La alargada sombra judicial europea de Puigdemont

Si bien con una fuerza y una cadencia decrecientes, a nivel institucional siguen manifest¨¢ndose las ondas s¨ªsmicas derivadas del proceso independentista catal¨¢n que alcanz¨® su cenit en oto?o de 2017. Una destacada fuerza disruptiva muestra Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y en la actualidad diputado del Parlamento Europeo, gracias a su recurrente capacidad para generar tensi¨®n tanto en el escenario pol¨ªtico interno como, sobre todo, en el ¨¢mbito judicial europeo. Su detenci¨®n en Cerde?a a finales de septiembre y posterior puesta en libertad por el tribunal competente, que rechaz¨® ejecutar, dej¨¢ndola en suspenso, la orden europea de entrega remitida por el juez Llarena, proporcionan un nuevo episodio de la ya prol¨ªfica serie de peripecias jurisdiccionales que se han ido sucediendo desde que, cuatro a?os atr¨¢s Puigdemont adquiriese la condici¨®n de pr¨®fugo de la justicia espa?ola y fijara su residencia en Waterloo. Mucho ha llovido desde entonces en el terreno pol¨ªtico y tambi¨¦n el judicial. En este ¨²ltimo las vicisitudes del expresidente le confieren un estatus diferencial con respecto a los otros l¨ªderes del proc¨¦s que no eludieron la acci¨®n de la justicia, fueron condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedici¨®n y malversaci¨®n, cumplieron buena parte de las condenas de prisi¨®n impuestas y, finalmente, recibieron el indulto por el Gobierno. Resulta, pues, que mientras que en relaci¨®n con estos el conflicto judicial ha quedado en buena medida neutralizado, no sucede lo mismo en el caso de Carles Puigdemont, todav¨ªa pendiente de ser juzgado en Espa?a y a la espera de que la justicia europea resuelva fundamentales cuestiones que ata?en a su situaci¨®n procesal.

Es precisamente en el espacio europeo donde se han producido los movimientos decisivos que han marcado el paso a los diferentes intentos del Supremo para juzgar al expresidente. As¨ª se ha constatado en relaci¨®n con las ¨®rdenes de detenci¨®n y entrega dictadas por el juez Llarena tanto a las autoridades alemanas (tras la detenci¨®n de Puigdemont en Schleswig-Holstein cuando regresaba de Dinamarca) como a las italianas (al haber sido conducido a prisi¨®n por los carabinieri a su llegada al aeropuerto de Alguero). Ambas peticiones, aduciendo motivos jur¨ªdicos diversos, resultaron infructuosas, con lo que el juicio en nuestro pa¨ªs sigue todav¨ªa pendiente.

Especial inter¨¦s merecen los argumentos expuestos por el tribunal de Cerde?a, no solo porque son los m¨¢s recientes sino sobre todo por la novedad que aportan, al tomar en consideraci¨®n la actual condici¨®n de diputado del Parlamento Europeo de Puigdemont, as¨ª como la inmunidad que todav¨ªa le protege. Como se recordar¨¢, una vez finalizado el recuento de votos emitidos en las elecciones europeas de mayo de 2019, tanto este como Oriol Junqueras, que entonces se encontraba en prisi¨®n provisional a la espera de la conclusi¨®n del proceso penal ya en curso, fueron proclamados electos. Sin embargo, sus esca?os quedaron vacantes, al no haber prestado juramento o promesa de acatamiento de la Constituci¨®n: Puigdemont, porque no se person¨® ante la Junta Electoral Central y Junqueras, porque no fue autorizado a salir de la c¨¢rcel para cumplir tal requisito. En un primer momento, pues, no accedieron a la condici¨®n de parlamentarios, ni recibieron el acta correspondiente. Pero, como si de una obra de enredo se tratara, la suerte de Puigdemont experiment¨® un giro inesperado cuando en diciembre de 2019 el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) dictamin¨®, resolviendo una cuesti¨®n prejudicial planteada por el juez Llarena en relaci¨®n con la situaci¨®n procesal de Junqueras, que la condici¨®n de diputado se activa desde el momento mismo de la proclamaci¨®n de los resultados electorales, sin que los Estados puedan introducir (como hace nuestra ley electoral) obst¨¢culos adicionales que lo impidan. Gracias a tal decisi¨®n, las puertas de la Euroc¨¢mara se abrieron para Puigdemont. No as¨ª para Junqueras que, cuando se produjo la resoluci¨®n del TJUE, ya hab¨ªa sido condenado por sentencia judicial firme e inhabilitado para el desempe?o de cargo p¨²blico.

De esta forma, el atribulado devenir judicial del flamante diputado europeo experimentaba una inesperada vuelta de tuerca, dando paso a un renovado escenario dominado por un elemento determinante: la inmunidad parlamentaria. Los miembros del Parlamento gozan de esta prerrogativa, consistente en que todo procesamiento iniciado en sus Estados de origen debe contar con la previa autorizaci¨®n de la C¨¢mara. En defecto de la misma, mientras dure el mandato parlamentario la acci¨®n de la Justicia queda suspendida, sin que pueda seguir su curso. En este contexto institucional sobrevenido, el Tribunal Supremo tuvo que presentar la solicitud de autorizaci¨®n a proceder (suplicatorio), que obtuvo el respaldo mayoritario del Pleno de la C¨¢mara en marzo de 2020 al no constatar la existencia de intencionalidad pol¨ªtica en el procesamiento requerido. Parec¨ªa que ahora s¨ª, la suerte judicial estaba echada y el camino para la entrega del pr¨®fugo a las autoridades espa?olas expedito. No fue, sin embargo, as¨ª. Lejos de aceptar la p¨¦rdida de la inmunidad, Puigdemont activ¨® un nuevo frente jurisdiccional y present¨® un recurso ante el Tribunal General de la Uni¨®n Europea (TGUE) en el que solicit¨® la anulaci¨®n de la autorizaci¨®n concedida por el Parlamento, por considerarla lesiva de su derecho de defensa. Asimismo, pidi¨® la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n del acuerdo parlamentario, alegando que de lo contrario correr¨ªa un peligro inminente y cierto de ser entregado a la justicia espa?ola, con lo que el objeto del recurso quedar¨ªa frustrado.

Ese peligro result¨® conjurado gracias a la irrupci¨®n en escena de un inesperado personaje secundario del proc¨¦s, el se?or Puig i Gordi, a la saz¨®n exconsejero de Cultura en 2017, tambi¨¦n exiliado en B¨¦lgica y en relaci¨®n con el que el Supremo hab¨ªa cursado una orden europea de entrega. Ante la negativa manifestada por el tribunal belga para ejecutar dicha orden, alegando la posible lesi¨®n de derechos fundamentales en el curso del proceso penal espa?ol, el juez Llarena reaccion¨® elevando una nueva cuesti¨®n prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo. Va a ser justamente este movimiento judicial el que tomar¨¢ en consideraci¨®n el TGUE en un auto de julio de 2021, a la hora de denegar las medidas cautelares solicitadas por Puigdemont en su recurso de anulaci¨®n. El razonamiento utilizado es claro: hasta tanto la cuesti¨®n prejudicial en el asunto Puig no se resuelva, ni las autoridades judiciales belgas ni las de ning¨²n otro Estado de la Uni¨®n pueden ejecutar las ¨®rdenes de entrega ya cursadas ni tampoco las que pudieran emitirse contra el diputado Puigdemont. Consecuentemente, este conserva intacto su derecho a circular libremente por el espacio europeo siempre que sus desplazamientos se lleven a cabo para participar en las reuniones del Parlamento, del que todav¨ªa forma parte. Y en otro caso, como el ocurrido con ocasi¨®n del viaje a Alguero, mientras que el TGUE no se pronuncie sobre la concesi¨®n del suplicatorio, la inmunidad sigue vigente, impidiendo la entrega a las autoridades espa?olas.

Hasta aqu¨ª el relato de lo acaecido. Queda, pues, todav¨ªa un largo camino por recorrer de cara a la resoluci¨®n del caso Puigdemont. La incertidumbre sobre cu¨¢l pueda ser el resultado es elevada. En todo caso, m¨¢s all¨¢ de irresponsables declaraciones pol¨ªticas que instan al Gobierno a repatriar al expresidente, que nadie se llame a enga?o: el desenlace final vendr¨¢ de la mano de la justicia europea.