancionado fue Carrillo R¨ªos, que hab¨ªa sido el encargado de adjudicar el contrato como jefe de la secci¨®n de adquisiciones de suministros m¨¦dicos de la Direcci¨®n General de Administraci¨®n. Pese a que en la auditor¨ªa se se?alaba que hab¨ªa probables responsabilidades econ¨®micas y legales a cargo de las direcciones generales de Administraci¨®n y de Sanidad, los generales titulares de las instancias implicadas en las contrataciones y quieres firmaron los contratos no fueron tocados. En el fallo de la sanci¨®n se declar¨® ¡°inexistencia de la responsabilidad administrativa¡± para ellos, mientras que al teniente coronel Carrillo simplemente se le castig¨® con una amonestaci¨®n privada. Las investigaciones internas no terminaron ah¨ª. Tambi¨¦n se revisaron los servicios contratados entre 2009 y 2013 en el Hospital Central Militar.

El ¨¢rea auditora encontr¨® que hab¨ªa empresas que no hab¨ªan presentado el oficio del SAT para certificar que no tuvieran incumplimientos fiscales, hab¨ªa propuestas de diversos proveedores que carec¨ªan de firmas y se localizaron tres facturas por un total de 20,5 millones de pesos que fueron pagadas de forma duplicada. Adem¨¢s, una vez que se entregaban los contratos, las empresas incumpl¨ªan las condiciones y no eran sancionadas. Por ejemplo, una firma no proporcion¨® enfermeras quir¨²rgicas ni t¨¦cnicos instrumentistas en 635 cirug¨ªas, pero no se le sancion¨® por el incumplimiento. Esto ocasion¨® que la Sedena dejara de percibir 7,8 millones de pesos. En otro contrato tampoco se penaliz¨® a un proveedor que no proporcion¨® mantenimiento y reparaci¨®n a los equipos m¨¦dicos de neurocirug¨ªa. Tambi¨¦n se detectaron 5.441 insumos m¨¦dicos de alta especialidad que no fueron utilizados en las cirug¨ªas de oftalmolog¨ªa, pese a que se hab¨ªa pagado por ellos 6,2 millones de pesos. Al emitir su fallo de sanci¨®n, la Contralor¨ªa destac¨® que la mayor parte de las irregularidades encontradas se hab¨ªan detectado tard¨ªamente y por ello ya no se pod¨ªan sancionar.

Laxos controles

Los auditores rastrearon durante meses las contrataciones hechas con cargo al presupuesto del Fideicomiso para pago de equipo militar durante 2012. En su informe elaborado para la ASF anotaron que a solicitud de la Direcci¨®n General de Administraci¨®n ¡ªentonces a cargo del general Mois¨¦s Garc¨ªa Ochoa¡ª se hab¨ªan utilizado recursos del fideicomiso en la ampliaci¨®n de un estacionamiento de la Secretar¨ªa sin que este fuera un proyecto ¡°urgente¡± o estuviera relacionado con el objetivo del fondo. La ASF pidi¨® al OIC de la Sedena investigar y en su caso sancionar a quienes autorizaron la obra con cargo a esa bolsa, pese a que esos recursos estaban destinados a proyectos de equipo militar. La Direcci¨®n de Administraci¨®n inform¨® a la ASF que hab¨ªa instruido a sus subalternos para que en el futuro se evitara utilizar recursos de ese fideicomiso para fines distintos a los estipulados.

La lista de deficiencias administrativas no concluyeron ah¨ª. Tambi¨¦n encontraron que durante los trabajos de modernizaci¨®n de la Base A¨¦rea Militar N¨²mero Uno en 2012 las ¨¢reas contratantes de la Direcci¨®n General de Administraci¨®n otorgaron un contrato para la supervisi¨®n externa de la obra a una empresa constructora sin que hubiese una licitaci¨®n de por medio. ¡°Se presume un conflicto de intereses¡±, concluy¨® la ASF al se?alar que la adjudicaci¨®n no se hizo de manera independiente. La Direcci¨®n de Administraci¨®n hizo llegar al ¨®rgano fiscalizador un oficio donde aseguraba que hab¨ªa ordenado a las ¨¢reas competentes que en el futuro se apegaran a los lineamientos establecidos para contrataciones. Sin embargo, la ASF consider¨® este argumento insuficiente porque no se acompa?¨® de los documentos que justificaran la asignaci¨®n directa y pidi¨® investigar a los involucrados en la contrataci¨®n. Aunque el OIC inici¨® investigaciones, el ¨²nico sancionado fue David Sandoval Mota, jefe de la secci¨®n administradora de contratos de la Subdirecci¨®n de Adquisiciones en la Direcci¨®n de Administraci¨®n. En octubre de 2014 se le suspendi¨® un mes de su cargo, seg¨²n informaci¨®n obtenida v¨ªa Ley de Transparencia. El general Garc¨ªa Ochoa ni siquiera fue amonestado.

El mismo a?o en que el ¨®rgano de control sancionaba a Sandoval Mota, otra denuncia llegaba a las instancias de la contralor¨ªa. La acusaci¨®n esta vez era en contra del general de brigada ?ngel Sergio Olivares Morales. El entonces director de Sanidad fue acusado de alterar las conclusiones de un dictamen t¨¦cnico en un procedimiento de adquisiciones de medicamentos para favorecer a una empresa. El contrato por m¨¢s de 1.000 millones de pesos se adjudic¨® en febrero de 2013 y tres meses despu¨¦s la Contralor¨ªa General del Ej¨¦rcito suspendi¨® los pagos al proveedor. El caso ¡ªseg¨²n public¨® el diario Reforma en 2015¡ªlleg¨® tambi¨¦n hasta la Procuradur¨ªa Militar, que inici¨® una averiguaci¨®n previa por los delitos de fraude y falsificaci¨®n de documentos. Ahora se sabe que el expediente no avanz¨® por la v¨ªa judicial, mientras que por la v¨ªa administrativa tampoco fue sancionado, seg¨²n los registros obtenidos v¨ªa transparencia.

En 2015, la comisi¨®n interventora de obras militares de la Contralor¨ªa castrense realiz¨® una auditor¨ªa a una obra realizada en la Base A¨¦rea Militar 14, localizada en Escobedo, Nuevo Le¨®n, donde se ampli¨® un sistema de iluminaci¨®n. En su dictamen, la autoridad determin¨® 42 observaciones econ¨®micas y administrativas. Uno de los se?alamientos m¨¢s recurrentes es que se asignaron y firmaron contratos despu¨¦s de que concluyeron los trabajos. Los auditores pidieron explicaciones al general Jos¨¦ Manuel Cabral Caldera y al capit¨¢n primero ingeniero constructor Jos¨¦ Luis Albarr¨¢n Rodr¨ªguez, ambos responsables de la obra. El general justific¨® que hab¨ªa decidido continuar con la segunda etapa del proyecto y por eso hab¨ªa hecho nuevos contratos. Sin embargo, el ¨®rgano sancionador le reproch¨® que tomara esa decisi¨®n sin contar con la autorizaci¨®n del ¨¢rea competente y sin la aprobaci¨®n de recursos para ello. Finalmente en enero de 2018 se le sancion¨® con una amonestaci¨®n. En enero de 2018 el general se jubil¨® y actualmente cuenta con un haber de retiro por 72.000 pesos. En junio de 2019, ya en el Gobierno de L¨®pez Obrador, el OIC de la Sedena amonest¨® a un militar de bajo rango por ¡°negligencia administrativa¡± en un procedimiento de adquisiciones. EL PA?S consult¨® a la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional sobre estos casos y hasta la publicaci¨®n de esta investigaci¨®n no ofrecieron una respuesta.

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