Destino err¨®neo

Con una carta a la Comisi¨®n Europea, tres asociaciones judiciales han querido llamar la atenci¨®n sobre lo que consideran una ¡°situaci¨®n de riesgo claro de violaci¨®n grave del Estado de derecho en Espa?a¡±. La denuncia se realiza en un contexto enrarecido por la incapacidad de las fuerzas pol¨ªticas de renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial, conforme a la legislaci¨®n vigente, como ten¨ªan que haber hecho hace ya m¨¢s de dos a?os y medio. La obstinaci¨®n del Partido Popular por negarse a facilitar la elecci¨®n de nuevos vocales mientras Unidas Podemos tuviera alguna influencia en los nombramientos produjo un intolerable bloqueo que condujo al Gobierno a hacer dos propuestas que, en sustancia, son las que las asociaciones someten a consideraci¨®n de la Comisi¨®n.

El escrito, que firman asociaciones que cubren el espectro ideol¨®gico de centroderecha, critica pues iniciativas que buscan sortear un abuso que tiene un responsable principal que eluden se?alar ¡ªel PP¡ª, as¨ª como evita subrayar que una de las dos propuestas est¨¢ paralizada. Pero el texto va m¨¢s all¨¢ y plantea un cuestionamiento directo de los procedimientos establecidos en la legislaci¨®n espa?ola para nombrar a los vocales del Consejo. La posici¨®n que defienden, y que reclama que sean los propios jueces los que elijan a parte de los vocales que van a gobernarlos ¡ªcomo ocurre en otros pa¨ªses europeos¡ª, es leg¨ªtima, pero resulta llamativo que sea ahora cuando se reclame de Europa la intervenci¨®n en un marco jur¨ªdico que funciona as¨ª desde que se aprob¨® en 1985 la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Servirse de una delicada crisis institucional, la de un bloqueo tan prolongado como injustificable en la renovaci¨®n del CGPJ, para sembrar dudas sobre la idoneidad del sistema y defender, de paso, los procedimientos que estas asociaciones consideran los m¨¢s apropiados ¡ªsiendo, n¨®tese, mayoritarias¡ª es un camino cuestionable. Es en Espa?a donde tienen que discutirse las f¨®rmulas que regulan el funcionamiento de sus instituciones; llevar este debate a Europa desdibuja el papel que corresponde a estas asociaciones.

En cuanto a las dos reformas que dan pie a la carta son, una, la que se aprob¨® hace poco y que establece que el Consejo no puede designar cargos judiciales mientras est¨¦ en funciones, y la otra, que se desech¨® ¡ªaunque el Gobierno no parece haber renunciado a recuperarla si el PP persiste en su actitud¡ª, era la que rebajaba a una simple mayor¨ªa la que ahora se requiere, la reforzada de tres quintos, para que Congreso y Senado elijan a los 20 vocales del CGPJ. Esta propuesta facilita que las fuerzas pol¨ªticas mayoritarias puedan ajustar un poder judicial a su medida: es un error, y no deber¨ªa reactivarse. La anterior est¨¢ concebida para rebajar las atribuciones de un Consejo caducado. Fue un error aprobarla sin consultar con todas las partes, entre ellas los magistrados, pero es comprensible que la mayor¨ªa parlamentaria busque maneras de revertir el abusivo bloqueo y debe observarse que otros ¨®rganos ¡ªel propio Ejecutivo¡ª no disponen de plenos poderes una vez caducado su mandato natural.

Es importante velar por el correcto funcionamiento institucional y se entiende la inquietud de estas asociaciones, que acaso deber¨ªan haber empezado por escribir a G¨¦nova, la sede del PP. El origen del embrollo sigue teniendo unos responsables, los dirigentes de un partido que no cumplen con sus obligaciones constitucionales.