M¨¢s de 680 personas presas ser¨¢n liberadas coincidiendo con las fiestas de Independencia de M¨¦xico
El decreto presidencial, publicado en agosto, beneficia a adultos mayores y con enfermedades graves as¨ª como a quienes sufrieron torturas o lleven m¨¢s de 10 a?os en prisi¨®n con un proceso sin concluir
Este mi¨¦rcoles, en el inicio de las fiestas por la Independencia de M¨¦xico, ser¨¢n liberadas 682 personas que estaban en la c¨¢rcel en virtud de un decreto presidencial que entr¨® en vigencia este 25 de agosto. La medida se contempla para aquellos internos cuya ¨²nica prueba condenatoria se hubiese obtenido bajo tortura comprobada; para quienes llevan m¨¢s de 10 a?os presos con un proceso sin concluir; para los mayores de 65 a?os con enfermedades cr¨®nico-degenerativas o terminales; y para los mayores de 70 a?os. A ello se comprometi¨® el presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, y se dio un plazo muy corto: antes del 15 de septiembre ya deber¨ªa haber resultados, dijo. Estos centenares de encarcelados que ser¨¢n liberados contrasta con los que han podido abandonar las prisiones gracias a la Ley de Amnist¨ªa anunciada largamente desde que el presidente lleg¨® al poder y que entr¨® en vigor en abril de 2020: apenas un pu?ado ha logrado abandonar el penal.
Son los tribunales los que tienen la ¨²ltima palabra en este asunto. Aunque Gobernaci¨®n y su comisi¨®n de expertos hayan solicitado la libertad para m¨¢s de una treintena de casos, las organizaciones que se dedican a esta causa explican que apenas siete y ocho personas lo han logrado finalmente. En dos a?os quiz¨¢ algunos m¨¢s, pero menos de lo que esperaban quienes aplaudieron aquella Ley de Amnist¨ªa destinada a sacar de las c¨¢rceles a personas con delitos menores. No deja de ser un procedimiento judicial para el que los m¨¢s desfavorecidos no tienen recursos. Adem¨¢s, aquella ley sali¨® con una falla de origen: el gobierno solo pod¨ªa intervenir en los casos de fuero federal, que normalmente son delitos graves, y el ¨¦xito de la norma solo se dar¨ªa en el caso de que los Estados la secundaran voluntariamente.
Esa es la raz¨®n, seg¨²n interpreta la cofundadora de la organizaci¨®n Reinserta, Saskia Ni?o de Rivera, de que L¨®pez Obrador retomara el asunto con un decreto presidencial este agosto. En una de sus conferencias matutinas este verano sali¨® a colaci¨®n el caso de Israel Vallarta, preso durante 16 a?os ya, sin sentencia, por el medi¨¢tico secuestro del que tambi¨¦n se acus¨® a su entonces novia francesa, Florence Cassez. Ella sali¨® de la c¨¢rcel y march¨® a Francia despu¨¦s de un conflicto diplom¨¢tico entre este pa¨ªs y M¨¦xico muy sonado. Sin embargo, Vallarta (y otros de su familia) siguen en prisi¨®n. Y tampoco saldr¨¢ en esta ocasi¨®n, a pesar de poder certificar que fue torturado para confesar el delito de secuestro. El problema es otro caso cruzado del que se le acusa, que a¨²n no tiene visos de soluci¨®n. As¨ª lo ha recordado hoy el secretario de Gobernaci¨®n, Ad¨¢n Augusto L¨®pez Hern¨¢ndez. Pero aquella ma?anera de julio, el presidente anunci¨® una comisi¨®n en Gobernaci¨®n para estudiar, en coordinaci¨®n con las autoridades estatales, los cientos o miles de casos que podr¨ªan beneficiarse de una salida de prisi¨®n, atendiendo, sin m¨¢s a lo que ya establece la Constituci¨®n, es decir, una justicia con los debidos procedimientos y en los plazos adecuados, as¨ª como beneficios en casos concretos en virtud de los derechos humanos.
Las organizaciones que buscan justicia para numerosos presos en M¨¦xico que no han pasado por un debido proceso celebran esta salida de la c¨¢rcel anunciada para este mi¨¦rcoles, ¡°al fin y al cabo son vidas que se est¨¢n salvando¡±, seg¨²n dice Saskia Ni?o de Rivera, pero lamentan que una medida tan importante no alcance una coordinaci¨®n adecuada que la convierta en un proceso por el que se libere a miles de personas que est¨¢n en situaciones injustas: que fueron torturados, que se les sembraron pruebas, que no tuvieron un abogado en el momento preciso, que se extralimitaron con la prisi¨®n preventiva, que no se les concedi¨® un traductor; una casu¨ªstica larga.
Las c¨¢rceles de M¨¦xico tienen capacidad para unos 170.000 reclusos, pero hay m¨¢s de 210.000 adultos encarcelados. El 21 de abril, con la urgencia de la pandemia y el hacinamiento en los penales, el Senado aprob¨® la Ley de Amnist¨ªa. En aquella sesi¨®n se calcul¨® que podr¨ªa beneficiar a 10.000 personas en todo el pa¨ªs. Sin embargo, en agosto lleg¨® el decreto.
¡°Yo creo que este decreto del presidente por el que ahora salen a la calle m¨¢s de 600 personas es una llamada de atenci¨®n para que se hagan las cosas bien, porque la Ley de Amnist¨ªa no ha demostrado operatividad ni plantea un seguimiento de cada caso. Esa es la raz¨®n de su escaso rendimiento en dos a?os. Y siempre hay que tener en cuenta que la mayor¨ªa de la gente que cumple el perfil para ser liberados no tienen recursos para poner en marcha estos tr¨¢mites¡±, dice la activista Ni?o de Rivera.
En efecto, como recuerda el subdirector Jur¨ªdico de la organizaci¨®n Reinserta, Eduardo Garc¨ªa, cuando alg¨²n interno se hace acreedor de esta medida de liberaci¨®n pone en marcha el proceso para lograrlo y no siempre se encuentra con un camino f¨¢cil. ¡°He conocido casos en que se les niega el amparo y se ordena que se vuelvan a investigar las torturas, por ejemplo, pero de nuevo pasan meses y meses. O se aplica mal el Protocolo de Estambul, que es el que establece la anulaci¨®n de un proceso si ha habido torturas para conseguir una confesi¨®n¡±, explica Garc¨ªa.
Las leyes de M¨¦xico, como casi siempre, son tan garantistas como de dif¨ªcil aplicaci¨®n en la pr¨¢ctica. Estos casos lo demuestran de nuevo. ¡°Realmente no hac¨ªa falta un decreto para sacar a la calle a muchas personas porque la Ley Nacional de Ejecuci¨®n Nacional ya contempla en su art¨ªculo 146 la liberaci¨®n de los adultos mayores con enfermedades cr¨®nicas degenerativas o terminales. Y el C¨®digo Nacional de Procedimientos Penales, en su art¨ªculo 166, establece que los mayores de 70 a?os o con esos padecimientos puedan concluir su reclusi¨®n en el domicilio o alg¨²n centro geri¨¢trico o m¨¦dico. Lo mismo en el caso de mujeres embarazadas o lactantes¡±, prosigue Garc¨ªa. Por no hablar de las muchas garant¨ªas procesales que ya establece la Constituci¨®n. L¨®pez Obrador se ha quejado en varias ocasiones de la lentitud de la justicia en M¨¦xico, se?alando, como suele hacerse, que una justicia tan lenta no es justicia.
Ese parece ser el motivo de este decreto y su acelerado cumplimiento, que pondr¨¢ en libertad a 682 personas en todo el pa¨ªs coincidiendo con la celebraci¨®n por la Independencia de M¨¦xico.
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