El Gobierno de L¨®pez Obrador aumenta la presi¨®n sobre la Suprema Corte por la prisi¨®n preventiva oficiosa

La prisi¨®n preventiva oficiosa se ha convertido en la nueva arma del Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador para atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN). A un a?o de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionara al Estado mexicano y le ordenara quitar esta figura de su Constituci¨®n para adecuarse a la legislaci¨®n internacional, el Ejecutivo ha redoblado la presi¨®n sobre los tribunales. El presidente ha sido f¨¦rreo en la defensa de esta medida cautelar, a la que considera imprescindible para atajar los altos niveles de inseguridad en el pa¨ªs. La nueva ofensiva llega ahora, en pleno tiempo electoral, porque la Suprema Corte tiene tres proyectos enfilados para cumplir con la sentencia internacional.

Hace justo un a?o que la Corte Interamericana (CoIDH), cuyas resoluciones son obligatorias para M¨¦xico, sancion¨® al Estado por vulnerar los derechos de Daniel Garc¨ªa y Reyes Alp¨ªzar, los dos hombres que estuvieron 17 a?os y medio en prisi¨®n sin una sentencia. Para evitar que su caso se repitiera, el alto tribunal internacional orden¨® a M¨¦xico ¡°adecuar su ordenamiento jur¨ªdico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convenci¨®n Americana¡±.

La prisi¨®n preventiva oficiosa est¨¢ recogida en el art¨ªculo 19 de la Constituci¨®n y permite enviar de forma autom¨¢tica a prisi¨®n a los acusados en una serie de delitos, en la primera fase del proceso judicial, sin que lo decida un juez. Es un encarcelamiento por adelantado. En M¨¦xico se aplica para un cat¨¢logo de 16 cr¨ªmenes que va desde el feminicidio o el secuestro hasta el robo dentro de una vivienda. Esta figura, que es una anomal¨ªa en el resto de Latinoam¨¦rica, ¡°es contraria las garant¨ªas internacionales¡±, seg¨²n la Corte Interamericana. Adem¨¢s, M¨¦xico cuenta ya con la prisi¨®n preventiva justificada, que tambi¨¦n implica que el acusado siga su proceso judicial en la c¨¢rcel, pero porque un juez considera que existe riesgo de fuga o de da?ar a la v¨ªctima. El tribunal internacional ped¨ªa modificar la primera y daba al Estado el plazo de un a?o para hacer los ajustes.

El tiempo ha pasado y el Gobierno de L¨®pez Obrador ha caminado en direcci¨®n contraria. En febrero, el presidente incluso anunci¨® la propuesta de ampliar el cat¨¢logo de delitos bajo esta figura. Sin embargo, la SCJN ¡ªque tambi¨¦n estaba obligada por la sentencia de la CoIDH a buscar una salida¡ª tiene preparados tres proyectos para afrontar el mandato del tribunal internacional. Ah¨ª comienza la disputa.

¡°Seguridad nacional¡±

La secretaria de Gobernaci¨®n, Luisa Mar¨ªa Alcalde, ha salido este martes en la conferencia ma?anera para advertir que eliminar la prisi¨®n preventiva oficiosa es ¡°una amenaza a la seguridad nacional¡±. Seg¨²n la funcionaria, quitar esta figura supondr¨ªa ¡°una afectaci¨®n irreparable a los derechos de las v¨ªctimas¡±, ¡°una extrema vulnerabilidad al personal policial, de las fiscal¨ªas, de los juzgadores y de los testigos¡±, y ¡°la saturaci¨®n del sistema de justicia¡±. As¨ª se lo ha alertado a la Suprema Corte en una carta, firmada por los titulares de Defensa, Marina, Seguridad y Exteriores.

En la misiva, el Gobierno reconoce por primera vez cu¨¢ntas personas hay bajo esta pol¨¦mica medida: 68.000. Adem¨¢s desglosa que 21.000 est¨¢n presas en el Estado de M¨¦xico, 8.400 en Jalisco, 4.500 en Veracruz o 3.300 en Michoac¨¢n. Estas cifras suponen que un tercio de las 232.600 personas encarceladas en M¨¦xico, lo est¨¢n sin condena y sin que ning¨²n juez haya valorado que tienen que estar en prisi¨®n. Aunque la Constituci¨®n marca que solo se puede estar dos a?os en prisi¨®n preventiva oficiosa, la saturaci¨®n de los tribunales y los eternos procesos judiciales mantienen atrapadas a las personas durante a?os en la c¨¢rcel sin sentencia.

Durante su conferencia, Alcalde ha externado ¡°su preocupaci¨®n¡± por el impacto que tendr¨ªa ¡°la posible liberaci¨®n de 68.000 presuntos delincuentes¡±. Los expertos jur¨ªdicos insisten sin embargo en que eliminar la prisi¨®n preventiva oficiosa no implica una desbandada de las c¨¢rceles, sino que permite a los abogados pedir que se revise la medida cautelar del acusado. En el caso de que el juez lo decida, el imputado seguir¨¢ en la c¨¢rcel, o si no puede aplicar otras medidas como un arraigo domiciliario, un brazalete electr¨®nico o la firma en el juzgado.

¡°La afirmaci¨®n de la secretaria parte de la idea de que los jueces van a dejar en libertad a personas que representan un peligro, lo que es incorrecto. El aparato de justicia lo tiene bien armado para mantener a las personas en prisi¨®n. No es una teor¨ªa, es un diagn¨®stico. Los jueces suelen dictar prisi¨®n preventiva justificada, eso era la regla hasta que en 2008 naci¨® la prisi¨®n preventiva oficiosa¡±, explica el experto en derechos humanos Luis Tapia, que afirma: ¡°Es un intento de apelar al miedo colectivo¡±. El abogado recuerda que hasta el momento no hay ninguna correlaci¨®n de que los delitos que tiene prisi¨®n preventiva oficiosa hayan disminuido: ¡°Se?alar que el sistema de seguridad p¨²blica depende de la prisi¨®n preventiva oficiosa es una confesi¨®n muy fuerte, estamos perdidos si ese es el caso, porque no es efectiva, nunca ha servido¡±.

Los tres proyectos de la Corte

El Gobierno de L¨®pez Obrador ha reflotado el tema a ra¨ªz de los tres proyectos que la SCJN est¨¢ a punto de discutir en el pleno. Esta cercan¨ªa permite al Ejecutivo lanzar otro dardo a la instituci¨®n presidida por Norma Pi?a, en plena guerra entre los dos poderes: ¡°Preocupa tambi¨¦n que la Suprema Corte decline su funci¨®n de m¨¢ximo tribunal del estado mexicano en favor de una instancia regional donde sus jueces representan los intereses de gobiernos extranjeros y de la Organizaci¨®n de los Estados Americanos¡±. En esta misma l¨ªnea, Alcalde ha dicho: ¡°Ning¨²n Estado, Gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a M¨¦xico modificar su Constituci¨®n, su r¨¦gimen pol¨ªtico, ni su forma de Gobierno, hacerlo ser¨ªa un acto inadmisible de injerencia. ?Y a qui¨¦n le toca defender nuestra Constituci¨®n? Precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n¡±. Seg¨²n se recoge en el art¨ªculo 2 de la Convenci¨®n Americana de Derechos Humanos, de la que M¨¦xico forma parte, el pa¨ªs tiene la obligaci¨®n de adecuar su legislaci¨®n interna a los tratados internacionales. Tambi¨¦n est¨¢ sometido ¡ªde forma voluntaria y soberana¡ª a la competencia de la Corte Interamericana.

Con este embate, adem¨¢s, el Ejecutivo busca presionar a los ministros y a los jueces para evitar ning¨²n movimiento a menos de dos meses de las elecciones del 2 de junio. En concreto, la carta del Ejecutivo ataca directamente al proyecto del ministro Jorge Pardo, conocido como Expediente 3/2023, pero la SCJN tiene en preparaci¨®n otros dos: la acci¨®n de inconstitucionalidad 49/2021, presentada por la ministra Margarita R¨ªos Farjat, y el amparo en revisi¨®n 284/2022, del ministro Alfredo Guti¨¦rrez Ortiz Mena. Los tres proyectos, que est¨¢n listados para discutirse de forma consecutiva este jueves, tienen enfoques diferentes.

El del ministro Pardo nace directamente para tratar de dar respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana. Es el m¨¢s ambicioso de los tres, porque supone inaplicar el art¨ªculo 19 de la Constituci¨®n para dejar sin vigencia a la prisi¨®n preventiva oficiosa. Necesita solo de seis de los 11 votos del pleno para salir adelante. El amparo de Guti¨¦rrez Ortiz Mena es la aproximaci¨®n m¨¢s conservadora, puesto que elimina esta figura pero solo para la persona que promovi¨® el amparo, no a nivel general. Tambi¨¦n necesitar¨ªa seis votos para aprobarse. El proyecto de R¨ªos Farjat es el m¨¢s complicado de salir adelante, puesto que al ser una acci¨®n de inconstitucionalidad ¡ªcomo ya se discuti¨® en noviembre de 2022¡ª requiere de ocho votos. La propuesta de la ministra va orientada a buscar el di¨¢logo entre la Fiscal¨ªa, el Ejecutivo, la Defensor¨ªa, sobre c¨®mo inaplicar esta figura.

Mientras la SCJN decide c¨®mo dar respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana, en los tribunales federales del pa¨ªs ya se ha producido una divisi¨®n de criterio. El abogado Luis Tapia explica que, por un lado, los tribunales del norte del pa¨ªs ¡ªque dependen del pleno regional del circuito norte¡ª ya est¨¢n cumpliendo la resoluci¨®n internacional y, por tanto, inaplicando la prisi¨®n preventiva oficiosa. ¡°Y en los del sur del pa¨ªs se ha dicho que no, que la Constituci¨®n est¨¢ por encima y no es posible inaplicarla¡±, resume el experto, que apunta que en el sistema local es m¨¢s dif¨ªcil medir c¨®mo se est¨¢ afrontando.

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