El Gobierno consuma la ampliaci¨®n de la prisi¨®n preventiva oficiosa pese a la sentencia de la Corte Interamericana

Mientras el pa¨ªs se preparaba para la entrada al 2025, el Diario Oficial de la Federaci¨®n publicaba los ¨²ltimos cambios a la Constituci¨®n mexicana. En su edici¨®n vespertina del 31 de diciembre, el ¨®rgano del Gobierno anunciaba la modificaci¨®n del art¨ªculo 19 para incluir la extorsi¨®n, la emisi¨®n de falsos comprobantes fiscales y los cr¨ªmenes vinculados a la producci¨®n y venta de fentanilo. Era el tr¨¢mite que le faltaba al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum para consumar la ampliaci¨®n del cat¨¢logo de delitos de prisi¨®n preventiva oficiosa, el paso definitivo para entrar en desacato con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le orden¨® hace m¨¢s de un a?o eliminar esta figura.

Con el cierre de a?o se ha cerrado tambi¨¦n una de las viejas batallas de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. El expresidente fue quien propuso el pasado febrero aumentar los delitos que conllevan prisi¨®n preventiva oficiosa y envi¨® su propuesta al Congreso. Hubo que esperar a la aplanadora que consiguieron Morena y sus aliados tras las elecciones del 2 de junio, para que se aprobara sin problema en la C¨¢mara de Diputados y en el Senado, en noviembre. Por el camino se cayeron el narcomenudeo y algunos delitos fiscales, que no se han incluido en esta tanda.

La prisi¨®n preventiva oficiosa se ha convertido en una piedra angular de la estrategia de seguridad de los Gobiernos mexicanos. Creada en el sexenio del panista Felipe Calder¨®n en 2008 y defendida despu¨¦s a ultranza por L¨®pez Obrador, su adversario pol¨ªtico, esta figura env¨ªa a la c¨¢rcel de forma autom¨¢tica a los procesados de una serie de delitos, que van desde el feminicidio o el secuestro hasta el robo dentro de una vivienda. Los imputados por alguno de estos cr¨ªmenes tienen que seguir su proceso judicial dentro del penal mientras la Fiscal¨ªa investiga. Al ser de forma oficiosa, el juez no puede entrar a valorar si hay riesgo de fuga o de destruir pruebas.

La Constituci¨®n marca un l¨ªmite de dos a?os, pero en la realidad, miles de imputados pasan a?os en la c¨¢rcel esperando una sentencia. Daniel Garc¨ªa y Reyes Alp¨ªzar, que ganaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estuvieron 17 a?os sin condena por un crimen que nunca cometieron. Este tipo de prisi¨®n, que es una anomal¨ªa en el resto de Latinoam¨¦rica, ¡°es contraria las garant¨ªas internacionales¡±, dictamin¨® la Corte Interamericana, que orden¨® en abril de 2023, a ra¨ªz del caso de Garc¨ªa y Alp¨ªzar, a M¨¦xico que ten¨ªa que eliminarla, aunque eso implicara modificar su Constituci¨®n. Le dio al Estado un a?o para hacerlo. Ahora, 19 meses despu¨¦s, el pa¨ªs no solo no lo ha hecho, sino que ha consumado su desacato.

El abogado Sim¨®n Hern¨¢ndez, que llev¨® el caso de Daniel y Reyes ante el tribunal internacional, explica a EL PA?S que esta decisi¨®n sit¨²a a M¨¦xico en un escenario sin precedentes. ¡°Es la primera vez que la Corte Interamericana ordena un cambio constitucional y se va en contra¡±, se?ala Hern¨¢ndez, ¡°el Estado acept¨® la competencia de la corte y fue condenado a una serie de medidas, al incumplir se genera una responsabilidad internacional agravada, que nos coloca en niveles del Per¨² de [Alberto] Fujimuri, o en la ¨²ltima de etapa de Nicol¨¢s Maduro¡±.

A final de noviembre, la Corte Interamericana hizo su primera revisi¨®n del cumplimiento de las medidas que hab¨ªa impuesto a M¨¦xico por el caso Garc¨ªa y Alp¨ªzar. El tribunal orden¨® 10 medidas y de momento solo entr¨® a valorar tres, relativas a la difusi¨®n de la sentencia y la reparaci¨®n econ¨®mica para las v¨ªctimas. La Corte consideraba que estas se hab¨ªan cumplido a falta de publicar la sentencia en el Diario Oficial de la Federaci¨®n. ¡°El grado de cumplimiento de las restantes siete reparaciones ser¨¢ valorado en una resoluci¨®n posterior¡±, se?ala la resoluci¨®n del tribunal, que a?ade que el Gobierno mexicano ten¨ªa de plazo hasta el pasado 6 de diciembre para remitir ¡°informaci¨®n actualizada y detallada sobre su cumplimiento¡±.

¡°Habr¨¢ que ver cu¨¢l es la respuesta en la corte¡±, apunta Hern¨¢ndez. El abogado identifica como uno de los puntos m¨¢s graves de la reforma reci¨¦n publicada su apunte final en el que se especifica: ¡°Para la interpretaci¨®n y aplicaci¨®n de las normas previstas en este p¨¢rrafo, los ¨®rganos del Estado deber¨¢n atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretaci¨®n an¨¢loga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus t¨¦rminos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial¡±.

Este detalle, explica Hern¨¢ndez, impide que los jueces de manera independiente, como estaban haciendo hasta ahora, puedan cumplir con la sentencia internacional. ¡°Les limita de manera de absoluta para aplicar directamente la sentencia de Garc¨ªa Rodr¨ªguez, lo que va en contra de la prohibici¨®n de introducir en el derecho interno disposiciones que vayan en contra de la convenci¨®n americana¡±, se?ala, ¡°en los hechos consideramos que es una forma velada de renunciar a la convenci¨®n americana¡±.