Frenazo legislativo

Entre los peores h¨¢bitos democr¨¢ticos est¨¢ la legislaci¨®n en caliente, o dictada a golpe de titular, pero algunas de las reformas m¨¢s regresivas aprobadas por Mariano Rajoy llegaron por esa v¨ªa. As¨ª sucedi¨® con las restricciones a la libertad de expresi¨®n y de reuni¨®n, tras las movilizaciones ante el Congreso de los Diputados, o con la inclusi¨®n en el C¨®digo Penal de prisi¨®n permanente revisable, que ahora acaba de avalar el Constitucional (y que el Gobierno puede derogar cuando lo crea oportuno por contraria al esp¨ªritu de reinserci¨®n social que gu¨ªa constitucionalmente la privaci¨®n de libertad). Tambi¨¦n el alto tribunal lleg¨® a avalar en sentencia reciente, aunque de forma un tanto confusa, las devoluciones en caliente ampar¨¢ndose en otra sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, seg¨²n la cual los Estados en Europa pod¨ªan retornar a quienes traspasasen sus fronteras de forma tumultuaria e incontrolable. A la vez, sin embargo, el Tribunal Constitucional consider¨® que merec¨ªan protecci¨®n especial aquellos inmigrantes que a simple vista evidenciasen ser menores de edad no acompa?ados.

Pese a la gravedad de los asuntos mencionados, el Gobierno ha comunicado la intenci¨®n de aparcar de forma moment¨¢nea o hasta nuevo aviso estas y otras reformas relevantes. Ni urge ya revisar el tipo penal de rebeli¨®n y sedici¨®n ni urge tampoco lo que podr¨ªamos llamar la reforma de la reforma del C¨®digo Penal que impuso el PP con mayor¨ªa absoluta y en solitario, a pesar del evidente esc¨¢ndalo social que su aplicaci¨®n produjo en casos como la prisi¨®n de Pablo Has¨¦l por las ofensas contenidas en una mala canci¨®n. La causa esgrimida para esta renuncia ha sido doble: por una parte, la necesidad de concentrar los esfuerzos del Gobierno en la recuperaci¨®n econ¨®mica y el desarrollo de los Presupuestos y, por la otra, la voluntad de la ministra Pilar Llop de activar la urgente reorganizaci¨®n de la justicia para hacerla m¨¢s eficiente y acelerar su digitalizaci¨®n. Ninguna de las dos razones parecen improvisadas, pero tampoco resultan convincentes. Si descartamos las razones t¨¢cticas que permitir¨ªan recuperar el pr¨®ximo a?o la iniciativa legislativa cuando se agotase el impulso de la recuperaci¨®n econ¨®mica, no es f¨¢cil adivinar otros motivos de m¨¢s peso que expliquen el par¨®n que subsane anomal¨ªas hist¨®ricas de nuestro ordenamiento jur¨ªdico. No tiene sentido, por ejemplo, que rija en la tercera d¨¦cada del siglo XXI la tipificaci¨®n sustancialmente anclada en el siglo XIX para los delitos de rebeli¨®n y sedici¨®n.

Cosa distinta es el ritmo lento anunciado por la ministra Llop para abordar otras cuestiones complejas, y en particular la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La propuesta repetidamente defendida por el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hab¨ªa sido concebida para atribuir la instrucci¨®n de los procesos penales a los fiscales sustrayendo as¨ª la competencia a los jueces. El anteproyecto, sin embargo, hab¨ªa chocado con la opini¨®n contraria de numerosos implicados, y entre ellos un duro informe del Consejo Fiscal que justifica la necesidad de un mayor tiempo de maduraci¨®n. Aunque no todas las reformas hoy paradas tienen el mismo calado, las explicaciones parecen insuficientes, o cuando menos no se ve la incompatibilidad entre la gesti¨®n de la recuperaci¨®n econ¨®mica y la reversi¨®n de las reformas m¨¢s restrictivas introducidas por Rajoy.