Datos necesarios para la memoria hist¨®rica

Con la actual ley de memoria hist¨®rica podr¨ªamos cerrar el ya largo proceso de resarcimiento y dignificaci¨®n de los republicanos fusilados y de los perseguidos por la dictadura. Conviene refrescar datos para centrar el debate parlamentario entre los actuales herederos del centro derecha de UCD, y los del PSOE y PCE, siglas estas subsumidas en una coalici¨®n.

Ante todo, la Ley de Amnist¨ªa de 1977 fue promovida por la conjunci¨®n comunista del PCE-PSUC. Puede que bastantes lectores no recuerden la existencia de un PSUC, art¨ªfice, a?os antes de la muerte del dictador, de aquella consigna de ¡°Llibertat, Amnistia, Estatut d¡¯Autonomia¡± que, castellaniz¨¢ndola, el PCE enarbol¨® por toda Espa?a como grito por la democracia. As¨ª, al empezar el reinado de Juan Carlos I, como gesto de cambio, se indult¨® a m¨¢s de 700 presos pol¨ªticos, incluyendo a Marcelino Camacho y Nicol¨¢s Sartorius, los l¨ªderes de Comisiones Obreras. A las dos semanas se derog¨® la Ley de Responsabilidades Pol¨ªticas de 1939 declarando ¡°revisadas de oficio y anuladas las sanciones y sus efectos¡± aplicados durante la dictadura. Supuso el reingreso o recuperaci¨®n de sus derechos de los miles de empleados p¨²blicos depurados.

Era insuficiente. Las campa?as pro amnist¨ªa se relanzaron con amplias movilizaciones que contaron hasta con el benepl¨¢cito de la Conferencia episcopal, presidida por el cardenal Taranc¨®n. El a?o 1976 comenz¨® con una potente ola de huelgas y una suma de tensiones sociales, incluyendo muertes por violencia policial, que forzaron el cambio de Gobierno. El Rey nombr¨® presidente a Adolfo Su¨¢rez y su primera medida fue amnistiar los delitos pol¨ªticos salvo los realizados con violencia. No satisfizo a la oposici¨®n, que logr¨® nuevos indultos en marzo de 1977. Se vaciaron las c¨¢rceles de presos antifranquistas, incluyendo presos de ETA, salvo los acusados por violencia, y la amnist¨ªa se mantuvo como requisito para iniciar la democracia.

As¨ª, nada m¨¢s constituirse las primeras Cortes democr¨¢ticas, elegidas en junio de 1977, el PCE-PSUC promovi¨® la iniciativa legislativa y se sum¨® con especial ah¨ªnco el PNV, cuyo l¨ªder, Arzalluz, exigi¨® la amnist¨ªa para ¡°comenzar una nueva etapa democr¨¢tica [y] un olvido de situaciones anteriores¡±, con la meta de ¡°construir un nuevo pa¨ªs¡­ en el que todos podamos vivir¡±. La ley tuvo rango de pacto parlamentario, debatido y votado con luz y taqu¨ªgrafos, incluy¨® todos los actos de violencia pol¨ªtica con da?os a personas sin olvidar ¡°los delitos y faltas¡± cometidos por ¡°autoridades, funcionarios y agentes del orden p¨²blico¡± persiguiendo a los autores de actos terroristas, as¨ª como ¡°los delitos cometidos por los funcionarios p¨²blicos contra el ejercicio de los derechos de las personas¡±.

Marcelino Camacho, diputado del PCE, intervino para recordar que desde 1956 solo los comunistas hab¨ªan luchado para ¡°cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas¡± con la amnist¨ªa. Fue rotundo: ¡°Queremos abrir la v¨ªa a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa v¨ªa de la libertad, en esa v¨ªa de la paz y del progreso¡±. Adem¨¢s, como ¡°viejo militante, encarcelado y despedido muchas veces¡±, se enorgulleci¨® de votar una ley que tambi¨¦n inclu¨ªa una amnist¨ªa laboral: ¡°la democracia no debe detenerse a las puertas de la f¨¢brica¡±. Concluy¨® que tambi¨¦n era el modo de ¡°salir al encuentro del pueblo vasco, que tanto sufre bajo diferentes formas¡± y que, por tanto, la amnist¨ªa pol¨ªtica y laboral era ¡°una necesidad nacional¡±.

Todos los grupos votaron a favor, salvo la abstenci¨®n de Alianza Popular de Fraga. Quisieron clausurar la Guerra Civil y la dictadura para construir otro futuro. Santos Juli¨¢ ha subrayado que fueron amnistiados 86 presos de ETA, GRAPO, MPAIAC, m¨¢s tres condenados a muerte del FRAP, y, en contrapartida, los polic¨ªas y autoridades implicadas en actos de represi¨®n anteriores a 1977. Fue una ley pensada sobre todo para sosegar el Pa¨ªs Vasco, porque, tras los citados indultos de noviembre de 1975 a marzo de 1977, la totalidad de presos pol¨ªticos ya gozaba de libertad. No qued¨® nadie de ETA en las c¨¢rceles y esto en la banda lo interpretaron como debilidad del ¡°Estado espa?ol¡± y as¨ª prosiguieron ¡°luchando¡±, o sea, matando a 68 personas en 1978, a 78 en 1979, a 91 en 1980...

Por otro lado, el concepto de amnist¨ªa implicaba tambi¨¦n los de reparaci¨®n y desagravio. Como desarrollo de esta idea, y a tenor de las normas establecidas por la ONU, los sucesivos Gobiernos de UCD y del PSOE desarrollaron una detallada normativa que ha beneficiado exactamente a 608.683 personas que, por republicanas (fusiladas, encarceladas, sobrevivientes o depuradas) o por haber sufrido c¨¢rcel en la dictadura, han sido rehabilitadas y restituidas desde 1978 como acto de justicia democr¨¢tica. Ah¨ª se incluyeron, conviene enfatizarlo, los fusilados en cualquier momento por los sublevados o posteriormente; expl¨ªcitamente el decreto ley de noviembre de 1978 establec¨ªa que las pensiones ¡°se extender¨ªan tambi¨¦n a los familiares de aquellas personas que sin haber participado en acciones de guerra, hubieran muerto violentamente por acci¨®n directa y de los que hubieran sido ejecutados durante la contienda o posteriormente, por hechos ocurridos en la misma¡±.

Con el PSOE en el gobierno se reconocieron como a?os trabajados a efectos de la Seguridad Social ¡°los periodos de prisi¨®n sufridos¡± durante la dictadura y se reconocieron ¡°derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las fuerzas armadas, fuerzas de orden p¨²blico y cuerpo de carabineros de la Rep¨²blica¡±. En la ley de presupuestos generales de 1990 el PSOE indemniz¨® a ¡°quienes sufrieron prisi¨®n durante tres o m¨¢s a?os¡± bajo la dictadura, y se incluyeron a los funcionarios p¨²blicos depurados en la seguridad social.

Cierto que no se adoptaron medidas eficientes para exhumar y dignificar a los fusilados y enterrados en fosas ni se toc¨® el Valle de los Ca¨ªdos. Pero es necesario saber que las compensaciones econ¨®micas (pensiones, indemnizaciones, etc.) incluidas en los sucesivos presupuestos del Estado desde 1978 hasta 2020 suman ya un total de 21.748 millones de euros. Todav¨ªa figuran m¨¢s de cien millones anuales para este cometido, cifra menguante por fallecimiento de los beneficiarios. Sin duda, el desagravio y resarcimiento econ¨®mico significan una rehabilitaci¨®n pol¨ªtica y ¨¦tica que no se puede ni olvidar ni minusvalorar, pues conllevan la rectificaci¨®n de un pasado y el reconocimiento de la legitimidad del compromiso con la Rep¨²blica y de la lucha contra la dictadura.

En resumen, la aportaci¨®n de m¨¢s de 21 mil millones de euros por el Estado ha dignificado y restituido a m¨¢s de 700.000 personas pertenecientes a los siguientes colectivos: los familiares de fusilados durante la guerra o en a?os posteriores; los soldados republicanos o sus familiares; los militares profesionales republicanos o sus familiares; los indemnizados por prisi¨®n bajo la dictadura; los funcionarios civiles de la Rep¨²blica y familiares; los mutilados excombatientes republicanos m¨¢s los mutilados civiles y los familiares de mutilados de la zona republicana.

Son datos pol¨ªticamente necesarios para abordar las tareas pendientes con un conocimiento preciso de lo realizado hasta el momento, por m¨¢s que sea incompleto.