La ONU y el Estado torturador de Maduro

A mediados de septiembre de 2020 se produjo un salto cualitativo en la lucha por los derechos humanos y la democracia en Venezuela: la Misi¨®n Internacional Independiente de Determinaci¨®n de los Hechos sobre la Rep¨²blica Bolivariana de Venezuela ¡ªdesignada por Michelle Bachelet, Alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU¡ª present¨® el compendio, m¨¢s de 400 p¨¢ginas, que demuestra, a partir de testimonios confiables y s¨®lida documentaci¨®n, las pr¨¢cticas de secuestros, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y de g¨¦nero, tratos crueles y humillantes, con los que el poder somete a la sociedad venezolana. Cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos por el r¨¦gimen encabezado por Nicol¨¢s Maduro.

La trascendencia del documento es m¨²ltiple. Cristaliza a?os de sacrificios y desvelos de los familiares de las v¨ªctimas, innumerables denuncias hechas por activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, representa a miles de testimonios de personas cuya dignidad, cuya integridad f¨ªsica y moral han sido violentadas por el Estado torturador, a pesar de no haber cometido delito alguno.

El que haya sido una misi¨®n internacional, integrada por profesionales experimentados e irrefutables, potenci¨® el valor de todo cuanto all¨ª se narra: despej¨® las dudas y neutraliz¨® las campa?as de contrainformaci¨®n, puesto que dej¨® en claro que la existencia del Estado torturador de Maduro es real. Demostr¨® que hay modelos y patrones de conducta para violar los derechos humanos. Puso en evidencia las cadenas de mando que van desde Maduro y Padrino L¨®pez hasta los perpetradores. Desnud¨® las omisiones y la complicidad de la Fiscal¨ªa General de Rep¨²blica y de los sistemas judiciales civil y militar, que existen para garantizar la impunidad de estos cr¨ªmenes.

La reacci¨®n del r¨¦gimen al informe fue estrictamente una: descalificar la Misi¨®n. Se?alar, con falsas afirmaciones, que la investigaci¨®n no ten¨ªa sustento. Pero lo ¨²nico que cab¨ªa esperar, que se produjera un cambio y cesaran de inmediato las pr¨¢cticas del Estado torturador y comenzaran las investigaciones que deber¨ªan conducir al castigo de los responsables, no ocurri¨®. Lo que s¨ª ha pasado, es que los delitos se han mantenido y se han intensificado.

En el marco de la 46? sesi¨®n del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU ¡ª10 de marzo¡ª, la jurista Marta Vali?as, presidenta de la mencionada Misi¨®n, present¨® la actualizaci¨®n del informe. Su relato no deja lugar a dudas. Entre las cosas que destaca, mencionar¨¦ algunas: la muerte en reclusi¨®n, del dirigente de la etnia pem¨®n, Salvador Franco, a quien se le neg¨® la atenci¨®n m¨¦dica que necesitaba para salvar su vida; la grave situaci¨®n de salud y el estado degradante del lugar donde se encuentran detenidos, que afecta al capit¨¢n Luis de la Sotta y al coronel ¡ªya jubilado¡ª Oswaldo Garc¨ªa Palomo, ambos sometidos a torturas y tratos infamantes; las detenciones arbitrarias de, al menos, 36 ciudadanos, se?alados por sus cr¨ªticas al r¨¦gimen; la detenci¨®n de Gilberto Sojo, miembro de Voluntad Popular y parlamentario ¡ªquien ya estuvo preso y hab¨ªa sido liberado¡ª, y del periodista Roland Carre?o, el 27 de octubre del 2020, miembro del equipo del presidente Juan Guaid¨®, a quien se acus¨® de cr¨ªmenes ins¨®litos, como conspirar, financiar el terrorismo y traficar con armas.

Entre muchos otros aspectos que es necesario subrayar, y con ello pulsar el bot¨®n de alarma, est¨¢ el de la ampliaci¨®n del ¡°concepto estatal del enemigo interno¡±, que ahora se ha extendido a organizaciones y activistas de ONG, dedicados a la defensa de los derechos humanos y a labores humanitarias, como ha ocurrido con la detenci¨®n simplemente absurda de Johan Le¨®n Reyes, Yordy Berm¨²dez, Layners Guti¨¦rrez D¨ªaz, Alejandro G¨®mez Di Maggio y Luis Ferrebuz, miembros de Azul Positivo, organizaci¨®n fundada en 2004, especializada en la prevenci¨®n de enfermedades de transmisi¨®n sexual, de forma particular, el VIH. En la Venezuela arrasada por el hambre y las enfermedades, con un Estado que no ofrece respuesta alguna a estas cr¨ªticas realidades, la ¨²nica reacci¨®n del r¨¦gimen de Maduro es la persecuci¨®n y la c¨¢rcel para quienes trabajan para aliviar las penurias de las personas. Mucho m¨¢s podr¨ªa agregar a esta relaci¨®n: la continuaci¨®n del juicio infundado al diputado Juan Requesens, las diligencias del fraudulento TSJ para asegurar la impunidad de los asesinos del capit¨¢n Rafael Acosta Ar¨¦valo, o el descaro con que contin¨²an los programas de ejecuci¨®n extrajudiciales ¡ªhasta mediados de marzo el n¨²mero de ejecutados durante el 2021 superaba los 200 casos.

He dicho, e insisto aqu¨ª, que lo deseable es que la Uni¨®n Europea y Estados Unidos hagan un esfuerzo pol¨ªtico y diplom¨¢tico, y establezcan un programa conjunto de sanciones a los responsables de las violaciones, no solo a los ejecutores, sino tambi¨¦n a los que han dado las ¨®rdenes; a los que han dise?ado los programas de persecuci¨®n y represi¨®n; y a cada uno de los c¨®mplices, aquellos que disponiendo de los medios para evitar asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones forzadas, violaciones y un sinn¨²mero de abusos, nada han hecho por evitarlo.

Leopoldo L¨®pez Mendoza es coordinador nacional de Voluntad Popular.