Ayotzinapa duele en M¨¦xico
La conmemoraci¨®n del brutal ataque contra un grupo de 43 estudiantes rurales en una ciudad mediana del centro del pa¨ªs cierra simb¨®licamente la Administraci¨®n de L¨®pez Obrador, incapaz de solucionar el problema de la inseguridad
La conmemoraci¨®n este jueves del d¨¦cimo aniversario del caso Ayotzinapa, con marchas y protestas en Ciudad de M¨¦xico y otras urbes del pa¨ªs, evoca el empuje final de una ola en la costa: ya todo lo que pod¨ªa pasar ha pasado, o no. Para bien y para mal. A cinco d¨ªas del fin del sexenio, el recuerdo de esta fecha vergonzosa ali?a el ep¨ªlogo de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en la presidencia, caracterizado por un pico de polarizaci¨®n, sostenido en las enconadas discusiones legislativas sobre el Poder Judicial y la Guardia Nacional.
El caso Ayotzinapa duele en M¨¦xico. Duele el ataque brutal contra un grupo de estudiantes rurales, humildes, j¨®venes, la desaparici¨®n de 43 de ellos a manos de un entramado criminal, apoyado en complicidades estatales. Duele que en 10 a?os no haya habido noticias de ellos, m¨¢s que algunos trozos de hueso encontrados aqu¨ª y all¨¢. Duelen los espacios en blanco de un relato que se resiste a ser contado, torpedeado de principio a fin por las autoridades, con diferentes niveles de gravedad, mucho mayores en los a?os de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018).
Tambi¨¦n le duele al Gobierno saliente. L¨®pez Obrador prometi¨® resolver el caso, sin saber, cuando lo hizo, que las pesquisas golpear¨ªan a uno de sus aliados estos a?os, las Fuerzas Armadas, principalmente al Ej¨¦rcito. Fue el l¨ªmite de la independencia de los investigadores, y de ellos mismos. La ¨²nica defensa que puede esgrimir el mandatario apunta a la cantidad de pruebas destruidas en los a?os anteriores, a los testigos que han muerto y a todos los que callan, empezando por las decenas de autoridades procesadas a escala local, estatal y federal.
El triste aniversario del ataque recuerda tambi¨¦n que la situaci¨®n de inseguridad ha cambiado poco en estos diez a?os. M¨¦xico sufre incendios de violencia en varias regiones del pa¨ªs, algunos m¨¢s presentes que otros en las redes y los medios, pero todos igual de sangrantes para una sociedad cada vez m¨¢s cansada de la situaci¨®n. En la encuesta que Enkoll hizo para EL PA?S esta semana, la inseguridad aparec¨ªa como una de las preocupaciones principales de los ciudadanos, una constante en realidad desde hace a?os.
No es para menos. La medi¨¢tica batalla entre grupos de criminales en Culiac¨¢n, la capital de Sinaloa, que deja muertos y desaparecidos casi todos los d¨ªas desde hace m¨¢s de dos semanas, ilumina pugnas tan violentas como silenciadas en el resto del pa¨ªs. El martes, por ejemplo, Puebla registr¨® ocho asesinatos y Guanajuato otros ocho, adem¨¢s de los seis de Sinaloa o Baja California, seg¨²n el conteo preliminar diario que hace la Secretar¨ªa de Seguridad y Protecci¨®n Ciudadana. Ning¨²n noticiero abri¨® su tiempo con Puebla o Guanajuato. As¨ª de habitual se ha vuelto la violencia.
Cad¨¢veres abandonados en las calles, desmembrados, personas desaparecidas por terceros, cuerpos que emergen de fosas, las familias de todos¡ El enorme colectivo de v¨ªctimas de un pa¨ªs que cuenta m¨¢s de 30.000 asesinatos anuales desde hace ocho se refleja en Ayotzinapa, un caso que ilumina uno de los grandes males del pa¨ªs, esa esfera compartida entre crimen, pol¨ªtica y corporaciones de seguridad. El enorme esfuerzo de investigadores, estatales y externos, que han investigado el caso este sexenio, permite observar de cerca esa esfera.
No importa tanto que el caso no se resuelva, en el sentido del conocimiento revelado sobre el contubernio criminal. Con todos los espacios en blanco, toda la ignorancia acumulada sobre lo ocurrido en extensos tramos de la noche del ataque, ya se sabe que el grupo criminal que atac¨® a los estudiantes, Guerreros Unidos, gozaba de una importante red de apoyo institucional, de lo local a lo federal, participaran o no en el ataque contra los estudiantes. Y si solo se mira al ataque, a d¨ªa de hoy hay 88 polic¨ªas procesados, entre estatales, locales y federales, 16 militares, un marino, un alcalde, cinco exfuncionarios de la Fiscal¨ªa federal¡
El caso Ayotzinapa revela lo que ocurre en otros casos que, lamentablemente, no reciben ni la mitad de la atenci¨®n que este. En un pa¨ªs con niveles de impunidad arriba del 90%, se impone una reforma integral de las fiscal¨ªas, asunto del que pretende encargarse la administraci¨®n entrante, dirigida por la futura presidenta, Claudia Sheinbaum. La violenta realidad que recibe expone los fracasos de sus predecesores. Ni pol¨ªticas de mano dura, como la de Felipe Calder¨®n (2012-2018), ni m¨¢s amables, como la de L¨®pez Obrador, han funcionado.
Sheinbaum jura el cargo el 1 de octubre. Ayotzinapa y tantos otros casos siguen sin resolverse. La futura mandataria recibe un Estado en v¨ªas de consolidar una corporaci¨®n de seguridad, la Guardia Nacional, con una importante capacidad de despliegue. Pero el despliegue, como ense?¨® la noche de Iguala, solo implica un control territorial, susceptible de ser sometido a intereses espurios. El reto, como han explicado incontables expertos en pol¨ªticas de seguridad estos ¨²ltimos 20 a?os, radica precisamente ah¨ª. En darle sentido al control.
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